La implicación de Cerdán y la gerente en el caso Leire abre la puerta a investigar al PSOE si se acredita que Ferraz se benefició

Iniciado ya formalmente el año judicial, los tribunales recuperan el ritmo que precedió al mes de agosto. En el caso de la Audiencia Nacional, la actividad es intensa y en varios juzgados está cada vez más vinculada al Partido Socialista. Mientras el juez Ismael Moreno indaga en secreto en los movimientos económicos del PSOE, en el caso Leire —que instruye Santiago Pedraz— las últimas declaraciones de investigados han abierto una vía que podría llevar a la imputación del partido.

Fuentes jurídicas y fiscales coinciden en que atribuir responsabilidad penal al PSOE como persona jurídica sería "factible" si se "acredita" que dos de los imputados, Santos Cerdán y la gerente socialista Ana María Fuentes, actuaron en nombre del partido y en su beneficio "directo o indirecto".

La gerente acudió a declarar como investigada ante el magistrado Pedraz el pasado miércoles para responder sobre la supuesta emisión de facturas "mendaces" que daban cobertura a los pagos de Ferraz a las supuestas cloacas dirigidas por Santos Cerdán. El instructor sospecha de distintas operaciones: el pago de 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo (que después asumiría la defensa de Cerdán), el abono de 27.225 euros al despacho del letrado Ismael Oliver, así como el sufragio de distintos gastos de la supuesta fontanera Leire Díez.

Detrás de esas transacciones podría estar la financiación por parte del PSOE de una operación destinada a "desestabilizar" causas judiciales sensibles para Ferraz, o bien para el entorno del presidente del Gobierno. Esta es la tesis instructora, compartida por el juez Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción.

Durante la declaración de Fuentes, la Fiscalía Anticorrupción se interesó por conocer el compliance del partido, el conjunto de normas que rigen dentro de Ferraz para asegurar el cumplimiento de la ley. De acuerdo con fuentes jurídicas, la gerente aseguró que dentro del PSOE se permiten los contratos verbales. Además, puso en la figura de Santos Cerdán la responsabilidad por los contratos y hojas de encargo investigados que ella misma firmó, así como por los gastos sufragados a Leire Díez.

En definitiva, vino a exponer que ella actuó siguiendo órdenes de la Secretaría de Organización que en aquel momento dirigía Cerdán, ahora imputado en varias causas judiciales. Esa fue su estrategia procesal frente a las sospechas de su participación en la elaboración de facturas falaces.

De cualquier modo, los delitos que se imputan tanto a la gerente Ana María Fuentes —que aún forma parte de la estructura del PSOE— y a Cerdán podrían acabar extendiéndose a la propia formación política en virtud de un artículo concreto de Código Penal: el 31 bis.

Así lo explican fuentes fiscales y judiciales, que sin embargo advierten de que aún queda mucho material por analizar en las cuentas bancarias recabadas y los dispositivos electrónicos intervenidos. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el instructor ven la imputación del PSOE como un escenario inminente, si bien lo consideran factible.

Todo en función de lo establecido del artículo 31 bis del Código Penal. el apartado 1 de este artículo prevé los supuestos en los que se puede atribuir responsabilidad penal a una persona jurídica. La posibilidad de que esto ocurra en el caso de los partidos políticos llegó a España a través de una reforma legal aprobada en 2012, pues hasta entonces tanto las formaciones políticas como los sindicatos estaban eximidos de ser condenados penalmente.

De acuerdo con el mencionado artículo del Código Penal, una persona jurídica puede ser investigada o condenada por un delito cuando lo comete uno de sus integrantes que esté "autorizado a tomar decisiones en nombre de la persona jurídica" y que busca el "beneficio directo o indirecto" de esa organización.

Esto significa que el PSOE podría enfrentarse a una eventual imputación si alguno de sus miembros imputados —Santos Cerdán o Ana María Fuentes— cometió un delito en nombre del PSOE y actuando en "beneficio directo o indirecto" del partido. Si esto se acreditara, la imputación de Cerdán o Fuentes podría "contaminar" a la formación política, según expresan fuentes fiscales.