El Congreso vota el martes una ley de IU para activar un embargo de armas a Israel que depende del voto de PSOE y Junts

El Congreso de los Diputados decidirá el próximo martes si empieza a tramitar una ley que permitiría establecer un embargo total al comercio de armamento y material de doble uso con Israel, así como prohibir que otros países utilicen España como país de tránsito para exportar este tipo de productos al Estado hebreo. La iniciativa ha sido impulsada por IU (dentro del grupo de Sumar) y también la secundan Podemos, ERC y BNG, aunque la principal duda estriba en el PSOE y Junts, cuyo apoyo es imprescindible para que la toma en consideración salga adelante.

El texto fue registrado en julio del año pasado, pero hasta ahora no ha podido ser debatido en el Congreso porque los grupos proponentes, al ser minoritarios en la Cámara Baja, tienen derecho a defender iniciativas ante el pleno en muchas menos ocasiones que el PSOE o el PP. La iniciativa serviría para declarar "un embargo a aquellos Estados que hayan sido demandados ante un tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España, siempre y cuando la demanda no haya sido inadmitida a trámite, por la comisión de un crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra".

Ese es exactamente el caso de Israel, que se encuentra investigado por la Corte Penal Internacional y cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, fue objeto el año pasado de una orden de arresto emitida por ese tribunal, que también pidió el arresto del exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant y del líder militar de Hamás, Mohammed Mohammed Deif. Los dos gobernantes israelíes están acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad por haber bloqueado la entrada de alimentos en Palestina para provocar la muerte por inanición de sus habitantes, así como por ser presuntamente autores de asesinatos y persecuciones en masa contra civiles, tipificadas como crímenes de lesa humanidad.

"La aplicación del embargo", reza la norma, "supondrá la prohibición de toda venta, suministro, transferencia o exportación que tenga como destino directo o indirecto el territorio del Estado destinatario del embargo". La ley se aplicaría, de entrar en vigor, tanto a armamento y material de doble uso como a instrumental policial, y permitiría que las autoridades españolas inspeccionaran "en territorio nacional, incluidos los puertos marítimos y los aeropuertos, todos los cargamentos que estén destinados o procedan de un Estado afectado por un embargo" cuando posean "información que ofrezca motivos razonables para creer que el cargamento contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia, exportación o importación estén prohibidos".

Una votación complicada para el PSOE

Para que pueda comenzar a tramitarse, la ley debe recibir luz verde del Congreso el próximo martes. De entrada, ya cuenta con el apoyo de Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, mientras el PNV, aunque no se ha pronunciado expresamente, lleva meses manteniendo un tono muy duro contra la invasión de Gaza por parte de Israel y ha llegado a calificar como "solución final" las acciones militares de Netanyahu. Para alcanzar la mayoría, no obstante, son claves tanto Junts como, fundamentalmente, el PSOE, sin el cual es imposible que la iniciativa eche a andar.

Los socialistas no avanzan cuál será su posición, pero fuentes del grupo creen que IU ha impulsado esta medida con el objetivo de marcar un tono "diferenciado y crítico" en este ámbito. Además, recuerdan que el miércoles de la próxima semana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece en el Congreso para dar cuenta de la posición del Gobierno en torno a los contratos de compra de armamento con Israel, después de que acabase rescindiendo el último de ellos para la adquisición de munición, por lo que el asunto promete marcar parte de la semana parlamentaria.

El comercio de armamento con Israel ha sido punta de lanza de los grupos de izquierdas contra el presidente del Gobierno en los últimos días. La pasada semana y en el marco de una comparecencia de Pedro Sánchez para explicar el plan de rearme del Gobierno, varios socios como ERC o Podemos reprocharon al presidente esta cuestión y le acusaron de ser "cómplice" del "genocidio" de Israel. Sánchez respondió que el Gobierno cumplía con su compromiso de "no vender ni comprar armamento ni munición" a Israel desde el 7 de octubre de 2023, aunque no negó que se produjesen otro tipo de compras a este país.

De hecho, reconoció compras de materiales como "cascos o chalecos antibalas", "unos componentes imprescindibles para el funcionamiento y la seguridad" de las Fuerzas Armadas, defendió Sánchez. También admitió que existe la posibilidad de que los contratos se hayan adjudicado a empresas con sede y producción en España que, por su cuenta, tengan acuerdos con Israel.

Sucede, por ejemplo, con un contrato de compra de un lanzacohetes SILAM, cuyo desarrollo y fabricación se firmó en España con la empresa Escribano y Expal, sin embargo, en la cadena de suministros se incluía un componente tecnológico de la empresa israelí Elbit, que fuentes del departamento de Margarita Robles reconocen que a día de hoy no puede sustituirse. Pero, de aprobarse esta ley, el Gobierno podría tener dificultades con este tipo de contratos que aseguran que, en este momento, no son sustituibles.

Además, hay que sumar el hecho de que esta misma semana Israel ha convocado a una reunión de amonestación a la embajadora española en el país, Ana Salomón Pérez, al considerar que Sánchez había llamado al país "Estado genocida" en el Congreso, pese a que fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien pronunció esas palabras. Es decir, la relación diplomática entre ambos países atraviesa un momento complicado, por lo que los socialistas se enfrentan esta semana a una votación compleja.