62.000 familias exigen a Aagesen igual trato que a los fondos que ganan compensaciones millonarias por el 'hachazo' a las renovables

Mientras inversores internacionales y fondos 'buitre' rastrean las propiedades de España en Estados Unidos para intentar cobrarse más de 688 millones de euros por siete condenas por el 'hachazo' a las renovables, aquí 62.000 familias contemplan la sucesión de condenas en cortes internacionales de arbitraje contra España por la eliminación en 2012, y con carácter retroactivo, de las primas que años antes se habían prometido a la inversión en parques fotovoltaicos como un nuevo motivo para exigir compensaciones para recuperar la inversión que hicieron en instalaciones a las que destinaron todos sus ahorros o para las que hipotecaron sus casas. Ellos agotaron la vía judicial en España, en una sentencia del Tribunal Supremo que consideran una "barbaridad", y ven en las reclamaciones millonarias que ganan las grandes empresas y los fondos una nueva oportunidad para la vía "política" para exigir al Gobierno una solución también para sus inversiones.

"Queda la negociación política, la justicia material", explica Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), que reúne a 62.000 familias, muchas dedicadas a la agricultura y habitantes de zonas rurales, que en 2007 acudieron a la campaña El Sol puede ser suyo que lanzó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para animar a pequeños inversores a participar algo novedoso entonces, en la transición energética y a la generación de electricidad a partir de la energía solar, mediante instalaciones en sus terrenos o en sus tejados de hasta 4kW de potencia instalada, con un plan de inversión que les prometía una rentabilidad de entre 7 y casi 10% en 25 años. El Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), hoy dependiente de Transición Ecológica y promotor entonces de esta campaña, explicó a los inversores desde para qué servía la energía fotovoltaica, hasta la inversión que sería necesario hacer - de una media de 300.000 euros, según la Anpier- los pagos anuales de los préstamos o las desgravaciones fiscales disponibles, pasando por en qué zonas había una mayor radiación. Con más intensidad en la mitad sur del país pero esto no impidió que pequeños inversores y ahorradores se lanzaran a instalar placas "prácticamente en todas las comunidades".

"Queremos equidad de trato y estamos abiertos a un diálogo y a una negociación", explica 18 años después de un plan que no salió bien y que en 2012, ya bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, terminó con un recorte medio del 30% en la retribución que se les había prometido por destinar sus ahorros a construir pequeños parques fotovoltaicos, dentro de una campaña que también atrajo a grandes inversores internacionales, que, cuando se eliminaron las primas con la justificación de reducir el déficit de tarifa eléctrica, acudieron a las cortes internacionales de resolución de conflictos, especialmente al CIADI, del Banco Mundial, que ya han condenado en 22 ocasiones a España.

Extender el régimen especial de retribución

ANPIER ha aprovechado el último episodio -el rastreo por parte de varios acreedores internacionales de activos y depósitos de España en Estados Unidos para pedir el embargo con el que cobrarse 688 millones de siete laudos desfavorables- para volver a reclamar una compensación económica por el recorte que también se hizo a la rentabilidad sus inversiones.

La compensación que reclaman estas 62.000 familias es extender cinco años más el régimen retributivo especial (Recore) que garantiza una rentabilidad renovable a las primeras instalaciones fotovoltaicas, entre ellas las suyas y que tiene una vida de 30 años, durante los que reciben una retribución por electricidad que producen y venden en el mercado y por la diferencia entre estas ganancias y la rentabilidad reconocida. El coste del Recore lo pagan todos los consumidores en su factura de la luz, aunque Martínez-Aroca asegura que una compensación así tendría "un coste muy moderado para el sistema y para el usuario".

Aunque el motivo es el mismo, las vías de reclamar de pequeños y grandes inversores no lo son, de la misma manera que Anpier consideran que tampoco lo es el trato que el Gobierno está dando a las familias españolas frente a grandes compañías y 'fondos buitre' que compraron sus reclamaciones. A estos los tribunales internacionales reconocen el pago de una compensación, que, sin embargo España insiste en no pagar y solo lo ha hecho en una ocasión.

"Acabará pagando todos porque se van a ejecutar desde el extranjero", dice Martínez-Aroca, que todavía recuerda con amargura una "famosa frase" de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera de que "nada he perdido porque nada vamos a pagar". "No es así, están perdiendo, han pagado y van a terminar pagando absolutamente todo", pronostica el presidente de ANPIER, que en este contexto reclama también compensaciones para las 62.000 familias de pequeños inversores.

Tratamiento no equitativo

Así lo reclaman en un libro, editado por la editorial jurídica Aranzadi y que se presentó la semana pasada en la la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid sobre el concepto de "equidad" que concluye que no se da, porque mientras que los grandes inversores pudieron acudir a las cortes internacionales, los pequeños solo pudieron reclamar ante la justicia nacional. En concreto, a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo falló que el recorte en la rentabilidad prometida era legal, "porque teníamos que haber previsto un riesgo regulatorio en nuestro país", recuerda Martínez-Aroca, que considera aquel fallo una "barbaridad", que suponía que tenían que haber previsto que se cambiaría la ley con carácter retroactivo, después de una campaña del Gobierno en la que asegura que en ningún momento se les planteó tal posibilidad. "En ningún caso se avisaba de que pudiera existir un riesgo regulatorio en renovables. Las familias no hubiéramos invertido de haber sabido que había una posibilidad de cambio normativo retroactivo", afirma.

"Por eso hemos escrito este libro, sobre la justicia y los principios. La ética es la base", dice el presidente de ANPIER. Si bien el propio libro considera que el caso de las decenas de miles de pequeños inversores españoles es "cosa juzgada", sí les queda "llamar a la puerta de la política", en concreto, de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a la que reprocha que "las familias a las que ustedes llamaron [para invertir en renovables] no perciban un euro, cuando el daño es manifiesto y lo dice la justicia internacional".

Si en Anpier todavía se recuerdan con amargura las palabras de Ribera de que el fin de las primas a las renovables que decretó el Gobierno de Rajoy no costaría nada, porque no pensaban pagar, las relaciones con su sucesora no son mucho mejores. Si bien acusan al PP de "cambiar toda la normativa", añaden que "el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho nada" tampoco y que la interlocución con Transición Ecológica es "prácticamente nula". "No hay sensibilidad", critica Martínez-Aroca, que hace unos años tuvo ocasión de plantearle la cuestión directamente al presidente del Gobierno. La respuesta fue que "el tema lo llevaba la ministra", entonces Ribera, y han pasado los años y los pequeños inversores todavía "estamos esperando", dice.

"A las familias, cualquier compensación, por poco que sea, nos va a satisfacer y vamos a dar por zanjada esta cuestión. Pero si ni siquiera se nos recibe para escucharnos. Es muy difícil trasladar al Ministerio esta cuestión", lamentan desde la asociación.