La España del grito en el cielo

Lo del censo tiene mucha complicación. Nicolás Gógol noveló el viaje por la Rusia del siglo XIX del funcionario Chíchikov para comprar ‘almas muertas’. El cobro de impuestos a los terratenientes se basaba en la cantidad de siervos –o ‘almas’– registrados y quienes fallecían seguían inscritos durante mucho tiempo. Así que Chíchikov libraba a los dueños de esa rémora y se hacía dueño de siervos aunque fueran fantasmas.

En la España del siglo XX los partidos situaban a candidatos cuneros en provincias con las que no tenían relación. Eran paracaidistas que reservaban su lealtad no para los votantes sino para el jefe de filas, de ahí su nula popularidad.

Ahora, en la España del siglo XXI, la inclusión en el censo de pequeñas localidades, como la madrileña Madarcos, de un número de nuevos españoles superior, en algunos casos, al de los habitantes del lugar ha provocado una intensa controversia jurídica y social.

El punto de partida es la Ley de Memoria Democrática –o ‘ley de nietos’–, que entró en vigor el 21 de octubre de 2022, y que establece la concesión de la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padres o de abuelos que se exiliaron por razones ideológicas, de persecución política, de creencia o de orientación sexual. Es la justa compensación a quienes sufrieron la dictadura.

Pero una instrucción ministerial posterior amplió el derecho a la nacionalidad a los descendientes de todos los que hubieran salido de España entre julio de 1936 y diciembre de 1955, sin necesidad de motivos ni pruebas, con una presunción generalizada de exilio. Para los críticos, España se va a llenar de votantes ‘cuneros’, sin la menor vinculación con los problemas de quienes viven en España.

Y ahí es donde viene la tormenta, porque, a instancias de Iustitia Europa y Vox, el Supremo, con un voto particular en contra, ha dictado un auto que paraliza cautelarmente el derecho a voto de los nacionalizados que no hayan acreditado que sus antepasados salieron de España por las causas que dicta la Ley de Memoria Democrática. Aduce el Supremo que vela por la objetividad de un proceso electoral en el que iban a poder participar más de medio millón de nuevos votantes (en las últimas elecciones, tenían derecho a sufragio 2,3 millones residentes en el exterior).

En la España del grito en el cielo, los recurrentes han hablado de intento de pucherazo, una grave acusación muy difícil de materializarse, ya que implica una conjunción de factores casi imposible: requeriría que todos los nuevos españoles votaran en masa y todos a la izquierda. Pero el Gobierno les ha sobrepasado en exabruptos contra el Supremo, acusándolo de actuar en manada para derribarlo y, a la vez, de ser "lobos solitarios", en la muy desafortunada expresión del ministro Óscar López.

Se trata de un asunto con muchas aristas. Hay países plenamente democráticos que facilitan la concesión de la nacionalidad, como Francia o Bélgica, mientras que Alemania o el Reino Unido la restringen. Algunos limitan el derecho al voto si no se reside un tiempo tasado en el país, algunos lo ligan al pago de impuestos, otros lo solucionan con un número de diputados en el exterior.

El caso es que en España la nacionalidad es igual a derecho al sufragio, y que la ley de memoria dice lo que dice, aunque sea muy difícil acreditarlo. De ahí la urgencia de que el Supremo emita doctrina definitiva y de que esa resolución se acate o se critique con el respeto que distingue a un país con la calidad democrática en plena forma.