La ofensiva de Trump contra el Tribunal Penal Internacional pone a prueba el apoyo de los Estados a la justicia humanitaria
Tomas Kauer 
La presión política ejercida por Estados Unidos contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), por medio de las sanciones impuestas a ocho de sus jueces y tres fiscales, y a las entidades y ONG que colaboren con ellos, pone a prueba su resistencia vital. Sin embargo, todos los implicados siguen adelante con su trabajo, pese a que el grado de intromisión de Washington les impide incluso usar una tarjeta de crédito. Para un tribunal como este, sin una policía propia, la única forma de defenderse es a través de la legitimidad y el apoyo de los países.
