El impacto de la vivienda turística en España

En medio del ruido y el enfrentamiento político la vivienda sigue apareciendo como principal problema para la inmensa mayoría de los españoles. Si nos atenemos a los recientes datos que nos ha ofrecido el CIS en este mes de junio, se sitúa en primer lugar por séptimo mes consecutivo, siendo la principal preocupación del país.

Lamentablemente hay determinadas circunstancias que están impidiendo el cumplimiento del mandato constitucional que recoge el artículo 37 de la Carta Magna donde se insta con claridad a "los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Y concretamente en materia de viviendas turísticas se sigue llegando tarde lo que contribuye a que el precio en los últimos años se haya disparado en un 77% y tengamos un déficit estructural de algo más de medio millón de viviendas en nuestro país según el banco de España.

Es evidente que la dejadez de distintas administraciones competentes al regular esta actividad económica en su integridad, está ocasionando perjuicios no solo en el acceso a la vivienda sino también en la convivencia en las comunidades de propietarios y en la seguridad jurídica de los consumidores de buena fe que interactúan en este mercado. Quién de nosotros no ha tenido noticias de usuarios que llegaban a su destino y encontraban inmuebles en pésimas condiciones o ni tan siquiera encontraban el inmueble ni a quien reclamar. Eran víctimas de una publicidad engañosa regulada y prohibida en España bajo la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley de Competencia Desleal. Declarar que una vivienda es legal cuando no cuenta con licencia para esta actividad es una de las prácticas engañosas más habituales. Y eso no sería posible en la inmensa mayoría de los casos sin la colaboración inestimable de las plataformas de alquileres turísticos, obligadas en las últimas semanas a que los anuncios se ajusten a la legalidad vigente y ofrezcan garantías a los consumidores.

Ha sido valiente la actitud del Ministerio de Consumo con esta exigencia y no todas las empresas han reaccionado de la misma manera. Mientras hay plataformas que han priorizado elementos crematísticos por encima de la seguridad de sus clientes y consumidores con recursos y peticiones de medidas cautelares de suspensión denegada por los tribunales competentes. Otras, en cambio, han colaborado con el Ministerio y es un hecho que merece ser puesto en valor.

La sociedad española muestra una creciente conciencia sobre el impacto de la vivienda turística, exigiendo con razón, una mayor regulación que facilite la convivencia entre vecinos y quienes mantienen esta actividad económica. Tres de cada cuatro españoles se muestran partidarios de limitar o regular el crecimiento descontrolado de estas viviendas. Poner en valor quienes cumplen con la ley y sancionar a quien se la salta es el mejor camino para impedir que algunos alimenten la turismofobia en nuestras ciudades, que daña a un pilar fundamental de nuestra economía y de nuestro empleo, el turismo. Este es el camino, no hay otro.