El límite de los derechos

Durante años, la sociedad ha avanzado, afortunadamente, en el reconocimiento de derechos. Derechos sociales, sanitarios, educativos, laborales o vinculados a la discapacidad y la dependencia. Hemos entendido que las personas deben vivir con dignidad y que nadie puede quedar excluido por razón de su situación personal. Ese avance es irrenunciable. Hoy, quiero abrir un debate incómodo, ¿qué ocurre cuando el reconocimiento de derechos no genera los recursos necesarios?

Los derechos pueden y deben aspirar a ser universales. Los recursos son finitos. Y esta realidad, aunque evidente, parece haberse convertido en un tema tabú. Cada nueva ley incorpora más prestaciones, más garantías y más obligaciones para las administraciones públicas. Sin embargo, de manera inversamente proporcional, los recursos económicos, humanos y estructurales necesarios para hacer efectivos esos derechos no crecen al mismo ritmo. Y ahí aparece el gran riesgo: generar una sociedad frustrada, donde las expectativas legales chocan frontalmente con la realidad.

En el ámbito de la discapacidad esto se vive cada día. Familias a las que se les reconoce un derecho, pero no reciben la prestación. Personas dependientes con servicios aprobados que tardan años en llegar. Centros saturados. Profesionales exhaustos. Ayudas insuficientes. Leyes que prometen mucho más de lo que el sistema realmente puede sostener.

Derechos sin memoria económica realista

El problema no es reconocer derechos. El problema es hacerlo sin una planificación seria, sin memoria económica realista y, sobre todo, sin una reflexión colectiva sobre las responsabilidades compartidas. Porque parece que hemos construido un modelo donde todo recae exclusivamente sobre el Estado, como si la sociedad civil, las empresas, las comunidades o incluso cada individuo no tuvieran ninguna responsabilidad en la construcción del bienestar común.

Quizá hemos caído en una peligrosa cultura de la exigencia sin corresponsabilidad. Reclamamos derechos, pero hablamos poco de obligaciones colectivas, de solidaridad real o de cómo contribuimos cada uno al sostenimiento del sistema.

La inclusión, la atención a la discapacidad o la protección social no pueden depender únicamente de leyes bien redactadas. Necesitan financiación, profesionales, compromiso político y también conciencia social. Necesitan ciudadanos que entiendan que sostener derechos implica asumir responsabilidades.

Pocas cosas generan más frustración que prometer lo que no se puede cumplir.