La amnistía afronta una semana clave en Europa en plena tensión por la "ruptura" de Junts con el Gobierno

Las incógnitas sobre el futuro de la ley de amnistía empezarán a despejarse este jueves, cuando el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita sus conclusiones sobre la compatibilidad de la norma con el derecho europeo. La medida de gracia obtuvo el aval del Tribunal Constitucional el pasado 26 de junio, pero aún debe pasar el filtro del tribunal de Luxemburgo. Las sentencias del TJUE tienden a coincidir en un gran porcentaje con las conclusiones de su abogado general, de modo que lo que suceda este 13 de noviembre arrojará mucha luz sobre el asunto.

El pronunciamiento del abogado general tendrá lugar en un momento de máxima tensión entre el Gobierno y Junts, que esta semana ha vuelto a incidir en la "ruptura" total con el Ejecutivo. Dado el principio de primacía del derecho de la Unión Europea sobre el de los Estados que la componen, la norma podría quedar anulada si el TJUE considera que vulnera los principios de la UE, por mucho que el Constitucional haya sentenciado que la amnistía al procés es compatible con la Carta Magna.

Este es el terreno en el que se decide el rumbo de la ley que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio del apoyo de Junts a la investidura tras las elecciones del 23-J. Un apoyo que el partido de Carles Puigdemont no mantiene a día de hoy. El pasado jueves, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, escenificó de nuevo la "ruptura" con el Ejecutivo: "Este Gobierno ha perdido una mayoría necesaria para gobernar y, como no la tiene, ya no puede gobernar".

Esta postura aboca al fracaso a 24 proyectos de ley que pretende aprobar el Ejecutivo, pero no equivale a la expulsión de Sánchez de Moncloa. Los independentistas aún no se muestran predispuestos a apoyar una moción de censura. Sin embargo, sí han endurecido el tono al considerar que el Gobierno no cumple con sus promesas, empezando por la amnistía a Carles Puigdemont.

Para que el líder independentista sea amnistiado, deben suceder dos cosas: que el TJUE avale la norma y que el Constitucional estime que la medida de gracia es aplicable a la malversación del procés, en contra del criterio del Tribunal Supremo.

El recorrido de la norma en Europa

El TJUE tiene sobre la mesa varias cuestiones prejudiciales remitidas por tribunales que deben aplicar la amnistía y dudan de su compatibilidad con el derecho europeo. En el marco de la resolución de estas cuestiones prejudiciales, la Comisión Europea entregó al TJUE un informe en el que calificaba la norma como una "autoamnistía", si bien no veía un perjuicio a los intereses económicos de la Unión.

Tras recibir el informe, el tribunal europeo celebró una vista el 15 de julio para abordar estas cuestiones prejudiciales: escuchó a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía, a las defensas de los encausados del procés; pero también a las acusaciones que ejercen Sociedad Civil Catalana y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, y a la Comisión Europea.

El siguiente paso, tras la celebración de la vista, consiste en que el abogado general de la Unión Europea presente sus conclusiones ante el tribunal. Lo hará este jueves, respondiendo a las cuestiones trasladadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.

Las conclusiones del abogado general "son muy importantes y orientan mucho sobre por dónde va a ir el tribunal", apuntan fuentes jurídicas expertas en el derecho de la Unión. Una vez las conclusiones del abogado general están sobre la mesa, "lo habitual es que el tribunal resuelva en el plazo de dos meses".

Los ritmos del Constitucional: "difícil" resolver antes de 2026

Cándido Conde-Pumpido ve "difícil" que el Tribunal Constitucional, del que es presidente, resuelva sobre la aplicación de la amnistía a Puigdemont antes de 2026. Así lo hizo saber el pasado 2 de octubre durante un encuentro con medios de comunicación. El órgano de garantías está estudiando varios recursos de amparo del expresident y otros líderes independentistas condenados o investigados por la malversación del procés.

Tras la aprobación de la norma, el Tribunal Supremo concluyó que el desvío de fondos públicos para la celebración del referéndum no era amnistiable. Para que los delitos de malversación sean amnistiables, tal y como dicta la propia norma en su primer artículo, no debe existir "propósito de enriquecimiento". La ley acota incluso la interpretación que se debe dar a este propósito: no habrá "propósito de enriquecimiento" a no ser que el malversador haya buscado "obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".

En julio de 2024, el Tribunal Supremo concluyó que hubo una intención de obtener ese "beneficio personal de carácter patrimonial" en la actuación de los independentistas, así que rechazó amnistiar la malversación del procés.

Esa decisión implicó una vulneración de los derechos fundamentales de los independentistas investigados o condenados por este hecho delictivo, según apuntan en sus respectivos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Eso es exactamente lo que debe estudiar el órgano que preside Conde-Pumpido, quien, según ha afirmado en más de una ocasión, confía en que el TJUE avale la norma.