Vaya por delante que la Armada es, por definición, una herramienta de la política exterior del Estado. Su usuario es el Gobierno —así lo establece la Constitución— y, muchas veces, el factor decisivo no está en las capacidades militares —el caso más extremo es el del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, verdadera embajada flotante de nuestra nación— sino en la propia bandera española que los buques de guerra llevan en el pico. Donde se despliega un buque de la Armada, incluso si se trata de un patrullero de altura, ahí está España… y no un Gobierno ni un partido político.

Dicho esto, toda herramienta tiene sus reglas. La Armada también. La primera de esas reglas es que no puede usarse la fuerza militar sin motivo justificado. El despliegue de un buque de guerra en una zona de conflicto, incluso si no se trata de una unidad de combate, es un asunto serio. De ahí que la Ley exija la autorización del Congreso “para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional”. En este caso concreto, más parece que el despliegue del buque responda a un cambio de cromos del Gobierno con sus socios de investidura que a cualquiera de las dos excepciones que prevé la ley.

"Donde se despliega un buque de la Armada, incluso si se trata de un patrullero de altura, ahí está España… y no un Gobierno ni un partido político"

Una segunda regla, en este caso no impuesta por las leyes sino por el sentido común, es la que adecúa los medios a los fines. Nadie quiere usar un destornillador que no encaje en la cabeza del tornillo o que se rompa cuando se usa. Si lo que se pretende es defender a la flotilla de hipotéticos ataques de drones israelíes, los buques que la Armada llama de Acción Marítima —que en otras marinas reciben el nombre de patrulleros de altura— no tienen capacidades reales para hacerlo. Como mucho, pueden llevar sistemas inhibidores de las frecuencias de control, útiles únicamente para drones poco sofisticados de origen comercial.

¿Es una buena idea proteger a los buques de la flotilla que se dirige a Gaza? ¿Qué debería hacer el Congreso si el Gobierno pidiera la autorización que exige la Ley?

Si la misión del buque desplegado no va a ser defensiva —la palabra "asistir", empleada por el presidente en el anuncio público del despliegue, es ambigua desde el punto de vista militar— sino de salvamento o rescate, hay en España buques civiles que podrían llevarla a cabo con menos alboroto. Ello nos permite sospechar que quizá sea precisamente el alboroto lo que se persigue en este caso.

Puestas las cartas sobre la mesa, ¿es una buena idea proteger a los buques de la flotilla que se dirige a Gaza? ¿Qué debería hacer el Congreso si el Gobierno pidiera la autorización que exige la Ley? La seguridad de la navegación, si eso es lo que se quiere defender, es un bien de todos. Lo que a mí me llama la atención es la diferente vara de medir que aplica el presidente a las distintas situaciones. Cuando los misiles de los hutíes de verdad asesinaban a algunos marinos mercantes de los que navegaban por el mar Rojo, en ocasiones con rumbo a puertos españoles y al servicio de nuestro comercio exterior, el Gobierno prefirió desentenderse del problema. Ahora que en vez de misiles vuelan, quizá, pequeños drones; cuando no se ha perdido ninguna vida ni consta ningún herido, encontramos justificado desplegar a la Armada.

Es posible que la diferencia, más que en los méritos del caso en sí, esté en las exigencias de los socios del Gobierno. Quizá no se podía contribuir a repeler los misiles de los hutíes porque eso disgustaba a Podemos, y ahora hay que desplegar un buque de guerra porque Podemos lo exige. Y eso, sinceramente, me obliga a preguntarme: ¿sigue siendo la Armada una herramienta de la política exterior de España o ya solo se le hace servir a la política de partidos?