Sumar apura las negociaciones del decreto de alquileres con cesiones que Junts ignora y el PSOE ve inviables: "No hay agua"

Las cosas en su punto. Sumar dice que, para reconsiderar su voto al decreto de alquileres, Junts le ha puesto encima de la mesa dos propuestas que estaría dispuesto a aceptar mientras los posconvergentes dicen que eso no es cierto y que ni siquiera han conversado con el espacio plurinacional y el PSOE, que se ha puesto de perfil en las negociaciones, asegura que la norma no va a salir adelante porque "no hay agua" en la piscina. Así, en este kafkiano escenario, se llega a la votación del Congreso en la que este martes se decidirá la convalidación de una de las iniciativas que más fricciones ha generado en el Gobierno.

Cuando parecía que en las palabras de los ministros de Sumar iba a comenzar a asomar ya cierta resignación, Pablo Bustinduy inauguró la mañana de sorpresas de este lunes con una bomba: según él, Junts les había remitido su voluntad de replantearse apoyar la prórroga automática de alquileres si el Gobierno aceptaba implantar bonificaciones fiscales a los propietarios de viviendas y aceleraba la transposición de la directiva europea para instaurar el IVA franquiciado a los autónomos, es decir, la posibilidad de no repercutir el impuesto a aquellos que facturen menos de 85.000 euros al año.

A Sumar, dijo en una entrevista en TVE, no le gustaba la idea de incentivar fiscalmente a los caseros, una medida que rechazó cuando la propuso en enero Pedro Sánchez, pero podía aceptarla si con ello se beneficiaba a los inquilinos con la aprobación del decreto. Horas más tarde, fue el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien confirmó que "hay tiempo para no fallarle a cientos de miles de familias".

"Estas dos cuestiones [las supuestas propuestas de Junts] no deben ser un obstáculo para la convalidación mañana [por hoy]. No es nuestro modelo, pero estamos dispuestos", señaló antes de hacer un llamamiento tanto a Junts como al PSOE para que pusiesen de su parte de cara a que la norma se apruebe. La referencia al PSOE respondía principalmente a que las condiciones de los posconvergentes dependen de los ministerios dirigidos por los socialistas.

Faltaba la confirmación de Junts a este giro inesperado y llegó en forma de desmentido: no había negociación de ningún tipo ni iba a apoyar la medida, si bien tampoco concretó si votaría en contra o se abstendría. "El Gobierno sabe qué planteamos. No tenemos que negociar nada ni estamos negociando nada. El real decreto ley que mañana va al pleno, y que no se puede modificar, no lo votaremos, como hemos dicho desde el primer día", señalaron fuentes de Junts.

Pero Sumar mantiene su optimismo y defiende que las negociaciones se van a ir "al último minuto" de la votación, que tendrá lugar al final de la tarde de este martes. Descartados el PP y Vox y contando con la aparente buena disposición del PNV, a Sumar le haría falta Junts para sacarlo adelante. A lo largo del último mes, la formación de Carles Puigdemont ha reiterado su negativa a la norma y, por si fuera poco, anunció hace dos semanas que rompía toda relación gubernamental y parlamentaria con el espacio después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lo calificase de "racista" y "clasista".

Entretanto, en el PSOE no ocultan su opinión de que el decreto no va a salir adelante. Se da la paradoja de que los incentivos fiscales a caseros era hace tres meses una medida que Sumar le reprochaba a Sánchez y ahora es una de las cesiones que el ala minoritaria ha puesto ahora sobre la mesa para intentar convencer a Junts. El espacio también ha pedido al PSOE acelerar la aplicación directiva europea para eximir el IVA a pequeños autónomos. A esta segunda, en todo caso, ya se comprometió Sánchez con Junts a cambio de apoyar su decreto anticrisis.

En el PSOE, sin embargo, rebajan cualquier expectativa, más después de que Junts haya reafirmado su negativa a apoyar la convalidación. Fuentes de la dirección socialista consideran que la vía abierta por Sumar tiene poco recorrido. "No hay agua suficiente", sintetiza una voz de peso en la Ejecutiva socialista, que da por extremadamente difícil un desenlace favorable este martes en el Congreso.

Un decreto que provocó un conflicto inédito

El decreto de los alquileres nació marcado por el conflicto interno en la coalición y por una falta de mayoría en el Congreso, y lo cierto es que todo apunta a que terminará del mismo modo. El pasado 20 de marzo, el Ejecutivo convocó un Consejo de Ministros extraordinario con la previsión de aprobar un único decreto para responder a la crisis derivada de la guerra de Irán.

Sin embargo, la reunión terminó con la aprobación de dos textos tras un choque inédito entre las dos alas de la coalición. En ese pulso, Sumar logró imponerse y forzar la inclusión de la prórroga de los alquileres a través de un segundo decreto. En todo caso, la medida nació lastrada por la falta de respaldos parlamentarios, una debilidad que el propio Pedro Sánchez admitió públicamente nada más darle luz verde.

Desde entonces, el PSOE ha intentado marcar distancias en una negociación con Junts que nunca vieron viable. No querían hacerse cargo de una patata caliente que amenaza con una cascada de litigios entre propietarios e inquilinos. Es una situación que al PSOE le hubiese gustado evitar, pero desde el momento en el que accedió a aprobar el decreto, lo cierto es que ya forma parte de la acción del Gobierno en su conjunto y, por lo tanto, tendrá que hacerse cargo de los efectos del mismo.

Por eso ha intentado borrarse a lo largo del último mes, mientras que Sumar ha liderado unas conversaciones con Junts que, a día de hoy, no están sirviendo más que para reafirmar la negativa de los de Carles Puigdemont a apoyar este decreto. Ese bloqueo ha azuzado de nuevo el choque interno en la coalición: el PSOE reprocha a su socio haber priorizado el impacto político de la medida sin asegurar antes su viabilidad parlamentaria, mientras que Sumar acusa a Moncloa de sembrar dudas sobre la seguridad jurídica del texto y de trasladarles en solitario el coste de una eventual derrota.

A apenas 24 horas de la votación, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconocía públicamente que el Gobierno sigue sin los apoyos necesarios para convalidar la norma y advertía de que, en caso de decaer, se abriría un escenario jurídico "inédito". En otras palabras, una posible oleada de litigios entre particulares. El ala socialista teme que ese enfrentamiento entre inquilinos y propietarios le suponga un desgaste político en una materia tan relevante como la vivienda. Ese mismo argumento fue el que, precisamente, utilizaron Sánchez y sus ministros para responder a las críticas de Sumar a su propuesta de bonificar el IRPF a propietarios para evitar subidas de alquiler al finalizar los contratos.