La jueza del caso Ceuta pisa el acelerador: "imágenes de satélite", "análisis biométricos" y el rastro de las alertas dentro de España

El auto que dictó este miércoles la magistrada María Tardón deja clara su intención de llevar a cabo una investigación minuciosa y exhaustiva sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta a finales de julio. En un solo escrito de 18 folios, la instructora de la Audiencia Nacional acordó realizar decenas de diligencias que se podrían agrupar en dos: las enfocadas a determinar la autoría de lo que ella misma ha calificado de "grave ataque a la integridad territorial de España" y las encaminadas a comprobar si hay alguna responsabilidad penal en la respuesta que el Estado español ha dado a esta crisis.

Para lograr ambos objetivos, Tardón pretende utilizar todos los medios que tiene a su disposición. Es por ello que ha enviado requerimientos a más de una decena de unidades policiales y militares e instituciones como la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Ministerio del Interior. El escrito de la instructora acuerda enviar hasta 14 oficios para seguir el rastro de las alertas que precedieron a la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

El objetivo no es otro que determinar qué instituciones de España manejaban información sobre el riesgo de un suceso como el que tuvo lugar y cómo actuaron esas instituciones. Con esta misma intención, Tardón ha citado como testigos al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, y al jefe de la Policía Local de Ceuta.

Más allá de indagar en la respuesta "dentro del territorio nacional", la magistrada de la Audiencia Nacional ha acordado también una extensísima batería de diligencias que buscan determinar quién está detrás de este "ataque híbrido", según lo definió ella misma en el auto que dio pie a la apertura de la causa.

Teniendo en cuenta la importancia de la convocatoria online que impulsó la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, parte de las actuaciones se integrarán en una "pieza separada de investigación tecnológica" que tendrá "naturaleza secreta". En el marco de esta pieza, María Tardón ha ordenado enviar comisiones rogatorias —solicitudes de colaboración— a las grandes compañías tecnológicas: Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, Tik Tok, Telegram, Google y Apple. La jueza solicita a estas empresas que envíen información sobre los teléfonos, usuarios y direcciones IP que se emplearon para viralizar el llamamiento a cruzar a nado las aguas que rodean al Espigón de El Tarajal.

Con esta y otras diligencias, Tardón busca atajar cómo se preparó la convocatoria que finalmente resultó en el traspaso de la frontera por parte de "entre 75.000 y 85.000" personas. No obstante, la magistrada también quiere identificar a los agentes uniformados y no uniformados de Marruecos que, de acuerdo con autos previos, colaboraron en la acción desestabilizadora.

De modo que María Tardón ha solicitado a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, a la Unidad Central de Inteligencia Criminal, al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), a la Comisaría General de Policía Científica y al CNI que "procedan al análisis biométrico y reconocimiento facial" de los supuestos "agentes dinamizadores" que se encontraban en la parte marroquí de la frontera vestidos de paisano.

Al margen de estos informes, la instructora ha ordenado elaborar otros para "precisar, en la medida de lo posible, la identidad, el cuerpo policial de pertenencia, unidad operativa, empleo o graduación, funciones desarrolladas y actuación observada" en los agentes uniformados presentes en el lado marroquí de la frontera el 30 y 31 de julio.

Por otro lado, la instructora de la Audiencia Nacional ha realizado diversos requerimientos para obtener en su juzgado todas las grabaciones que captaron lo sucedido a ambos lados de la frontera. Por un lado ha reclamado a distintas instituciones que envíen las imágenes de las que dispongan.

Entre ellas está el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), que tendrá que aportar "cuantas imágenes satelitales disponga respecto de la horquilla temporal comprendida entre las 00.00 horas del 20 de julio y las 23.59 horas del 7 de agosto de 2026".

La instructora se dirige también a la mercantil tecnológica Hi Iberia para que explique si ha recibido solicitudes para "la obtención y realización de imágenes satelitales" entre el 20 de julio y 7 de agosto. De ser el caso, la empresa deberá precisar qué "persona u organismo público o privado" hizo uso de sus servicios "con un radio de acción comprendido entre los 5.000 metros hacia territorio marroquí y los mil metros en territorio español".

Finalmente, la jueza María Tardón encomienda a distintas unidades policiales la práctica de dos diligencias enfocadas a determinar la autoría de la acción investigada. Una es un informe financiero detallado que incluya datos sobre "movimientos económicos relevantes detectados en la zona, utilización de sistemas informales de transferencia de fondos, sistemas hawala, contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria para la movilización masiva investigada".

La otra es un análisis para "determinar qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar" una movilización como la que se investiga. Tardón precisa que estos informes tendrán que analizar las "similitudes" entre lo acaecido en Ceuta este mes de julio y "otras entradas masivas, saltos o avalanchas" que tuvieron lugar en 2021, 2024 y 2026".