Vivienda: el derecho que la derecha bloquea

La política de vivienda es una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas, a las que el Gobierno progresista está dotando de la mayor transferencia de recursos de la democracia. Es lógico que, siendo el acceso al hogar la primera preocupación de los españoles, parte de esos fondos sirvan para construir y rehabilitar vivienda pública. Así lo entienden Euskadi, Cataluña, Navarra, Asturias o Canarias. Pero no regiones con graves problemas como la Andalucía de Moreno Bonilla. Aquí lo que se estila son las VPO de 300.000 euros, las VPO para ricos de la Andalucía de los privilegios que el PP alimenta.

Lo que España necesita son respuestas, no espectáculos. Respuestas como el Gran Acuerdo Estatal por la Vivienda que Pedro Sánchez ofreció en la Conferencia de Presidentes frente al medido espectáculo de la espantá de Ayuso, diseñada para tapar un debate clave. Un acuerdo serio, que toca el corazón del problema y plantea tres compromisos: triplicar la inversión pública hasta 7.000 millones; blindar la vivienda protegida para siempre evitando que fondos buitre se lucren con lo público; y crear una base pública de precios para proteger a la ciudadanía.

Este es un modelo que entiende la vivienda como un derecho. El PP, en cambio, opta por el bloqueo. No propone, no gestiona; solo obstruye. Mientras millones de personas esperan soluciones, ellos ofrecen propaganda y desplantes.

Para la izquierda, una casa es un hogar. Para la derecha, un activo financiero. Y esa diferencia lo explica todo. Lo más grave no es que digan no al Gobierno: es que le dicen no a la gente. A los jóvenes que no pueden emanciparse. A las familias que no llegan al alquiler. A las personas solas mayores que después de una vida de esfuerzos se ven obligadas a compartir un piso.

Por suerte, España no se detiene. Este Gobierno seguirá trabajando para que vivir con dignidad sea un derecho. Porque el país que merecemos se construye con los ladrillos de la justicia social.