Sánchez fuerza una estrategia de defensa a ciegas de Zapatero pese a que Moncloa admite el "riesgo" de que "puede salir mal"

La defensa férrea de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de Pedro Sánchez comenzó en el mismo momento de su imputación. El presidente ordenó cerrar filas con él incluso antes de conocer los argumentos del juez y mantiene desde entonces un respaldo que en Moncloa justifican casi como un acto de fe y de lealtad. No esgrimen ninguna prueba ni argumento concreto para decantarse por la versión del expresidente, pero siguen aferrados a ella. La declaración de su amigo y presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, quien aseguró ante el juez que Zapatero intermedió con el Ejecutivo para facilitar el rescate de Plus Ultra, ha complicado ahora ese blindaje ordenado por Sánchez y ha colocado a Moncloa en una situación que ellos mismos califican de "difícil". Aunque admiten que sostener este respaldo entraña "riesgos" y que "puede salir mal", insisten en proclamar su "inocencia" sin explicar por qué dan más credibilidad a su relato que a las revelaciones que se van incorporando a la causa.

Nada más conocerse la imputación, Sánchez dio la orden de cerrar filas con Zapatero mediante un mensaje enviado a su equipo y la consigna provocó un efecto inmediato: el Gobierno y el conjunto del PSOE se volcaron en defender públicamente la inocencia del expresidente. Dos meses después de su imputación, la posición no ha variado. Zapatero apenas ha ofrecido explicaciones y no ha aportado públicamente pruebas que despejen las sospechas, mientras algunos de sus principales colaboradores han comenzado a tirar de la manta con detalles que comprometen su versión. Aun así, entre todos los relatos que figuran ya en la causa, Sánchez sigue concediendo plena credibilidad al del expresidente.

El respaldo se mantiene pese a que los interrogantes no dejan de acumularse y algunos rozan ya directamente al Gobierno. Zapatero todavía no ha aclarado el origen de las joyas localizadas en la caja fuerte de su despacho, en una causa en la que el propio Estado se ha personado como posible perjudicado por el presunto fraude fiscal investigado. La paradoja no altera, sin embargo, la posición de Sánchez. En Moncloa sostienen que el presidente, pese a hablar regularmente con Zapatero, ni siquiera le ha pedido explicaciones sobre este asunto. El Ejecutivo defiende así su inocencia sin haber tratado de despejar, al menos según su propia versión, las incógnitas que rodean al expresidente.

Y ese respaldo tampoco se ha resquebrajado después de que Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero e investigado como su presunto testaferro, declarase ante el juez que el expresidente realizó gestiones ante el Ejecutivo para facilitar el rescate de Plus Ultra. Según su relato, ambos conocieron que la operación saldría adelante antes de que fuera aprobada. Su testimonio incorpora dos elementos especialmente delicados para Moncloa: el papel que Zapatero pudo desempeñar ante el Gobierno y el acceso anticipado a una decisión que aún no había recibido el visto bueno del Consejo de Ministros.

Moncloa niega que hubiera "presiones" para conceder el rescate o actuaciones al margen de los "cauces regulares", pero ya no descarta que alguien del Ejecutivo pudiera anticipar al expresidente información sobre la operación. Trata así de preservar su respaldo político sin hacerlo extensivo a lo que pudo suceder sin autorización dentro del Gobierno: asegura que la ayuda se tramitó conforme a la normativa, aunque evita garantizar que no se produjeran contactos improcedentes o una fuga de información.

El cortafuegos se desplaza, por tanto, a medida que aparecen nuevas revelaciones. Sánchez mantiene intacta su confianza en Zapatero, mientras el Ejecutivo ya introduce la posibilidad de que alguien de sus propias filas le anticipara sin permiso que el rescate sería aprobado, una versión que justificaría, por ejemplo, la fotografía del informe de la UDEF del dueño de Plus Ultra celebrando el rescate días antes de que produjese. Julio Martínez sostiene, sin embargo, que el expresidente conocía de antemano el desenlace precisamente porque había realizado gestiones ante el Gobierno para facilitar la operación.

Pese a ello, en Moncloa niegan la mayor y rechazan cualquier "intermediación" de Zapatero con el Gobierno para conceder dicha ayuda. Alegan que no tenía sentido mediar para conseguir un trato de favor porque la ayuda cumplía los requisitos legales. Sí reconocen que su tramitación requirió interlocución con las partes implicadas, pero aseguran que todos esos contactos discurrieron por las vías establecidas.

Tratan así de acotar las sospechas sobre una interlocución del Gobierno con Zapatero sobre el rescate de Plus Ultra a una eventual filtración. En todo caso, fuentes gubernamentales admiten que la situación es "difícil", pero aseguran haber elegido creer al expresidente frente a las demás versiones. "Es la opción más honrada", sostienen, enmarcando su respaldo en la presunción de inocencia y no en la existencia de pruebas o información concluyente que avalen su relato. De hecho, niegan conocer más detalles que los aportados por el propio Zapatero, cuyas explicaciones no parecen haber despejado, por ahora, las sospechas del juez Calama.