El PP se fija en Rumanía, Grecia, Estonia y Portugal para diseñar la reforma que obligue a convocar elecciones si no hay Presupuestos

El PP pone la mirada sobre sus vecinos europeos para sostener la reforma que estudia impulsar para obligar al Gobierno a ir elecciones si no logra Presupuestos. El equipo de Alberto Núñez Feijóo pone así de ejemplo las normativas o costumbres que se aplican en Rumanía, Grecia, Estonia o Portugal y acude también a varios precedentes de presidentes europeos que toman medidas contundentes para remediar su incapacidad de sacar adelante nuevas Cuentas.

El mejor ejemplo lo ofrece la Carta Magna de Estonia, dado que en su artículo 119 se ordena al presidente convocar elecciones si el Parlamento nacional no ha aprobado el presupuesto nacional dentro de los dos meses siguientes al comienzo del año fiscal. Además, fuentes populares añaden las fórmulas que aplican otros países que aunque no vinculen la continuidad de la legislatura con la aprobación de las Cuentas sí que ponen en cuestión la confianza cuando existe una prórroga.

El artículo 195 de la Constitución de la República Portuguesa dicta los seis casos por los que se produce el fin de la legislatura. Y la cuarta sostiene que el "rechazo del programa de Gobierno implica la dimisión del Gobierno". El PP, por su parte, interpreta que en "términos políticos, el rechazo al programa de gobierno es la no aprobación de los presupuestos".

De hecho, el socialista portugués António Costa aplicó esta máxima en 2022, disolviendo el parlamento y convocando elecciones anticipadas en enero de ese año al no lograr apoyos suficientes para su proyecto presupuestario. Un precedente al que Feijóo recurre habitualmente como fórmula de presión sobre el socialista Sánchez.

Desde Génova añaden también el caso de Italia de 2019, cuando la coalición entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas "colapsó parcialmente por desacuerdos sobre políticas económicas y presupuestarias". Asimismo vaticinan una posible crisis en Francia, al advertir que el gobierno de François Bayrou "enfrenta dificultades para aprobar el presupuesto de 2025 y que "podría desencadenar una nueva crisis política si no logra el apoyo necesario".

A la legislación de Estonia y Portugal, los populares suman las de Grecia y Rumanía. En el primer caso, destacan que "la práctica política y parlamentaria en Grecia ha considerado tradicionalmente que la aprobación del presupuesto es una cuestión de confianza para el gobierno. Para los populares, esto significa que, aunque la Constitución no lo indique de manera explícita, el rechazo del presupuesto por parte del Parlamento se interpreta como una pérdida de confianza en el Gobierno, lo que puede llevar a su dimisión y a la convocatoria de nuevas elecciones, como ocurrió en 1985.

En el segundo caso, se basan en el artículo 114 de la Constitución rumana, que establece que el Ejecutivo puede presentar un programa de gobierno, una declaración de política general o un proyecto de ley como una cuestión de confianza ante el Parlamento y que si el Parlamento rechaza este programa, declaración o proyecto de ley mediante una moción de censura, el gobierno debe dimitir. De nuevo, el PP de Feijóo considera que el presupuesto general tiene rango de proyecto de ley o programa de gobierno.

Esta es la base legal en la que está fijándose el equipo de Feijóo para elaborar su propuesta que parte de la premisa de que "en cualquier democracia europea, la no aprobación de un presupuesto implica la pérdida de confianza del gobierno de turno, ya sea por convención o por obligación legal". El líder de la oposición cuenta con un equipo de juristas que analizan todos los cambios oportunos, incluido uno posible en la Constitución, que impida que vuelva a repetirse el escenario presupuestario actual, de tal manera que cuando un gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones.

El partido explicó este lunes que está analizando las fórmulas legales posibles para poder aprobar esta medida. No está decidido si se tendría que llevar a cabo a través de una reforma de la Carta Magna, pero los populares no descartan ninguna vía. En cualquier caso, sí ven prioritario acometer esta reforma. "En cualquier democracia europea, la no aprobación de un presupuesto implica la pérdida de confianza del gobierno de turno, ya sea por convención o por obligación legal", sostienen desde Génova.