Universidad privada: quizás es el momento de abrir el debate

Estos días se ha abierto un debate sobre la proliferación de universidades privadas en España, particularmente, en determinadas Comunidades Autónomas.

El debate se ha planteado en términos de universidad pública o privada. Este planteamiento es solo correcto si el incremento de universidades privadas afecta al sistema universitario en su conjunto y se corresponde con una falta total de modelo sobre la enseñanza superior.

La primera cuestión que hay que considerar es cuál es nuestro modelo y si se están respetando las funciones de ascensor social y transferencia de conocimiento a la sociedad. El sistema universitario asume casi en exclusiva la investigación y la creación de conocimiento en nuestro país y, junto a otros organismos, como el CSIC o el Sistema Nacional de Salud (también necesitado de atención), conforman el auténtico sistema de ciencia nacional. Ese es el protagonismo y el liderazgo que debe reconocérsele y es por ello que tiene una capacidad real de transformación social y económica.

Reducirlo a una mera función formativa (por no decir de adquisición de una determinada titulación) sería desconocer y desvirtuar su sentido dentro de la sociedad. Y es que, cuando una joven que ha nacido en una familia sin recursos quiere acceder a la educación superior, todos tenemos que asegurarle esa oportunidad. Y esa función imprescindible y necesaria solo puede cubrirla la pública.

Y además en un contexto de falta de financiación y asfixia de nuestras universidades públicas.

La referida escasa calidad, asumida sin rubor, de algunos centros privados afecta no solo a la pública sino también a aquellas universidades privadas que tienen como objetivo la excelencia y la calidad y son referencia en nuestro país.

En primera persona viví una etapa de gestión universitaria no exenta de dificultades. Veníamos de la crisis derivada de la Gran Recesión pero se intentó atender cuestiones claves desde la construcción de un modelo compartido entre todos, administración y universidades públicas.

Entendimos en Andalucía que la bonificación y exención de precios para los estudiantes que aprobaran en primera matrícula reconocía la actividad y el esfuerzo y era un instrumento meditado por su repercusión económica. Contábamos con un número de graduados universitarios inferior a la media nacional y europea y era bueno fomentar los estudios universitarios (como también se hizo con la formación profesional de ciclo superior). Y el número de desempleados jóvenes con titulación superior era muy inferior a aquellos que no tenían dichos estudios.

Hoy me alegra que haya comunidades como Castilla-La Mancha que adopten esta medida, existente en otros países europeos, y que evita que el precio de los estudios sea considerado un medio de exclusión a los estudios universitarios. Ojalá se extienda por el conjunto del país y ayude a superar el debate necesario del actual sistema de becas que merece una revisión y actualización.

No debemos perder la oportunidad de avanzar en un modelo universitario nacional, la reciente Ley Orgánica del Sistema Universitario atendió más a lo urgente que a lo estructural. Quizás es el momento de abrir el debate.