La reubicación de 4.000 menores migrantes, paso a paso: así será el proceso para aliviar la saturación de Canarias, Ceuta y Melilla

Solo quedaba un último cabo por atar para arrancar con el polémico traslado de los casi 4.000 menores migrantes no acompañados que mantienen tensionados los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla, y se ha hecho este martes. A pesar del rechazo frontal y constante que llevan manifestando las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular desde hace más de un año, el Ministerio de Juventud e Infancia ha decidido seguir adelante con su reforma de la ley de extranjería y ayer aprobó el último decreto que le quedaba para empezar cuanto antes con las primeras reubicaciones. Es, según dijo la ministra Sira Rego, el "punto de inflexión" de una reforma de la ley de extranjería impulsada para aliviar la situación de aquellos territorios que, por su ubicación, están sometidos a una mayor presión migratoria.

Ahora que ya ha quedado recogido en una norma cuántas plazas debería tener cada región para menores migrantes (32,6 por cada 100.000 habitantes), los siguientes pasos se darán según lo establecido en el protocolo que el Consejo de Ministros aprobó a finales de julio, y el cual marca cómo ha de procederse desde que una comunidad pide ayuda hasta que se efectúan los traslados a otros territorios. Lo primero es que las autonomías que tripliquen su capacidad ordinaria se declaren en situación de "contingencia migratoria extraordinaria", para que la Subdelegación del Gobierno active el mecanismo correspondiente.

En este caso, y según las cifras que manejaba Juventud e Infancia en julio —que pueden bailar hacia arriba o abajo por cambios de las últimas semanas—, solo Canarias, Ceuta y Melilla están en esa situación de emergencia; y, de hecho, prácticamente todas las comunidades autónomas acogen a menos niños y adolescentes extranjeros de los que les correspondería por población.

15 días para los traslados

El Gobierno de Canarias, por ejemplo, ya avanzó este martes que pedirá la situación de contingencia migratoria en cuanto entre en vigor el último decreto del Ejecutivo, que previsiblemente será este jueves. Lo siguiente será, por tanto, que la Subdelegación del Gobierno haga una propuesta de ubicación para mandársela a la comunidad de destino e inscriba a cada menor en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. Una vez hecho esto, los traslados tendrán que realizarse en un plazo máximo de 15 días. Para determinar a cuántos menores le corresponderá acoger a cada autonomía, el ministerio ya fijó en su momento unos "criterios objetivos", como el PIB, el paro, la dispersión territorial o el "esfuerzo previo" en la acogida.

Según esos criterios, Andalucía será la comunidad a la que se le asignen un mayor número de menores (677), seguida de Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571). Aunque fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia precisan a este periódico que, "aunque no de forma sustancial", los datos pueden cambiar por diversas variables; bien porque algunos han cumplido la mayoría de edad; o por un aumento de las llegadas de pateras en las últimas semanas; o bien porque ya se está dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al Gobierno central a hacerse cargo de en torno a un millar de esos niños por ser solicitantes de asilo. "La cifra cambia prácticamente cada día", cuentan las mismas fuentes. Con todo, el protocolo lo deja claro: "la distribución deberá comenzar por las comunidades autónomas a las que corresponda un mayor porcentaje de traslado" que, salvo grandes variaciones, serán las tres citadas.

Por su parte, la comunidad declarada en contingencia migratoria deberá elaborar un informe sobre cada uno de los menores que reubicará, en el que se detalle si se ha tomado alguna medida de protección acorde a su situación o si hay información sobre familiares suyos en España, para lo cual deberá realizar también una entrevista personal al niño o adolescente. Dicho expediente se enviará a la comunidad de destino y al menor involucrado en un plazo de tres días naturales. También se remitirá a la Fiscalía, que podrá pronunciarse en dos días naturales, siempre y cuando la persona menor de edad se oponga a ese traslado.

Una vez recopilada toda la información, se elevará la propuesta de traslado a la Delegación del Gobierno, que emitirá una resolución que tendrá que ser notificada al menor, a la comunidad de origen, a la de destino, al ministerio y a la Fiscalía, en los próximos diez días. Será esta resolución la que, automáticamente, traspase la tutela y custodia del menor por parte de la comunidad de destino, que tendrá un mes para recurrirla.

En el caso de que la región de destino se niegue a hacerse cargo de los menores asignados, los profesionales que hayan acompañado a esos niños y adolescentes durante el traslado podrán "recabar la ayuda" de las Fuerzas de Seguridad, que informarán sobre ello al Ministerio Fiscal y entregarán al menor a la entidad de destino. El plazo máximo para la realización de los traslados será de quince días naturales desde la inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y, una vez efectuado, deberá notificarse al Ministerio de Juventud e Infancia para que haga un seguimiento.

En todo momento, la comunidad en emergencia será la responsable del traslado de esos menores de edad, y para ello el Gobierno aprobó un fondo de 100 millones de euros. También quienes hayan pedido el apoyo del resto de territorios serán quien deban notificar a la comunidad de destino, en un plazo de 48 horas, de la fecha y la hora en la que se producirá el traslado, el medio de transporte en el que se levará a cabo, su acompañamiento y las características de esa reubicación, que además deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días desde la notificación de la resolución de traslado.