Moncloa busca prorrogar algunas medidas del escudo social en 2026 para contentar a sus socios progresistas tras las cesiones a Junts

Moncloa busca prorrogar algunas medidas del escudo social en 2026 para contentar a sus socios progresistas tras las cesiones a Junts

El Gobierno es consciente de que la manta de sus apoyos parlamentarios es muy corta y, cuando se tapa la cabeza, se le descubren los pies. Ahora que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido regar de atenciones a Junts para restablecer el diálogo para que no bloqueen la legislatura, sus socios progresistas, entre ellos Podemos, Compromís o incluso Sumar, han empezado a advertir a los socialistas para que no descuiden la bancada izquierda del hemiciclo, también imprescindible para sacar adelante su agenda legislativa. Moncloa parece haber recogido el guante y ya estudia la prórroga del llamado 'escudo social' en el que pretende incluir, entre otras medidas, la moratoria antidesahucios que Podemos exige desde hace un mes.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya lo deslizó este miércoles. Aunque centró en Junts el mensaje de que el Gobierno cumplirá lo pactado y avanzó próximos pasos para intentar recomponer su confianza, también extendió el compromiso al resto de grupos. Montero subrayó que una de las prioridades de Hacienda es, además de impulsar las conversaciones con los grupos para los Presupuestos de 2026, prorrogar las medidas que expiran el 31 de diciembre. "Cumpliremos los compromisos con Junts y con el resto de formaciones políticas", remarcó.

Precisamente, la semana pasada, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Montero prometió a Bildu la prórroga del llamado escudo social, un decreto con medidas que se aprobaron durante la crisis de la Covid pero que se han prorrogado y adaptado año tras año desde entonces. Aunque ha perdido la mayor parte de las piezas con el paso de los años, aún sobreviven tres disposiciones clave: la paralización provisional de los desahucios por impago del alquiler, las ayudas al transporte público y la prohibición de cortar los suministros básicos (luz, agua y gas) a las familias vulnerables que no los puedan pagar.

Fuentes del Ministerio de Vivienda confirman que están buscando una "mayoría" suficiente para prorrogar de nuevo la paralización provisional de los desahucios por impago del alquiler en el paquete que debe aprobarse antes de que finalice el año. Los trabajos, no obstante, aún están en pañales, según admiten otras fuentes del Ejecutivo. Y, aunque Sumar y Podemos llevan semanas presionando públicamente a la Moncloa para que no deje caer esa moratoria antidesahucios, que ya estuvo en peligro el año pasado por las reticencias de Junts, será durante las próximas semanas cuando Vivienda concretará su alcance y si se mantiene en los mismos términos que hasta ahora o si se recorta para intentar satisfacer a los independentistas.

Según cálculos de Podemos, que es la formación que primero exigió la extensión de esta medida al menos durante un año más, más de 60.000 familias vulnerables podrían verse afectadas por la reanudación de sus procesos de desalojo si no hay prórroga. Los morados han pedido, además, que en el nuevo decreto se incluyan entre los beneficiarios de esta congelación de los desahucios por impago del alquiler —los hipotecarios están paralizados hasta 2028— a las personas vulnerables con renta antigua y a cualquier persona "que esté en situación de vulnerabilidad y que no pueda acceder a una vivienda".

En juego están también la prórroga de los descuentos en el transporte público, que el pasado julio se recortaron con respecto a los que se pusieron en marcha para paliar el impacto del estallido de la guerra de Ucrania, pero que siguen suponiendo reducciones importantes de los precios. En concreto, los niños de hasta 14 años pueden acceder gratuitamente a los títulos multiviaje de metro o autobús urbano de las ciudades y comunidades que se han adherido al programa, mientras los abonos jóvenes tienen un descuento del 50% y el resto de billetes para varios viajes disfrutan de una reducción de hasta el 40% en su precio.

De que se prorroguen las ayudas dependen, igualmente, las rebajas del precio en los trenes de Renfe. Ahora mismo, el billete mensual de Cercanías se puede adquirir por 20 euros, un precio que baja a los 10 euros para los nacidos entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2010 y que es gratis para los menores de esa edad. En los trenes Avant, por otra parte, los viajeros han disfrutado durante 2025 de un descuento del 50% sobre las tarifas estándar, mientras que en los trenes de Media Distancia las rebajas han sido de entre el 40% y el 50% en función de la edad del viajero.

El Gobierno intenta remendar su mayoría

Esta negociación sobre la prórroga de lo que queda del escudo social llega en un momento en el que Moncloa trata de recomponerse tras la sucesión de reveses que amenazan con desestabilizar la legislatura: los casos de corrupción, el pulso del exministro José Luis Ábalos desde prisión y la ruptura anunciada con Junts. Para frenar la ofensiva de Ábalos, Sánchez intentó marcar distancias con un mensaje explícito —"no aceptaré amenazas ni chantajes"— en un intento de desactivar cualquier maniobra del antiguo dirigente socialista.

Para responder a la erosión de su mayoría parlamentaria tras la ruptura de Junts, el Consejo de Ministros aprobó este martes un decreto con compromisos asumidos con los de Carles Puigdemont, en paralelo, Sánchez lanzó varios gestos de acercamiento. Desde el Palacio de la Moncloa concedió dos entrevistas a medios catalanes en las que asumió sus "incumplimientos" en primera persona y reconoció a Junts como "actor protagonista" imprescindible para que la legislatura siga adelante.

La respuesta no tardó en llegar por boca de su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, que constató que la ruptura con el PSOE seguía vigente. Fuentes gubernamentales aseguran que respetan su posición, aunque también apelan a la "tranquilidad". Detallan que su objetivo ahora es seguir "trabajando" y llevando proyectos de "progreso" al Congreso, así como cumplir con los compromisos y acuerdos tanto con Junts como con el resto de grupos. "Vamos a seguir avanzando para cumplir los acuerdos", remarcan.