El Congreso reactiva la ley de alquiler temporal de los socios a la izquierda del PSOE que Junts aspira a descafeinar

El Gobierno se mueve para, al menos, trasladar el mensaje de que intenta atajar el que es el principal problema de España para la mayoría de los ciudadanos: el acceso a la vivienda. El PSOE ha decidido desbloquear la tramitación de la ley impulsada por los socios de izquierda del Congreso que busca equiparar en derechos para los inquilinos y en obligaciones para los caseros el alquiler temporal y de habitaciones al arrendamiento ordinario, y el próximo martes se reunirá por primera vez el órgano en el que, a puerta cerrada, los grupos parlamentarios negociarán cambios en el texto para intentar llegar a un acuerdo que, hoy por hoy, parece muy complicado de cerrar.

Para alcanzar ese punto de encuentro el actor indispensable es Junts. Los siete diputados de los independentistas servirían para dar luz verde a la norma si se sumaran a la mayoría del Gobierno, con el que los de Carles Puigdemont aseguran haber roto relaciones, pero también podrían dar al traste con el texto si Junts votara junto a PP y Vox. Y las enmiendas presentadas por la formación, que empezarán a discutirse el próximo martes junto a las del resto de los grupos —más de 60 en total—, evidencian lo que, por otra parte, Junts lleva demostrando desde el inicio de la tramitación: que la norma le convence muy poco y que aspira a descafeinarla en varios puntos antes de plantearse un voto a favor.

Hace casi un año, cuando el texto echó a andar en el Congreso gracias a que Junts dio marcha atrás a su negativa inicial obligado por la presión, los independentistas ya avisaron de que solo darían luz verde de manera definitiva a la ley si en su tramitación se aprobaban cambios "sustanciales". Y tanto es así que las enmiendas presentadas por los de Puigdemont (nueve en total) buscan, directamente, restringir el ámbito de aplicación de la norma únicamente a los alquileres temporales, lo cual evitaría que se amplíen los derechos de quienes arrienden una habitación. La justificación que ofrece Junts es que regular "el alquiler de habitaciones" supone "una invasión competencial del derecho civil de Cataluña", y que debe ser el Parlament la institución que legisle en este ámbito.

No obstante, Junts también plantea una regulación más laxa en lo relativo al alquiler de temporada. Otra de sus enmiendas plantea suprimir la nueva redacción del concepto de alquiler, a través de la cual se establecería en la ley que los alquileres temporales únicamente serán lícitos cuando tengan "causa justificada", así como que esta justificación solo se entenderá cuando "se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la temporalidad, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista". Junts cree que establecer estas restricciones supone la "eliminación de facto de la figura del contrato de alquiler de temporada de vivienda".

En la misma línea, los independentistas proponen desmontar otro de los artículos clave de la proposición de ley: el que establece que los arrendamientos temporales duren un máximo de nueve meses. "Lo esencial respecto a posibles conductas fraudulentas en el ámbito que nos ocupa es la veracidad de la causa de temporalidad del alquiler de temporada", y es irrelevante "el plazo temporal que se acuerde", plantea Junts, que establece además que sería responsabilidad de los inquilinos (y no de los caseros) "hacer constar la causa de la temporalidad" y "la dirección exacta de la vivienda que tiene por residencia", así como "entregar a la parte arrendadora la documentación acreditativa de la temporalidad alegada".

PSOE y Sumar, en la dirección contraria

Aunque la negociación comenzará el próximo martes, con la primera reunión a puerta cerrada entre los grupos parlamentarios en la fase de ponencia, parece muy complicado a priori alcanzar un acuerdo en el que se encuentren cómodos a la vez tanto Junts como los socios de izquierdas del Gobierno, así como los propios PSOE y Sumar, cuyas enmiendas caminan en la dirección opuesta a las planteadas por los independentistas. Ambos aspiran a que la ley se aplique tanto al alquiler temporal como al arrendamiento por habitaciones, y los dos grupos plantean también aprobar un código sancionador para los arrendadores que incumplieran los requisitos establecidos por la ley.

Entre PSOE y Sumar, no obstante, también hay algunas diferencias de calado. Los socialistas, por ejemplo, quieren ampliar el plazo máximo de los alquileres temporales y fijarlo no en nueve meses, sino en dos años, mientras los de Yolanda Díaz apuestan por aprovechar la ley para elevar la carga fiscal sobre las compras de vivienda de carácter "especulativo" y también para prohibir expresamente las "empresas de desocupación de viviendas", con multas de hasta 600.000 euros para quienes "presten servicios encaminados a desalojar personas de inmuebles mediante presión física, psicológica, intimidación, vigilancia constante, amenazas, coacción o cualquier otro método".