La España del combate tribal

Conocido el fallo sobre el caso de revelación de datos confidenciales cometido por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el país ha saltado por los aires con un derroche de munición política digno de una trinchera en guerra. En la España del combate tribal, cualquier decisión es inmediatamente devorada por el afán de victoria de los bandos. Una cosa es discrepar y otra dar la espalda a las reglas del juego. La moderación ha vuelto a ser la primera baja. Ahí está Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, encaramado al ruedo para sentenciar: "Diga lo que diga el Supremo, García Ortiz es inocente". Así entiende la separación de poderes uno de los principales portavoces del Gobierno. Si la resolución hubiera sido absolutoria, López se habría deshecho en elogios a la independencia judicial.

No ha ayudado que desde hace meses el terreno estuviera perfectamente abonado. Los medios afines al sanchismo venían preparando el relato sobre la incontrovertible inocencia del fiscal, pero tampoco la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su coro se han quedado atrás. El país, una vez más, obligado a elegir entre rojos y azules. Una atmósfera tan polarizada que impide cualquier análisis sosegado.

Del mismo modo que la absolución era perfectamente posible –y los votos particulares de las dos magistradas discrepantes seguro que lo argumentarán con rigor– también la condena parcial tiene una base evidente. Por eso es irresponsable afirmar –como vienen haciendo numerosos opinadores– que García Ortiz ha sido "condenado sin pruebas" y que vivimos un "golpe de Estado judicial". El Supremo no actúa por impulsos: ha valorado indicios, hechos y testimonios. En derecho penal no se necesita una pistola humeante, sino un conjunto coherente de elementos que conduzcan a una conclusión para la que no exista una explicación alternativa razonable.

Conviene recordar, además, que esta sentencia, cuando se conozca, no exculpará a González Amador de los delitos fiscales que se le atribuyen, pues ahora no se juzgaba ese asunto. Cada cual deberá responder por sus actos: el fiscal general, por revelar datos confidenciales amparándose en su cargo; la pareja de la presidenta, por intentar esquivar sus obligaciones con Hacienda.

Y, por si faltara algo, la bronca se ha incrementado con el anuncio del fallo sin la sentencia aún redactada a fin de evitar filtraciones del sentido del voto de los magistrados antes de que el texto esté finalizado. A todas luces un error porque no ha hecho más que alimentar las críticas hacia el tribunal. La verdadera sentencia, sin embargo, recae sobre nosotros: estamos instalados en una lógica tribal que erosiona la democracia. Y lo peor es que parece que aún no hemos tocado fondo.