Un estudio encargado por Sumar señala que más del 75% de españoles culpa al alquiler turísticos y temporal de la caída de la oferta

El desequilibrio entre oferta y demanda lleva tiempo empujando al alza el precio de los alquileres. Detrás de esa escasez de arrendamientos la población española señala al aumento de otros usos de la vivienda, como los pisos turísticos o los alquileres de temporada y por habitaciones. Según un estudio del Ateneo del Dato encargado por The Left —el grupo de Sumar en el Parlamento Europeo— y difundido este miércoles, tres de cada cuatro encuestados responsabilizan de la reducción de la oferta de alquiler residencial al auge de estas otras fórmulas, cuya regulación abogan mayoritariamente por endurecer.

El estudio, encargado por la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, revela concretamente que un 79,2% de los entrevistados considera que las viviendas turísticas están contribuyendo "mucho o bastante" a que haya menos pisos disponibles para alquiler como vivienda habitual. En la misma línea, un 76,2% señala también a los alquileres de temporada y por habitaciones y un 75,8% cree que la compra de casas como inversión está mermando igualmente la oferta de arrendamientos de larga duración, frente a un 21,5% que consideran que esto ha tenido "poco o nada" que ver.

Entre las causas detrás de la escasez de alquileres, la encuesta apunta también de forma mayoritaria a la acumulación de viviendas por parte de grandes tenedores. El 71,6% de los entrevistados achacan a este fenómeno la caída de la oferta. Es un motivo al que señalan especialmente los encuestados que viven de alquiler. El estudio fue realizado a partir de una muestra de 2.200 personas, de las cuales un 12% contaba con contrato de temporada o de habitación —de ellos, uno de cada tres preferiría haber firmado un contrato de alquiler de larga duración si hubiera tenido la posibilidad—.

La encuesta apunta también al respaldo de los entrevistados a adoptar medidas encaminadas a regular los alquileres de temporada y por habitaciones y reforzar la protección de quienes viven bajo estas modalidades de contratos. En concreto, la iniciativa con más adeptos, según el estudio, es limitar los honorarios de las inmobiliarias, las fianzas y los gastos vinculados. El 78,1% de los encuestados está "muy o bastante de acuerdo", en línea con el hecho de que tres de cada cuatro opinen que las agencias contribuyen a encarecer el acceso a la vivienda.

En segundo lugar, un 75,8% de los encuestados es partidario de limitar los alquileres de temporada en las zonas tensionadas y un 73,6% cree que si el inquilino no cuenta con una vivienda habitual, el contrato debería convertirse en un alquiler permanente. A esa misma dirección, un 71,6% de los entrevistados apoya convertir en habituales los contratos de temporada cuando se renueven con la misma persona. Cabe recordar que se trata de una tipología de arrendamientos con una duración que no suele superar el año —debe justificarse el motivo— y que ofrece menos salvaguardias para los inquilinos, que, por ejemplo, pueden quedar expuestos a mayores subidas de precios.

El Congreso de los Diputados tiene actualmente en tramitación una proposición de ley para regular estas modalidades de contratos y evitar su uso fraudulento. No obstante, la iniciativa lleva tiempo paralizada y hay formaciones que se han mostrado reticentes a apoyarla en los términos en los que se está concibiendo, fundamentalmente Junts, PP y Vox. Fue impulsada por los partidos a la izquierda del PSOE hace más de un año y estuvo prácticamente estancada hasta finales de 2025, cuando los socialistas, el resto de la izquierda y el PNV acordaran un texto de consenso que está pendiente de votación desde entonces.

Según la encuesta encargada por Sumar, los votantes de la formación de Yolanda Díaz son precisamente los más partidarios de endurecer la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones. Más del 80% apoya las cuatro medidas planteadas en el estudio. Son porcentajes muy cercanos a los del electorado socialista. Entre los votantes de PP y Vox las cifras bajan un poco, pero el respaldo sigue es igualmente mayoritario —oscila entre el 73-64% en función de la medida entre el electorado popular y entre el 70-67% en el de Vox—.

Asimismo, la encuesta destaca también un consenso mayoritario en Cataluña sobre la necesidad de actuar en este ámbito. El 85% de los encuestados en esta comunidad apoyaría limitar los honorarios de las inmobiliarias, las fianzas y los gastos de alquiler de habitaciones y de temporada y cerca de un 80% vería bien limitar este tipo de arrendamientos en las zonas tensionadas o transformarlos en contratos de larga duración si el inquilino no tiene vivienda habitual. Igualmente tres de cada cuatro catalanes estarían a favor de convertir los contratos temporales en habituales si se renuevan con la misma persona.

Suspender desahucios

Además, un 72,6% de los encuestados dice ser partidario de suspender los desahucios de personas vulnerables, al menos cuando el propietario es una empresa o un gran tenedor. En concreto, un 36,2% lo ven necesario solo en estos casos, mientras que un 36,4% lo respaldaría en cualquier circunstancia y un 18,5% está en contra. El apoyo a esta medida, que fue rechazada por Junts, PP y Vox en el Congreso en febrero sería incluso mayor en Cataluña y compartido por todos los electores independientemente de su afinidad política. No obstante, los votantes de Sumar y PSOE serían nuevamente los más partidarios —el 89,6% y 79% lo apoyarían respectivamente, frente al 61,9% del PP y 60,3% de Vox—.

Estos datos completan el estudio encargado por Sumar, que, según las cifras avanzadas en las últimas semanas, refleja también un apoyo mayoritario por parte de la ciudadanía a la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler —impulsada precisamente por la formación de Yolanda Díaz— y a la limitación del número de viviendas en propiedad. El 17% de los encuestados piensa que quienes tienen dos o más pisos deberían pagar más impuestos y el 68,4% estaría de acuerdo con limitar los precios del alquiler.