España adelanta parte de los 840 millones embargados a Enaire en Bélgica pero insiste en seguir sin pagar por el 'hachazo' renovable

España ha pagado, mediante consigna en una cuenta judicial, parte de los 840 millones de euros que un tribunal de Bélgica embargó en enero a Enaire, como alternativa a las deudas que tres acreedores internacionales reclaman al Gobierno y que éste se niega a pagar. Fuentes cercanas a los acreedores consideran que el adelanto de 250 millones por parte de España supone reconocer la deuda y "debilita" sus argumentos para no pagar. Por el contrario, desde el Gobierno se insiste en que se trata de una medida destinada únicamente a liberar los fondos de la empresa estatal de control aéreo y que en ningún modo supone un cambio de estrategia, que desde hace años consiste en negarse a pagar las indemnizaciones dictadas por cortes internacionales y tribunales de distintos países por el recorte de rentabilidad que el llamado 'impuesto al sol' de 2013 supuso para sus inversiones en renovables en España.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han confirmado que la Abogacía del Estado ha consignado 250 millones, tal y como este miércoles habían celebrado representantes legales de los acreedores de España. En un encuentro informativo en Madrid, el despacho de EEUU que los representa interpretó este movimiento como el reconocimiento por parte de España de la deuda, en este caso a Eurus Energy (del grupo Toyota) y los dos fondos RREEF y Operafun. Consideran además que el hecho de proponer consignar más de un cuarto de la cantidad embargada "debilita" su argumento de inmunidad de Estado que España ha venido esgrimiendo en todos los procesos de este tipo, en los que ha acumulado una deuda por de más de 2.300 millones de euros. Creen que también "cuestiona" otro argumento de la defensa de España, que el pago de cualquier multa por la pérdida de rentabilidad por el cambio de regulación relativa a las inversiones en renovables es una ayuda de Estado ilegal.

El Gobierno se mantiene en no pagar

Sin embargo, el Gobierno se mantiene en su postura de no pagar los laudos desfavorables por la ley que de forma retroactiva recortó en 2013 la rentabilidad de los proyectos renovables. Según explican desde Transición Ecológica, el sistema procesal belga permite el embargo de activos sin escuchar previamente al Estado afectado, en este caso, España. Esto "exige que el Estado recurra para levantarlos".

La consignación de 250 millones busca liberar los 840 millones embargados a Enaire y "salvaguardar la seguridad del tráfico aéreo español recuperando el flujo ordinario de las transferencias de Eurocontrol", indican en el departamento que dirige la vicepresidenta Sara Aagesen, donde se deja también claro que no supone que España vaya a cambiar su estrategia y empezar a pagar indemnizaciones de decenas y cientos de millones. "No se renuncia ni se debilita a ninguno de los argumentos esgrimidos por España, tanto los relacionados con la inmunidad de ejecución de los bienes ni los relacionados con la vulneración de las normas sobre ayudas de Estado", remacha.

Contra la posición europea y toque de Bruselas a Bélgica

Hasta ver en qué queda esta nueva orden de embargo, España solo ha pagado en una de las decenas de ocasiones en las que ha sido condenada al pago de una cantidad que en conjunto asciende a más de 1.700 millones, más otros 500 millones en intereses, según estiman los acreedores. Fue en junio de 2025, cuando desembolsó 32 millones al fondo estadounidense Basket Renewable por una deuda traspasada por la japonesa JGC y que había fallado en 2021 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Internacionales (CIAD).

Como en el caso actual, también aquella deuda quedó consignada en Bélgica en 2024 y tras un embargo a Enaire de los derechos de crédito relativos a Eurocontrol. En este caso, se levantó una vez que las autoridades españolas tuvieron aprobación de la Comisión Europea para hacer este pago.

El papel de la Comisión Europea es relevante en estos litigios y, según indican fuentes de Gobierno, pone en cuestión la fuerza del nuevo embargo a Aena decretado por la justicia belga. Por una parte, porque desde los primeros litigios en tribunales europeos, el Gobierno ha alegado que pagar una multa supondría una ayuda de Estado a una compañía concreta, que sería ilegal porque afectaría a los intereses de otras de su sector.

En marzo del año pasado. Bruselas dio un paso más en defensa de los intereses de España al conminarle a no pagar en litigios "intracomunitarios", de empresas o tribunales de la UE, porque sería dar una ayuda de Estado ilegal. Aunque ya entonces tanto acreedores como fuentes del Gobierno consideran improbable que fuera posible parar los procedimientos fuera de la UE, esta instrucción está en la base del expediente que la Comisión Europa abrió en enero a Bélgica, precisamente por seguir tramitando pleitos contra España.

"Los tribunales belgas se encuentran sujetos al cumplimiento del derecho de la Unión Europea, igual que España, por lo que se confía en que respeten el derecho de la UE", dicen en Transición Ecológica. Subrayan que "España cuenta con el apoyo de la Comisión Europea".

Recurso para frenar la subasta del Instituto Cervanas de Utrech

Además de este caso en Bélgica y de las expectativas por parte de los acreedores de que quizá sea el segundo caso en el que España pague un laudo desfavorable, en las últimas semanas ha habido otra resolución contra España en otro tribunal dentro de la UE. Ha sido en la ciudad holandesa de Utrecht, que autorizó el embargo de la sede del Instituto Cervantes para resarcir el pago de la deuda de España con Toyota, precisamente por la misma reclamación que ha llevado al embargo de los fondos de Aena en Bélgica. Fuentes cercanas a los acreedores explican que es una práctica común recurrir ante distintas cortes para, a base de unas y otras medidas, intentar reunir la indemnización debida.

En este caso, el efecto ha sido un cambio en el registro de la propiedad del inmueble, que los acreedores aseguran que ha pasado a pertenecer a Toyota. De momento, no ha procedido al desahucio pero sí plantea subastarlo para recuperar parte de la cantidad debida.

Como en Bélgica, el tribunal holandés ha decretado el embargo sin escuchar al Estado español, que también va a recurrirlo, "para levantarlo y parar la subasta.