Trabajo negocia los últimos flecos de la reducción de jornada para que pueda empezar su tramitación en el Congreso

El proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales va quemando etapas poco a poco. Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que están cerrando los últimos flecos de las negociaciones previas al inicio de la tramitación parlamentaria de la norma, y aventuran que el texto podría recibir luz verde del Consejo de Ministros por segunda vez a finales de abril o principios de mayo. Una vez lo haga, será enviado al Congreso, donde el Gobierno deberá afrontar una negociación con los grupos parlamentarios que se prevé compleja, aunque el objetivo de Trabajo sigue siendo que la reducción de la jornada esté en vigor el 1 de enero de 2026.

El pasado 5 de febrero, el Ejecutivo dio el primer paso para aprobar esta reforma al sacar adelante en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que la contiene. Lo hizo, no obstante, después de un sonoro choque entre PSOE y Sumar que se alargó durante semanas a raíz de las dudas que generaba al Ministerio de Economía (liderado por el socialista Carlos Cuerpo) el texto pactado por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos. Finalmente, tras varios desencuentros públicos, Economía y Trabajo acordaron tramitar la reducción de la jornada por la vía de urgencia y hacerlo sin cambios con respecto al acuerdo cerrado con las centrales.

No obstante, todas las fuentes consultadas asumen desde el primer momento que la norma deberá sufrir cambios en el Congreso con respecto al texto salido del Consejo de Ministros para lograr el apoyo de una mayoría de los diputados. De hecho, fuentes de Trabajo ya se abrían a finales de febrero a recuperar una de las medidas que se pusieron sobre la mesa en las conversaciones que mantuvo del departamento que lidera Yolanda Díaz con las patronales para intentar lograr su apoyo a la medida: las ayudas a empresas, especialmente a las más pequeñas y frágiles (que son en las que, en mayor medida, aún mantienen una jornada de 40 horas semanales), para que puedan adaptarse a la reducción de la jornada laboral sin verse perjudicadas.

Ese tipo de ayudas —"medidas de acompañamiento", en el argot utilizado por el diálogo social— terminaron por no incluirse en el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros tras la negativa de las organizaciones empresariales a estampar su firma en ese texto, algo que sí hicieron los sindicatos. Pero Trabajo es consciente de que algunos aliados derechistas del Gobierno, muy especialmente Junts, con importantes vínculos con la patronal, ven con recelo la reducción de la jornada laboral. Y sus votos (o bien los del PP) son imprescindibles en el Congreso para que salga adelante el texto, por lo que resulta ineludible alcanzar un acuerdo con los independentistas catalanes.

La negociación, en el Congreso

Pero las modificaciones, de producirse, se pactarán una vez el texto esté en el Congreso, no antes. No obstante, fuentes de Trabajo explican que el proyecto de ley que saldrá dentro de unas semanas del Consejo de Ministros en dirección al Congreso sí estarán incluidos algunos de los cambios técnicos que sugirió el Consejo Económico y Social (CES), un órgano consultivo del Gobierno conformado por patronales, sindicatos y organizaciones agrarias, pesqueras o de consumidores. Pero serán modificaciones de poco calado, que no afectarán al núcleo del texto, pese a que el CES, en su informe, pidió "dotar al anteproyecto de un marco más flexible que permita un cumplimiento efectivo de la norma". Esa fue, precisamente, una de las reivindicaciones que la patronal ha defendido en las negociaciones, así como el Ministerio de Economía.

Una vez el texto llegue al Congreso, la negociación será harina de otro costal. Para el Gobierno es imprescindible convencer a Junts, que a principios de marzo quiso dejar clara su posición de partida: los independentistas catalanes no se cierran a negociar, pero hoy por hoy rechazan el texto que saldrá del Consejo de Ministros. Su diputado Josep María Cervera afirmó en el Congreso que la norma, tal y como está actualmente diseñada, tendrá un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas, y aseguró que estas compañías "están preocupadas" porque el texto "va a torpedear la viabilidad de su futuro".

Cervera señaló que era consciente de esta preocupación porque la había escuchado de primera mano, dado que Junts se ha reunido "con representantes de gremios catalanes". Y es que las organizaciones de pymes con mayor presencia en Cataluña, Conpymes y Pimec, se han mostrado muy críticas con la reforma, y su posición genera mucha presión en un Junts que lleva ya un tiempo recomponiendo puentes con el tejido empresarial catalán. De hecho, el mes pasado estas organizaciones celebraron en Madrid un acto bajo el elocuente título de "Reducción de jornada: así no" en el que defendieron que la reforma debería tener "en cuenta las necesidades de las pymes", que se quejan de que no tienen la misma capacidad de rebajar la jornada de sus empleados 30 minutos al día que las grandes empresas.