La demanda eléctrica no se formaliza con el Gobierno: Aagesen ha ingresado cero euros en avales obligatorios desde hace año y medio

Más de un año y medio después de hacerlos obligatorios, el Ministerio para la Transición Ecológica no ha ingresado por el momento ni un solo euro en los avales, a razón de 40 euros por kilovatio demandado, que desde finales de 2023 deban pagar centros de datos, fábricas u otras instalaciones para concursar a un punto de suministro a la red de distribución y asegurar que, llegado el momento, cuentan con la electricidad -en grandes cantidades por lo general- necesaria para hacer funcionar sus negocios.

"A fecha de la elaboración de la respuesta a esta pregunta, no ha habido ingresos por ejecución en firme de garantías de acceso y conexión en instalaciones en las que es competente este Ministerio", respondió el pasado 1 de julio el departamento de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en su respuesta a una consulta de este periódico a través del Portal de Transparencia sobre los avales que han formalizado ante Transición Ecológica empresarios y promotores de todo tipo de proyectos que necesitan un acceso a la red de distribución de electricidad para tener el suministro asegurado para su actividad.

Tener una garantía de suministro eléctrico se ha convertido en un factor clave para los inversores que, atraídos por los precios más competitivos de la electricidad que ofrecen las energías renovables, miran a España para instalar centros de datos, fábricas de coches eléctricos o cualquier otra instalación industrial. En los últimos años también, los gobiernos regionales compiten por atraer hacia sus territorios proyectos industriales que se ve como generadores de empleo y de riqueza.

Algunos de ellos, como los populares de la Comunidad de Madrid o de Aragón, reprochan también al Gobierno central que no refuerce las inversiones en la red eléctrica, para permitir que esté preparada no solo para canalizar toda la electricidad de origen renovable que se produce en parques eólicos y fotovoltaicos, sino también para asegurar la demanda eléctrica. El sector también se ha sumado a esta demanda y la asociación que reúne a algunas de las grandes compañías eléctrica, Aelec, ha advertido en varias ocasiones del riesgo de "fuga de inversiones" si no se garantiza que empresas y fábricas tienen acceso a la electricidad que necesitan.

Proyectos sólidos

Y es aquí donde radica la creación de estos avales, estas garantías económicas, que deben pagar los promotores de proyectos de demanda de electricidad, que la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, introdujo en diciembre de 2023 como una obligación para quienes pidieran acceso a la red de distribución -para tener suministro eléctrico- como una manera de testar la consistencia de los proyectos, en un contexto en el que el Gobierno central ya consideraba que existe riesgo de "burbuja", de planes industriales de todo tipo que piden acceso a la red eléctrica sin garantías suficientes de que vayan a hacerse realidad y obstaculizando el suministro para otros que sí son viables. Aun sin dar una cifra concreta de cuántas inversiones llegarían a España en proyectos de alto consumo, fuentes autonómicas reconocen también que algunos inversores han estado ofreciendo sus mismos proyectos a varias comunidades.

En este contexto, en diciembre de 2023 el Gobierno introdujo la obligación de que los promotores de fábricas, centros de datos y otras instalaciones industriales que pidieran acceso a la red para tener suministro pagaran una "garantía" equivalente a 40 euros por kilovatio solicitado o de 20 euros/kw en el caso de que fueran proyectos de almacenamiento de electricidad. Tal y como hasta ahora sucedía para los promotores de parques renovables, también se fijó un plazo de cinco años entre el momento en que se pide acceso a la red eléctrica para poder abastecerse y la firma un contrato de suministro. Pasado ese plazo, se perdería el derecho de acceso y también el aval económico. "La presentación del resguardo acreditativo (...) será requisito imprescindible para la iniciación de los procedimientos de acceso y conexión por parte del gestor de la red de transporte, o en su caso, del gestor de la red de distribución", dice la ley que se publicó en el BOE el 28 de diciembre de 2023.

Entonces, Ribera explicó la medida como un intento de ordenar el "crecimiento extraordinariamente rápido" de las peticiones de empresas o proyectos para tener acceso a la red eléctrica. Pero más de año y medio después ninguna se ha dirigido al Gobierno central, que, según la ley quien debe custodiar los avales económicos en proyectos que abarquen territorio de varias comunidades a través de la Caja General de Depósitos. Así tal lo indica el director General de Política Energética y Minas, Manuel García, que recuerda también que los avales también pueden presentarse ante órganos autonómicos cuando el proyecto se ubique en una sola comunidad.

"Las garantías que se constituyan deben presentarse ante la administración pública competente para autorizar administrativamente la correspondiente instalación. Por tanto, según el caso deben presentarse ante la Dirección General de Política Energética y Minas (para instalaciones competencia de la Administración General del Estado) o ante el órgano competente en materia de energía de la administración pública de la correspondiente Comunidad Autónoma", dice el Ministerio en su respuesta.