Sumar abre otro frente con el PSOE con su plan de vivienda y calienta la comparecencia de la ministra Rodríguez en el Congreso

Sumar redobla su recién adoptada estrategia de presión pública al PSOE. Por segunda semana consecutiva, la alianza que lidera Yolanda Díaz abrió un nuevo frente en el Gobierno con los socialistas, este lunes presentando por sorpresa un plan de vivienda y exigiendo al socio mayoritario de la coalición aprobar un decreto de medidas urgentes para atajar los problemas de acceso al alquiler. Y la fecha elegida para hacerlo no es baladí, puesto que el próximo miércoles está previsto que comparezca en el Congreso la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para presentar el plan estatal 2026-2030 diseñado por su departamento, en el cual se triplica la inversión pública para construir vivienda pública, rehabilitar edificios y facilitar el acceso al alquiler.

La presentación pública de las propuestas de Sumar en materia de acceso a un techo tiene como única intención presionar al PSOE, puesto que el texto no ha sido puesto en común con los socialistas antes de ser explicado públicamente y, en todo caso (y siempre que los socialistas estén dispuestos a ello), debería negociarse a partir de ahora. El socio mayoritario del Gobierno aún no se ha pronunciado sobre las medidas planteadas por la vicepresidenta Yolanda Díaz y los suyos, aunque lo cierto es que la vivienda es una de las áreas en las que las diferencias entre el PSOE y Sumar son más notables desde el inicio de la legislatura y, hasta ahora, el PSOE ha sido muy reacio a asumir la exigencia de sus aliados de llevar a cabo una intervención mucho más contundente en el mercado del alquiler.

Esos antecedentes anticipan un nuevo choque entre ambos partidos, puesto que las propuestas que presentó este lunes Sumar van en la misma línea que ha rechazado en ocasiones anteriores el PSOE e, incluso, apuestan por imponer por decreto a las comunidades el establecimiento de topes de precios al alquiler. Esa medida, que es la más relevante del paquete que presentó Díaz junto a sus ministros, plantea serias dudas jurídicas, puesto que podría suponer invadir competencias autonómicas, si bien fuentes del Ministerio de Derechos Sociales que lidera Pablo Bustinduy (autor del grueso de la propuesta) aseguran que existen vías legales para poder aplicar los topes de precios sin contar con las comunidades.

En cualquier caso, las diferencias políticas entre ambos socios sobre este asunto son de profundo calado, y PSOE y Sumar, además, pugnan por hacerse con la bandera de un asunto que son conscientes que preocupa mucho al electorado progresista. Este lunes, la ministra Rodríguez evitó valorar la propuesta de Sumar, pero sí anunció en una entrevista que "esta misma semana" llevará iniciativas relativas al acceso a la vivienda al Consejo de Ministros, si bien evitó concretar en qué consistirán. Rodríguez, no obstante, sí deslizó que "no existen fórmulas sencillas para solucionar este problema", aunque aseguró tener "todo el conocimiento" de la gravedad de la situación.

Otro choque tras Gaza y los permisos

Más allá de las iniciativas concretas que contiene su paquete de medidas, sin embargo, el movimiento de Sumar es también relevante por el hecho de que que supone la tercera vez en apenas dos semanas que Díaz echa un pulso al PSOE a través de los medios de comunicación. El cambio de estrategia comunicativa en el último mes ha sido brusco: hace un par de semanas se abrió la primera brecha entre ambos partidos del Gobierno por la buena acogida que dio el presidente Pedro Sánchez al plan pactado por Estados Unidos e Israel para el futuro de Gaza, y desde ahí la tradicional calma pública que preside la relación entre los socios se ha visto enturbiada.

Tras ese primer choque, PSOE y Sumar tuvieron un nuevo encontronazo a raíz de la decisión de Sánchez de retirar la escolta de la Armada a la flotilla de activistas que, posteriormente, terminó interceptando Israel. Y, a finales de la semana pasada, ambos partidos colisionaron a causa de la intención de Díaz de extender el permiso laboral por fallecimiento de un familiar hasta diez días, una idea que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recibió con frialdad y de la cual se limitó a comentar que "hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de las empresas".