Cambio de estrategia nuclear: Iberdrola y Endesa quieren negociar solos con Aagesen ya para todas las centrales y no solo Almaraz

Las principales propietarias de las centrales nucleares han decidido un golpe de timón en la negociación con el Gobierno sobre sus pretensiones para prorrogar la vida útil de los reactores que ahora desplegarán en solitario y directamente con la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y ya no solo por extender la actividad de la central cuyo cierre está previsto en primer lugar, la extremeña de Almaraz, sino por los siete núcleos que forman el parque nuclear español.

Fuentes del sector explican este cambio de estrategia, al que obedece la carta que las dos eléctricas enviaron hace dos semanas a Aagesen para transmitirle su posición a favor de extender la vida útil de las plantas nucleares en España. La misiva la firman solo Endesa e Iberdrola, que antes de Semana Santa alimentó la idea de que habría una reunión extraordinaria de la junta de dirección de las centrales de Almaraz y Trillo (CNAT) en la que, junto la tercera propietaria, Naturgy, se empezaría a estudiar la posibilidad de pedir una prórroga de dos y tres años para Almaraz, que permitiría cumplir los 10 años de licencia válida que tienen cada uno de sus dos reactores y aplazar sus respectivos cierres, previstos en 2027 y 2028, hasta 2030 sin tener que someterse a un nuevo examen del Consejo de Seguridad Nuclear.

Desde entonces, nunca se confirmó la fecha de esta reunión —sí hubo una, de carácter ordinario, que no trató la cuestión de la prórroga— y fuentes de sector dudan de que realmente fuera una intención firme. En caso de que lo hubiera sido, ya está claro que esta reunión no se producirá, afirman las fuentes, porque además de la forma de interlocución con el Ministerio, el cambio de paso en la negociación sobre la prórroga nuclear también modifica su alcance. Iberdrola y Endesa ya no se centran solo en pelear de momento la extensión de Almaraz, la primera en clausurar según el calendario vigente, sino por todo el parque nuclear, el formado por las cinco centrales y los siete reactores que hay en ellas.

Las dos eléctricas están presentes de forma mayoritaria en el accionariado de todas las centrales. Así, Endesa es propietaria única de Ascó I e Iberdrola lo es de Cofrentes. Comparten en solitario la propiedad de Ascó II y Valdellós II y en el caso de Almaraz I y II y Trillo la comparten también con EDP y Naturgy, empresa esta última solo con un porcentaje superior al 12% en la central de Trillo (34,5%).

Otras fuentes del sector recuerdan que cualquier decisión sobre prorrogar la vida de una determinada central —se alcance el acuerdo como se alcance— deberá contar necesariamente con la unanimidad de todos sus propietarios —de Iberdrola, Endesa, pero también Naturgy, por ejemplo, en el caso de Almaraz—, pero las dos primeras hacen este movimiento de querer negociar en más petit comité con Aagesen entendiendo que la compañía que preside Fernando Reynés parece en estos momentos más interesada en la generación de electricidad con gas natural, que le reporta más beneficios que hacerlo con energía nuclear. En todo caso, la posición de Naturgy es extender la vida útil de Almaraz hasta 2030 mientras se negocia todo el calendario para todas las centrales.

Ni propuesta firme ni negativa formal

En el Ministerio para la Transición Ecológica se considera la carta una mera declaración de intenciones y esta misma semana desde allí se insistía en que la vicepresidenta sigue sin tener sobre la mesa una propuesta formal para eventualmente modificar el calendario de cierre nuclear. "No nos han remitido ninguna solicitud de ampliación del plazo", indicaban y reiteraban las condiciones del Gobierno para ello, "que sea compatible con la seguridad nuclear y la seguridad de suministro y que no perjudique a los consumidores y a los contribuyentes, económicamente hablando". "A día de hoy, no tenemos novedades al respecto", incidían desde el Ministerio de Aagesen.

Si el Ministerio no se siente todavía apelado para negociar con la carta de las dos eléctricas, estas tampoco dan su intento por rechazado, porque aseguran que no tienen más acuse de recibo -por tanto, ni a favor ni en contra- que el mensaje que se lanzó a los medios.

Impuestos

En su carta, Iberdrola y Endesa no solo insistían en prorrogar la vida útil de las centrales, sino también en que ello debe pasar por una reducción de los impuestos que pagan y que hacen que la energía nuclear haya dejado de ser rentable, según indican las empresas.

Por ejemplo, insisten en que no tiene sentido pagar un impuesto por combustible gastado -el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica- que aseguran que no tiene ninguna otra actividad y plantean que se cajee su liquidación por una reducción de la 'tasa Enresa', para el desmantelamiento de las centrales y el la gestión de residuos.

Junto a este impuesto, están todos los demás que las nucleares quieren ver eliminados o reducidos, en línea con lo que en las últimas han planteado y ganado en el Congreso dos de los partidos que más apuestan por extender la vida útil de las centrales, el PP y Junts, además de Vox y de una ERC que no quiere quedarse atrás.

Este jueves, se aprobó una moción a instancias de Junts con una batería de rebajas fiscales, entre las que figura "establecer un tipo del 0% del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, otro de las figuras fiscales por la que pagan las centrales, siempre que no haya déficit de tarifa.

Defendió esta misma medida hace unos meses junto al PP, que es autor de una proposición no de ley que también salió adelante en febrero -con el apoyo de Vox y la abstención de Junts, ERC y PNV-, que se convirtió en la primera vez que el Congreso instaba al Gobierno a extender la vida útil de las centrales nucleares. En aquella ocasión fue una iniciativa no vinculante, pero el quorum que fue capaz de alcanzar para ser aprobada dio a los populares el impulso para registrar unas semanas después una proposición de ley que pide una extensión de 10 años y recalcular en consecuencia la tasa Enresa, que podría convertirse en ley y ser obligatoria, después de que los grupos votaran a favor de que se tramite en el Parlamento.