El juez profundiza en la infiltración de Leire Díez en altas instituciones y estrecha el cerco sobre el entorno más cercano a Sánchez

La causa que dirige el juez Santiago Pedraz contra las supuestas cloacas del PSOE estalló públicamente el pasado 27 de mayo y avanza desde entonces a un ritmo considerable. Aquella jornada supuso un hito por las imágenes de la entrada de la UCO en la sede del PSOE, pero también porque trascendió una extensa colección de indicios que apuntan a una operación dirigida a "desestabilizar" causas judiciales y financiada por Ferraz. La semana entrante, el juez ahondará en algunos de esos indicios, los relativos a la infiltración de la supuesta fontanera Leire Díez en dos instituciones del Estado como son la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil.

Paralelamente, la UCO comenzará a analizar el teléfono del recién imputado Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez. El instructor dio permiso para analizar este y otros teléfonos en un auto dictado este viernes en el que imputó a Serrano por su supuesta implicación en el enchufe de Leire Díez en Correos y en presuntos amaños de contratos de la entidad pública.

Esta semana, el instructor iniciará una nueva ronda de interrogatorios. Está previsto que este miércoles declare como testigo ante el juez quien fue la mano derecha del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe. Comparecerá también la fiscal Beatriz López, que junto a Villafañe mantuvo varias reuniones con Leire Díez. El jueves declararán la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, ambos en calidad de investigados.

Han pasado siete meses desde el día en que Pedraz acordó la detención de Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso. En aquel momento, diciembre de 2025, sucedió algo decisivo para la causa judicial. El magistrado acordó volcar el teléfono de Leire Díez. Los mensajes encontrados en ese dispositivo, junto a las agendas físicas que la UCO se llevó del domicilio de la investigada, son la principal fuente de indicios en la investigación.

Son esos mensajes los que han logrado estrechar el cerco sobre dos personas que han sido estrechos colaboradores de Pedro Sánchez en dos momentos distintos: el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Sánchez antes de su llegada a la Moncloa. Las conversaciones de Díez muestran la estrecha relación que mantuvo con Serrano durante años, pues llegó a intercambiar con él más de 10.000 whatsapps.

Los mensajes han servido igualmente para constatar la infiltración de Leire Díez en la Dirección General de la Guardia Civil y en la Fiscalía General del Estado. Estos dos asuntos protagonizarán la instrucción del llamado caso Leire, si bien Pedraz interrogará también a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en calidad de testigo, y a la investigada Leticia de la Hoz, abogada defensora de Koldo García. Si las primeras informaciones que trascendieron sobre Leire Díez en 2025 demostraron que presumía de tener acceso a altas instancias del Estado y al circulo más cercano del "one", Pedro Sánchez, la investigación judicial dirigida por Pedraz ha servido para corroborar muchas de estas cuestiones sobre las que Leire Díez presumía. Empezando por su cercanía con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Las reuniones de Díez y González

Tanto ella como el DAO están investigados por prevaricación administrativa y por un delito contra la administración de justicia. La directora general de la Guardia Civil mantuvo diversos encuentros con Leire Díez, según trascendió primero en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y confirmó más tarde la propia Mercedes González.

La supuesta fontanera presumía de tener "confianza" con la directora general, según se desprende de sus conversaciones. Según la UCO, Díez quiso aprovechar su confianza con Mercedes González para activar una investigación interna contra los miembros de la UCO que trabajaban (aún trabajan) en las causas judiciales relacionadas con el PSOE o el entorno familiar de Sánchez. La unidad de la Policía Judicial era uno de los principales objetivos de las presuntas cloacas del PSOE, como también lo fue la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón.

Según expone la unidad en sus informes, Díez habría logrado "instigar" a González para que iniciara "actuaciones administrativas contra la UCO". El pasado 27 de mayo, Pedraz ordenó a la UCO personarse en la Dirección General de la Guardia Civil, y los agentes interrogaron allí a varios compañeros, entre ellos al exjefe de la propia UCO, Rafael Yuste. Este apuntó que el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, el ahora imputado Manuel Llamas, le habría presionado para que se pusiera "de perfil" en las causas con incidencia política. El testigo vinculó esas presiones a las causas que tuvieran relación con el PSOE o el Gobierno.

Además, relató una reunión en la que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, cargó contra un informe de la unidad relacionado con el caso del hermano de Pedro Sánchez, que tildó de "prospectivo y malintencionado". Según expuso Yuste, Marcos afirmó que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba "por los suelos" y solicitó que el siguiente informe de la UCO estuviera listo a la semana siguiente: "Tiene que estar analizado y que no haya nada".

Mercedes González acudió al Senado el pasado 16 de junio, cuando aún no estaba imputada, dado que el PP la llamó a declarar sobre su supuesta implicación en las operaciones de Leire Díez. La directora general de la Guardia Civil reconoció los encuentros con la supuesta fontanera, pero negó que estuvieran vinculados con una operación contra la UCO.

"No se ha adoptado jamás por mi parte ninguna medida de presión contra la UCO, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica, ni contra cualquier unidad de la Guardia Civil, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona", aseveró en reiteradas ocasiones. Ahora será el juez, no los senadoras, quien atienda a las explicaciones que de González sobre sus contactos con Leire Díez, si es que no se acoge a su derecho a no declarar.

Las reuniones con la mano derecha de García Ortiz

No podrán negarse a declarar el exteniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado Diego Villafañe y la fiscal de la Secretaría Técnica Beatriz López, que comparecerán ante el juez este miércoles en calidad de testigos. Ambos mantuvieron dos encuentros con Leire Díez y con el abogado presuntamente implicado en las cloacas Jacobo Teijelo, que actualmente ejerce la defensa de Santos Cerdán. La UCO halló anotaciones sobre reuniones con "FGE" en las agendas de Leire Díez, de modo que el juez preuntó por ellas a la Fiscalía y la institución confirmó este extremo el pasado 10 de junio.

De acuerdo con la Fiscalía, las reuniones se produjeron fuera de la sede de la calle Fortuny y García Ortiz fue informado "a posteriori" de ambos encuentros. Eso sí, el ex fiscal general no dio "ninguna indicación" a Villafañe ni a la otra fiscal presente en una de las reuniones, Beatriz López, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado. El primer encuentro con la supuesta fontanera y el abogado Teijelo tuvo lugar el 6 de marzo de 2025, según el Ministerio Público. "Los entonces teniente fiscal y fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe y Beatriz López, mantuvieron una reunión con el letrado J.T.C", explicó la Fiscalía.

El Ministerio Público aseguró que lo que motivó el encuentro es que Teijelo quería informar de hechos "cometidos por terceras personas" que "podrían tener relevancia penal". Villafañe se reunió de nuevo con Teijelo y Díez a finales de marzo o a principios de abril —"en una fecha indeterminada", dice la Fiscalía—. El abogado "le informó de su voluntad de interponer varias denuncias en la Fiscalía relacionadas con aquellos hechos". Sin embargo, las denuncias nunca se interpusieron.

Al margen del contenido concreto de estos encuentros, en la causa existen múltiples evidencias de las diversas ocasiones en las que Leire Díez presumía de tener capacidad de influir en la Fiscalía. De hecho, así fue en la primera información que trascendió sobre la supuesta fontanera. Era relativa a una reunión que mantuvo con un empresario imputado en una causa de fraude en el IVA de los hidrocarburos y fugado de la justicia, Alejandro Hamlyn. Díez se reunió con él con el objetivo de buscar información sensible contra la UCO, y a cambio le ofreció un trato favorable de la Fiscalía.

Según declararon fuentes cercanas al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a este periódico, Díez se también se acercó a él para ofrecerle ventajas en una causa en la que está acusado y le habló de su cercanía con el ya ex fiscal general Álvaro García Ortiz.