El BOE publica la macroconvocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, la mayor de la historia en Justicia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la mayor convocatoria de la historia de plazas en la Administración de Justicia, una "macroconvocatoria", en palabras del ministro, Félix Bolaños, que consta de 575 plazas para jueces y fiscales por oposición y otras 125 de magistrados por el cuarto turno para juristas con más de 10 años de ejercicio.

"Es la mayor transformación de la Justicia en décadas", ha subrayado en un mensaje en las redes sociales el ministro Bolaños, que este domingo ya indicó que había que estar "muy atentos" al BOE de este lunes.

Según adelantó Justicia, de las 500 nuevas plazas judiciales, 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3).

Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales. En total, la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año.

La creación de 200 nuevas plazas de fiscales supondrá una ampliación de su plantilla del 7,1%, pasando de 2.804 a 3.004. Se trata de una cifra inédita: en los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

Un nuevo modelo organizativo más eficiente

La medida es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo más eficiente: elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, mientras que crear un juzgado tradicional costaba alrededor de 500.000 euros.

La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma, y teniendo en cuenta los informes del CGPJ y la Fiscalía General del Estado y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia.