Guerra híbrida en Ceuta

Por mucho que lo nieguen en Madrid y en Rabat, la entrada en Ceuta de decenas de miles de inmigrantes, marroquíes en su mayoría, no es un incidente aislado achacable a la febril actividad de las mafias del tráfico de personas, sino un episodio más de la guerra híbrida que enfrenta a Marruecos y España desde mucho antes de que se inventara el término. Un término, por cierto, que no siempre somos capaces de explicar con la necesaria claridad

La llamada guerra híbrida no es una guerra de verdad. Ni siquiera es necesariamente el preludio de una confrontación bélica, aunque a veces se nos quiera vender así para convencernos de algo que no necesita demostración: que el riesgo que supone Putin para los europeos es real y tangible. ¿Qué es entonces? Nada demasiado original. Como la que con tanto acierto describió Clausewitz, la guerra híbrida es la prolongación de la política por medios que van más allá de la diplomacia… pero que, por buenas razones estratégicas, se mantienen deliberadamente por debajo del umbral del conflicto armado.

Los objetivos de la guerra híbrida son siempre políticos pero, al contrario de lo que ocurre en las campañas militares, la línea de acción que permite alcanzarlos se beneficia de la ambigüedad. Se prefieren, por ello, las acciones que, como ocurre con la inmigración ilegal —un fenómeno que, en origen, tiene una naturaleza espontánea— son difíciles de atribuir con certeza a un actor determinado.

La escalera de la guerra híbrida es muy larga. Comienza con acciones de desinformación —el pan nuestro de cada día en el mundo actual— y asciende peldaño a peldaño hasta culminar en, por poner un límite que hemos visto a menudo, el apoyo directo a acciones terroristas en el país agredido. Mentiras, amenazas, interferencias en procesos electorales, ciberataques, violaciones de la integridad territorial, sabotajes, atentados… cualquier cosa sirve para hacer que, como en la guerra de verdad, los pueblos o sus gobiernos se sientan tan incómodos bajo los ataques híbridos de las potencias más agresivas que prefieran capitular a resistir la presión.

Marruecos, casi siempre prudente, prefiere mantenerse en los escalones más bajos de esa escalera. A lo largo de los últimos años, hemos visto como se acumulaban sospechas muy fundadas de episodios de espionaje, indicios de chantaje político y, probablemente, también de compra de votos en las ciudades autónomas, herramientas características de la guerra híbrida. Habrá o no pruebas sólidas de todo eso, pero lo que a estas alturas de la película hay que estar ciego para no ver es la manipulación descarada de la inmigración, que repunta cada vez que sube la tensión política entre Madrid y Rabat. Lo ocurrido estos días forma parte de una estrategia muy bien definida: cuando Marruecos quiere conseguir algo del Gobierno de España, presiona sobre el flanco vulnerable que nuestra nación tiene en las fronteras norteafricanas.

¿Es incómodo para nuestro presidente el asalto masivo de la frontera de Ceuta? Desde luego que sí. Basta ver la reacción de la opinión pública española y, por si eso no bastara, la de los gobiernos europeos. Pues, si es así, sirve a los intereses de Marruecos. ¿Para conseguir qué, exactamente? ¿La soberanía sobre las ciudades autónomas? Seguramente no. No es ese un objetivo suficientemente maduro. La política exterior del reino Alauí tiene otras prioridades y la primera de ellas está en el Sáhara Occidental, nuestra antigua colonia. Es probable que, amenazando nuestra integridad territorial, lo que Rabat trata de conseguir, bien que de manera incruenta, es atacar nuestra libertad de decidir, fundamento de nuestra soberanía.

Poco a poco, la situación en Ceuta vuelve a la normalidad. ¿Ni vencedores ni vencidos entonces? Por desgracia, no es así. Como en la guerra de verdad, también en la híbrida se conquistan objetivos. No territoriales, al menos de momento; pero sí en la voluntad y en la conciencia de los pueblos. Paso a paso, Marruecos va convirtiendo lo inadmisible —la violación de nuestras fronteras— en rutinario, y ese es un camino que tiene un mal final. Bien hará el Gobierno de España en tomar las medidas necesarias para que, de verdad, esto no vuelva a ocurrir… y, si no lo hace, bien haríamos los españoles, cualquiera que sea nuestra ideología —siempre que encaje en la Constitución que proclama nuestra unidad— en demandárselo.