Horario de "descanso digital", perfiles privados y edad mínima: el Congreso busca restringir el acceso de los menores a redes

Una franja horaria en la que esté vetado el acceso a los menores a las redes sociales, que los perfiles sean privados por defecto, que se necesite el consentimiento de los adolescentes de más de 12 años para publicar fotos suyas o prohibir su uso a menores de una determinada edad. Son algunas de las propuestas que han hecho los grupos parlamentarios a la ley de menores en entornos digitales que se está negociando ahora en el Congreso de los Diputados. La norma, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, aterrizó hace unos meses en la Cámara Baja, donde los partidos han manifestado la voluntad unánime de restringir el acceso de los niños a las redes y exigir a las plataformas más responsabilidades.

En total, se han registrado un total de 266 enmiendas a la Comisión de Justicia, que en las próximas semanas deberá decidir qué novedades incorpora al texto y cuáles no, antes de someter la ley a votación, previsiblemente, en el último pleno del año, 11 de diciembre. Su aprobación está, por ahora, en el aire; y dependerá de cómo vayan las negociaciones entre los grupos, sobre todo con Junts, que ya manifestó su ruptura total con el Gobierno, y cuyos votos (salvo que el PP vote a favor) resultarán clave para alcanzar la mayoría absoluta que, por su carácter orgánico, necesita la ley.

La norma, elaborada por el departamento que dirige Sira Rego, recoge las recomendaciones del grupo de 50 expertos designado por el Ejecutivo para que hicieran un diagnóstico sobre el impacto de las tecnologías en menores de edad. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado en más de una ocasión la urgencia de esta ley "pionera" en Europa, y hace poco más de dos semanas pidió el apoyo de los grupos para que esta pueda salir adelante "con un amplio consenso parlamentario, por encima de cualquier cálculo".

El texto que salió de Consejo de Ministros contempla medidas como una pena de prisión de hasta dos años para quien elabore deepfakes, órdenes de alejamiento virtual y aumenta a 16 años la edad permitida para abrirse un perfil en redes sociales. Asimismo, establece la obligatoriedad de que todos los dispositivos tecnológicos vengan ya de fábrica con un control parental incorporado. Medidas cuyo incumplimiento contempla multas de hasta dos millones de euros y que se complementarán con las que han propuesto los distintos grupos parlamentarios en sus respectivas enmiendas, a las que ha tenido acceso 20minutos:

Horas sin menores y cárcel por incitar a retos virales

El PP, por ejemplo, propone "un horario de descanso digital" que impida el acceso de los menores de 16 años a redes sociales entre las 22.00 y las 8.00 horas. Los populares también defienden castigar con penas de prisión de 1 a 3 años (o multas de 6 a 12 meses) la difusión de contenidos que inciten a retos virales "que pongan en riesgo la salud o la integridad del menor. De igual modo piden penas de 2 a 4 años de cárcel y la retirada de cualquier contenido que incite al suicidio a las autolesiones de menores y personas con discapacidad.

Límite de edad y perfiles privados por defecto

Otra de las novedades de la ley es que eleva, de los 14 a los 16 años la edad en la que los menores pueden crearse un perfil en redes sociales. Sobre esta medida hay disparidad de opiniones en los grupos, pues hay algunos que plantean dejarlo en 14 años pero con la condición de que se necesite el consentimiento paterno para abrir la cuenta. Es el caso del PP, pero también de ERC, que reconoce a este periódico que, aunque su propuesta es "más permisiva", va en línea con lo que se ha defendido en el Parlamento Europeo, que la semana pasada pidió prohibir el acceso a redes a los menores de 13 años.

"Entendemos que las redes juegan un papel muy importante en la sociedad, por lo tanto, sí que queremos que los menores de entre 14 y 16 años puedan acceder (siempre con el consentimiento de los padres, madres o tutores) y a partir de los 16 años, ya con su propio consentimiento", defienden a este periódico fuentes del grupo republicano.

En esa línea, ERC propone también que cualquier perfil que vaya a crearse un menor de edad sea, "por defecto" privado. En la misma enmienda imponen otras obligaciones a las plataformas, a quienes quieren quieren prohibir los "diseños adictivos" o "mecánicas que fomenten un uso compulsivo o dependiente". Asimismo, en otra enmienda firmada junto a Bildu, establecen que tanto fabricantes como proveedores de servicios digitales deberán realizar "evaluaciones de riesgo sobre contenidos nocivos" para menores de edad y aprobar medidas para mitigarlos; y quieren obligar a las plataformas a desactivar por defecto "la recomendación algorítima basada en perfiles para menores".

Pedir permiso a los adolescentes para publicar sus fotos

Por su parte, Sumar propone en una enmienda que, para publicar en redes cualquier imagen o información de un niño de más de 12 años, se necesite el consentimiento del propio menor, que también tendría derecho a solicitar la eliminación de cualquier contenido que se haya hecho público sin su permiso. "Es necesario garantizar el respeto al derecho de los niños y adolescentes a la intimidad, privacidad y a la protección de sus dachos personales y en su derecho a ser escuchado y que su opinión se tenga debidamente en cuienta en función de su edad y madurez", defienden los de Yolanda Díaz.

Junts, en contra de la orden de alejamiento virtual

En una de sus enmiendas, Junts propone suprimir el apartado de la ley en el que se recoge una pena de alejamiento de los entornos virtuales, prevista para prohibir el acceso o la comunicación de los agresores con sus víctimas a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro espacio virtual. Para los independentistas, con esta medida se corre el riesgo de derivar en una "prohibición total del acceso a internet". "Se trata de una medida del todo desproporcionada teniendo en cuenta la absoluta dependencia del ciudadano del uso de internet para un sinfín de actividades de la vida diaria", justifica el documento firmado por la portavoz Pilar Calvo.

Además, para Junts, el hecho de que esa prohibición de acceso a internet no se limite solo a delitos contra menores, sino a cualquier delito condenado con menos de 10 años, "pone en riesgo la libertad de expresión o de opinión de cualquier periodista, político o creador de contenidos si, de manera arbitraria, estos contenidos pueden ser considerados 'peligrosos' judicialmente".

"Contrato digital" entre padres e hijos

Junts también plantea la creación de un "Contrato Digital Parental", que permita a una familia "normas consensuadas sobre el uso responsable de la tecnología". Este contrato, cuyo formato debería detallarse luego en un reglamento, implicaría un "acuerdo formalizado" entre padres e hijos y, en caso de "conflicto", podrá acudirse a los tribunales (en este caso al juez competente en materia de familia), "quien resolverá atendiendo al interés superior del menor y a la proporcionalidad de las medidas acordadas".