La cesión al País Vasco de la competencia para gestionar las prisiones se ha convertido en una vía rápida hacia la semilibertad para más de un centenar de presos etarras. Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez entregó a Vitoria la gestión de las tres cárceles vascas (Zaballa, Basauri y Martutene), en octubre de 2021, un total de 94 presos de la banda terrorista se han beneficiado del tercer grado, un régimen que les permite vivir prácticamente en libertad, mientras que otros 18 disfrutan de los mismos beneficios gracias a la aplicación extraordinaria del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

Así lo recoge el último informe del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), relativo al mes marzo, que también indica que a lo largo de ese periodo de gestión autonómica se ha concedido la libertad condicional a 48 etarras y otros 35 han abandonado la cárcel al considerarse cumplidas sus penas (la mayoría forman parte de esos 94 que habían sido clasificados previamente en tercer grado).

El informe de la AVT refleja que a día de hoy quedan 123 etarras en las cárceles españolas, todos en el País Vasco, excepto tres que cumplen condena en Navarra y están clasificados en segundo grado, el régimen penitenciario ordinario. En cambio, de los 120 etarras internados en cárceles vascas, 18 disfrutan de un régimen de semilibertad gracias al 100.2 y 39 están clasificados en tercer grado. Es decir, solo la mitad cumplen condena en un régimen ordinario (52,5%).

"La administración penitenciaria vasca ha optado por un modelo específico que se caracteriza por potenciar el régimen abierto, pasando de tener que justificar la progresión al tercer grado (modelo estatal) a tener que justificar por qué un preso no está en tercer grado (modelo vasco)", denuncia la AVT.

Un tercer grado sin pisar la cárcel

Los presos en tercer grado acostumbran a salir de la cárcel durante el día y solo tienen que regresar por la noche para dormir, pero muchos internos de ETA ni siquiera acuden a dormir y pueden pasar los fines de semana en casa al aceptar controles telemáticos, como pulseras o tobilleras. "El 90% de los presos etarras clasificados en tercer grado no pisan la cárcel porque llevan una pulserita telemática. La primera semana duermen en la cárcel y a la siguiente les flexibilizan aún más el tercer grado", asegura Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo de víctimas Covite.

Además, las asociaciones de víctimas del terrorismo denuncian que el gobierno vasco también está excarcelando a etarras mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, una especie de vía exprés para acceder a la semilibertad, que no requiere de tantos requisitos como el tercer grado.

Por ese camino se han beneficiado hasta 18 presos de la banda, aunque el juez de la Audiencia Nacional José Luis Castro rechazó la semana pasada la aplicación de ese mecanismo a dos de ellos: Soledad Iparraguirre, alias Anboto, y Juan Ramón Carasatorre. No obstante, otros históricos etarras como Txeroki, Parot, Troitiño, Goñi o Kantauri están en la calle gracias a esa interpretación flexible del artículo 100.2 que autoriza la Consejería Vasca de Justicia, en manos de la socialista María Jesús San José, a propuesta de la Junta de Tratamiento, que preside el director de cada centro penitenciario.

Históricos etarras como Txeroki, Parot, Troitiño, Goñi o Kantauri están en la calle gracias a la interpretación flexible del artículo 100.2 que autoriza la Consejería Vasca de Justicia, en manos de la socialista María Jesús San José

"En 2022 empezamos a denunciar la concesión de terceros grados fraudulentos a presos etarras con víctimas mortales, pero hasta que salió Txeroki de la cárcel y se armó la que se armó, hace solo un par de meses, no sabíamos que también estaban excarcelando a asesinos de la banda a través de la trampa del 100.2 porque no lo estaban notificando a las asociaciones de víctimas", afirma la presidenta de Covite, cuyo hermano, Gregorio Ordóñez, fue asesinado por Carasatorre, uno de los beneficiados por ese artículo hasta que el juez Castro lo ha revocado.

"A mí me comunicaron que Carasatorre, el que le pegó el tiro en la nuca a mi hermano, estaba en la calle cuando ya llevaba un tiempo fuera de la cárcel. Le concedieron el 100.2 sin cumplir absolutamente ningún requisito de los que establece la ley. Solo sabía que lo habían trasladado de la cárcel Martutene (Guipúzcoa) a Zaballa (Álava), pero ahora sé que fue un paso previo a su excarcelación porque tiene una orden de alejamiento en San Sebastián", dice.

En la misma línea se expresa el abogado de la AVT Antonio Guerrero, quien lamenta que cuando un etarra accede a un régimen de semilibertad, la administración vasca se lo comunica a las víctimas o a sus familiares con muy poca antelación: "Tiene la obligación de avisar a las víctimas, normalmente a través de las asociaciones, pero a menudo nos lo comunican solo cinco minutos antes de que el interno salga de la cárcel. Nosotros, a través de nuestro departamento psicosocial, intentamos avisar a la víctima para que esté preparada porque el asesino de su familiar va a salir de la cárcel y no queremos que se entere por la prensa".

"El gobierno vasco está abusando del artículo 100.2"

"El gobierno vasco está abusando del artículo 100.2 porque el reglamento penitenciario dice que se tiene que aplicar de forma excepcional, pero para los presos de ETA se ha convertido en una vía rápida para salir de la cárcel antes de tiempo. Se está utilizando este mecanismo para excarcelar a muchos presos a los que no se les aplica el tercer grado porque sería demasiado escandaloso", denuncia el abogado de la AVT.

"Fuera del País Vasco no se aplica el artículo 100.2 de una forma tan generalizada, pero en esa comunidad y especialmente a un colectivo determinado, que son los presos de ETA, se está concediendo de una forma bastante significativa, que va en contra del carácter excepcional de la norma. Es una vía que se ha sacado de la manga la administración penitenciaria vasca para excarcelar a etarras porque, desde mi punto de vista, lo que siempre ha pretendido es excarcelar lo antes posible. De la población penitenciaria vasca que se ha beneficiado del 100.2, más de un 80% son presos de ETA", insiste el letrado.

Para acceder a esos beneficios penitenciarios, los etarras acostumbran a escribir cartas de perdón a las víctimas para acreditar su arrepentimiento y mostrar "signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas", como dice la Ley General Penitenciaria (LOGP). El ejecutivo vasco suele esgrimir esas cartas para justificar la concesión de un régimen de semilibertad, aunque no convence a las asociaciones de víctimas. "Es una auténtica tomadura de pelo porque esas cartas las escriben el día antes de salir de la cárcel, cuando ya saben que van a estar en la calle, y no son más que un corta y pega que no significan nada para las víctimas", subraya Ordóñez.

"Hace unos años esas cartas eran completamente estereotipadas porque en todas ponía lo mismo y los presos se limitaban a firmarlas. Es cierto que ahora han mejorado y, por lo menos, son textos manuscritos y más personalizados, pero es difícil saber si realmente sienten lo que escriben o si solo lo hacen para salir de la cárcel", dice Guerrero, quien recuerda que para acceder a un tercer grado la ley también exige "colaboración con las autoridades", algo que, a su juicio, no se está produciendo: "La mayor muestra de arrepentimiento que puede haber es ayudar a la justicia a esclarecer los atentados que aún están sin resolver".

Asegura, además, que las asociaciones de víctimas apenas pueden recurrir la aplicación del artículo 100.2: "Cuando la Junta de Tratamiento lo propone, automáticamente se aplica y conlleva la excarcelación durante el día del interno. El juez de vigilancia penitenciaria puede revocarlo, pero es a posteriori, como ha ocurrido con Anboto, cuando lo lógico sería que para excarcelar a un preso, primero lo tuviera que autorizar un juez".

De hecho, el juez Castro, en el auto en el que revocó la semilibertad de Anboto y Carasatorre, ha propuesto una reforma del artículo 100.2 para evitar "excarcelaciones anticipadas" sin un pronunciamiento del órgano judicial, al considerarlo una "ucronía inversa" que no beneficia a nadie. "A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario", advierte en el auto.

Política de acercamiento de presos como paso previo a la semilibertad

La AVT denuncia que la política penitenciaria puesta en marcha por el Gobierno ha beneficiado a los presos de ETA prácticamente desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, en 2018, y se ha desarrollado a lo largo de varias fases.

"La primera consistió en trasladar a presos etarras a cárceles próximas al País Vasco, principalmente en Logroño, Asturias, Zaragoza, Cantabria, Burgos y Soria", indica la AVT, reflejando que entre septiembre de 2018 y agosto de 2022 se aprobaron 263 traslados de presos a prisiones limítrofes al País Vasco y algunos a cárceles vascas o navarras. Además, en esta fase también se aprobaron progresiones a segundo grado o flexibilizaciones del primer grado para algunos reclusos.

La AVT denuncia la política penitenciaria del Gobierno que ha beneficiado a los presos de ETA prácticamente desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, en 2018, y se ha desarrollado a lo largo de varias fases

La segunda fase consistió en trasladar a los presos a cárceles del País Vasco o Navarra: "Desde agosto de 2022, cuando ya estaban todos los presos en prisiones limítrofes, hasta el 24 de marzo de 2023 (fecha en la que se puso fin a la política de dispersión) se produjeron 119 traslados a cárceles del País Vasco y Navarra".

La última fase, impulsada por la transferencia de la competencia de prisiones al gobierno vasco, se ha caracterizado por la concesión de los citados regímenes de semilibertad a través del tercer grado o el 100.2, que a su vez han abierto la puerta a la concesión de libertades condicionales por parte del juez de vigilancia penitenciaria. Cabe recordar, no obstante, que con el paso del tiempo, los presos etarras se acercan cada vez más al final de sus condenas y, por lo tanto, es más fácil que accedan a un tercer grado u otros beneficios penitenciarios.