La amnistía pasará el filtro del TC esta semana: Conde-Pumpido impone sus ritmos para avalar la ley sin esperar al TJUE

Las cartas están sobre la mesa y el resultado, anticipado. Antes de que acabe esta semana, salvo sorpresa mayúscula, el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía será oficial. Cándido Conde-Pumpido, que en su condición de presidente es el responsable de marcar los tiempos del Pleno, ha establecido que la ponencia de la amnistía se debatirá entre el lunes y el viernes de esta semana. El magistrado se ha mantenido firme en su propósito de ventilar la amnistía antes de las vacaciones y ha obviado las quejas de los togados que propusieron esperar a que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Fuentes del sector conservador (y minoritario) del órgano de garantías no ocultan el resquemor que les provoca esta situación. "¿Qué prisa tiene?", se preguntan, después de que el presidente haya rechazado las sucesivas peticiones de pausar la deliberación de la amnistía a la espera de un pronunciamiento de la justicia europea. Tal y como recuerdan estas fuentes, el derecho europeo tiene primacía sobre el de sus respectivos Estados miembros.

Una ponencia favorable a la ley

Este periódico pudo acceder el pasado 2 de junio al borrador de la sentencia sobre la amnistía, que da respuesta al recurso que interpuso el PP contra la norma. El texto, elaborado por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, avala la norma en lo esencial, y justifica la cabida de la medida de gracia en la Constitución con la siguiente frase: "El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente".

Se trata de un escrito de 191 folios que renuncia a analizar el contexto político que ha dado pie a esta norma: un pacto entre PSOE y Junts en el que la amnistía se configuró como una contrapartida del apoyo de los de Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez. Asimismo, la ponencia da por bueno el motivo con el que se autojustifica la propia ley, que no deja de ser una medida excepcional: "No cabe duda de que [la amnistía] no responde a capricho o mero voluntarismo, al buscar una mejora de la convivencia y de la cohesión social".

Los intentos infructuosos de aplazar el debate

Lo han pedido el Partido Popular, el Senado y varios magistrados conservadores del Constitucional. Pero Cándido Conde-Pumpido ha descartado esperar al TJUE antes de deliberar, y el Pleno ha apoyado su decisión. Informó de ello el Tribunal Constitucional el 11 de este mes: "El Pleno ha acordado que no ha lugar, en este momento procesal, a la apertura de un trámite de audiencia relativa al posible planteamiento de cuestiones prejudiciales al TJUE, sin perjuicio de lo que pueda decidirse, a este respecto, en la deliberación del Pleno de este tribunal en la que se aborde el objeto del presente procedimiento".

Más adelante, tras recibir un escrito del magistrado conservador Enrique Arnaldo, Conde-Pumpido argumentó que "alargar la deliberación al mes de julio dificultaría enormemente tener debidamente firmada la sentencia incluidos los eventuales votos particulares antes de las vacaciones de verano".

Este último argumento ha dejado estupefactos a algunos miembros del tribunal, según confiesan: "Resulta muy llamativo". "¿Dónde dice que se tiene que resolver antes de que acabe julio? Eso no está escrito en ningún sitio, da que pensar que [Conde-Pumpido] tiene una fecha comprometida", señala uno de los miembros del tribunal.

Este mismo viernes, el PP intentó de nuevo que se posponga la deliberación. Los populares registraron un recurso de súplica para exigir al Constitucional que se suspenda la tramitación de su recurso contra la ley de amnistía hasta tener un pronunciamiento del TJUE.

El informe negativo de la Comisión Europea

La tensión provocada por la deliberación de la amnistía aumentó aún más tras conocerse el informe negativo que ha presentado la Comisión Europea en el TJUE. El 10 de junio, se comprobó que el enfoque de la Comisión distaba mucho del que recoge el borrador de Inmaculada Montalbán.

Tras aprobarse la ley de amnistía, el Tribunal de Cuentas elevó una cuestión prejudical al TJUE, el mecanismo para consultar si una norma —o algunos artículos concretos— es acorde al derecho europeo. Como parte de la tramitación de la cuestión trasladada a Luxemburgo, la Comisión remitió el correspondiente informe, realmente duro con la norma aprobada por el Parlamento español.

La Comisión, al contrario que el Constitucional, sí consideró necesario valorar el contexto en el que se ha aprobado la ley de amnistía. Así, el informe incide en que las amnistías "introducen una diferencia de trato" entre personas que han cometido los mismos hechos, pero en contextos diferentes. Por tanto, razona Bruselas, son "medidas excepcionales" que deben perseguir "un objetivo legítimo". La Comisión no cree que esta condición se cumpla, según refleja el escrito con estas palabras: "No parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión".

Los abogados de la Comisión Europea subrayan que las "autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse" son "contrarias al principio del Estado de derecho". Según expone el informe, "parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario". Esta es la clave de los reproches de la Comisión Europea, que enmarcan la amnistía en una transacción política.