Qué es el delito de financiación ilegal por el que la Guardia Civil estaría investigando al PSOE y cómo lo castiga la ley

El cerco de corrupción que rodea al Gobierno da la impresión de estar creciendo. Con la dimisión de Santos Cerdán, quien fue Secretario de Organización del PSOE, y la revelación del informe de la UCO, el partido socialista se encuentra en el ojo del huracán. Ahora, la Guardia Civil estaría tras la pista de un delito de financiación ilegal presuntamente evidenciado en las conversaciones entre Ábalos, Koldo y el mismo Cerdán.

El delito de financiación ilegal de partidos políticos es una figura introducida en el Código Penal español en 2015. Su propósito es servir como dique anticorrupción y evitar el uso indebido de fondos en el ámbito político. Se trata de un delito del que han sido acusados decenas de personas desde su tipificación. Sin embargo, el último caso mediático ha sido el de Avise Pérez el líder de 'Se Acabo la Fiesta'.

Qué significa la financiación ilegal

Se refiere a todas las conductas relacionadas con la "obtención, utilización o canalización de dinero" fuera de los cauces legalmente establecidos para los partidos, especialmente cuando se vulnera la transparencia y el control exigidos por la ley. En términos generales, la financiación ilegal se produce cuando un partido político recibe fondos de forma irregular, ya sea a través de donaciones no declaradas o mediante contratos públicos, algo que se ha discutido en el caso de Cerdán.

La ley exige que todas las fuentes de financiación de los partidos estén correctamente registradas y fiscalizadas con el objetivo de garantizar que no se vea comprometida la independencia política ni se generen redes de clientelismo o corrupción. El artículo 304 bis del Código Penal establece que comete delito quien, formando parte de un partido político, reciba donaciones ilegales o las oculte conscientemente en las cuentas oficiales.

Las penas por financiación ilegal

Todo depende de la gravedad del caso; sin embargo, las penas van desde la prisión hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos, dependiendo de la cuantía de los fondos involucrados. Además, el código penal contempla una pena de multa del triplo al quíntuplo del valor de las aportaciones, de acuerdo con las infracción de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

En cuanto las penas que implican tiempo en prisión, la ley habla de seis meses a cuatro años cuando el importe supera los 500.000 euros. Mismas penas se aplican a quien entregue donaciones ilegales a través de intermediarios. Las personas jurídicas, en este caso los partidos políticos, también pueden ser responsables de financiación ilegal. Para ellos existen penas como la prohibición de recibir subvenciones o la suspensión de actividades por un plazo de hasta cinco años.

Los delitos de financiación ilegal pueden acumularse con otros como falsedad contable, cohecho, blanqueo de capitales o asociación ilícita, según el caso concreto. Asimismo, existen agravantes como la financiación sistémica durante más de una campaña, ingreso de fondos desde el extranjero, o la ocultación en fundaciones o cooperativas.

Ejemplos de financiación ilegal

Hay varios casos en los que se podría hablar de este delito dentro del código penal, incluso las donaciones excesivas realizadas de manera transparente pueden ser consideradas financiación ilegal. Esto sí superan el límite de 500.000 euros permitidos por la ley. Otro caso podría darse cuando existen pagos a través de una actividad encubierta como un "patrocinio".

En el supuesto del PSOE aplicaría el caso de aportaciones encubiertas, debido a que se presume de adjudicaciones irregulares a empresas que habrían desviado fondos hacia el partido. La sospecha concreta viene de las conversaciones grabadas entre los implicados, en las que se menciona que el director general de Carreteras fue contactado por Koldo (vía PSOE) para pagar un “impuesto”.

Desde la dirección del partido se defendió que era una “cuota voluntaria” interna. Sin embargo, intermediarios con poder sobre adjudicaciones públicas indican una financiación encubierta del partido a través de estas comisiones. Cabe destacar que el PSOE ha negado haber incurrido en prácticas irregulares, y que hasta el momento no existe una acusación formal ni una sentencia judicial.