Bolaños libra su propia batalla: amenazas de huelga en la justicia y acusaciones de "bulos" a jueces y fiscales

Son días complicados para el Gobierno. El Ejecutivo afronta su enésimo escándalo a cuenta de las supuestas labores de fontanería de la militante Leire Díez, el caso Koldo amenaza con extender su sombra sobre Santos Cerdán y el procesamiento del fiscal general se antoja inminente. Y en medio del chaparrón, el ministro de Justicia anda ocupado librando su propia batalla. Félix Bolaños lidia con un frente particular provocado por las reformas que su ministerio está implementando en la justicia, que han causado un profundo rechazo en las carreras judicial y fiscal.

Las principales asociaciones llevan tiempo alertando de los efectos negativos que tendrán a su juicio las reformas impulsadas por Bolaños, y el Ministerio de Justicia ha acusado a estas organizaciones de propagar "bulos" sobre estas medidas. Esto no ha hecho sino agravar el clima de descontento entre las asociaciones judiciales, que este miércoles se reunieron con el ministerio. Para más inri, un movimiento no asociativo que se dice "espontáneo" y que aglutina a jueces y fiscales ha difundido un manifiesto para la convocatoria de una huelga.

En el centro de la controversia están dos reformas planteadas por el Ejecutivo. La primera es la ley para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. El Consejo de Ministros aprobó a mediados de mayo remitir el proyecto de ley al Congreso de los Diputados, donde ha comenzado su tramitación parlamentaria.

La segunda reforma se encuentra en una fase más incipiente. Se trata de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuyo anteproyecto de ley aprobó el Gobierno en primera vuelta también el 13 de mayo. El Ejecutivo plantea esta reforma estatutaria como parte de una reforma aún mayor, la de la ley de Enjuiciamiento criminal (LeCrim).

El objetivo alegado por el Gobierno es "reforzar la autonomía" de la Fiscalía para que cuando entre en vigor la reforma de la LeCrim los fiscales pasen a dirigir las investigaciones penales, que ahora están a cargo de los jueces instructores.

La primera muestra oficial del descontento que han provocado estas medidas la dieron cinco asociaciones el 23 de mayo. Tres de ellas son asociaciones judiciales —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)—. A ellas se sumaron la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Aquel viernes de mayo, estas asociaciones anunciaron la convocatoria de un paro de 10 minutos el próximo 11 de junio a las 12.00 horas a modo de protesta por las medidas del Gobierno. El comunicado que firmaron señalaba que los cambios legales serían "altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial".

A su parecer, la reforma ideada por la cartera de Bolaños para reforzar las dos carreras no responde "a una verdadera demanda social" ni contribuye "a solucionar los verdaderos problemas de la justicia". En cuanto a la reforma del Estatuto Fiscal, las asociaciones consideran que es "una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas".

Esta semana, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, se reunió con las asociaciones y, según comunicaron estas, trasladó "de forma tajante que no se contempla" la retirada de las medidas impulsadas desde el ministerio.

Justicia habla de 'bulos' y las asociaciones piden respeto

También esta semana, el Ministerio de Justicia convocó a varios medios para explicar el proyecto de ley destinado a "fortalecer" las carreras judicial y fiscal. Durante la reunión, fuentes del ministerio expusieron un decálogo de "bulos" que, a su juicio, han difundido las asociaciones de jueces y fiscales sobre esta reforma. "Sabemos que defienden un interés corporativo legítimo, pero nosotros defendemos el interés general de tener una Justicia del Siglo XXI", alegaron en Justicia.

La parte esencial de la reforma consiste en introducir cambios en el modo de acceso a las carreras. Para los jueces, en las oposiciones se sustituirá una de las dos pruebas orales por una prueba escrita basada en un caso práctico. Otro punto importante es el acceso por el cuarto turno, al que se presentan juristas que quieren ser jueces y pasan por una evaluación de méritos y un dictamen (un "concurso oposición", en palabras de Justicia).

El proyecto prevé regular ese cuarto turno para asegurar que cada vez que se convoque el turno libre, el de la oposición, también se convoque el cuarto turno para garantizar que una de cada cuatro plazas se cubra por "juristas de reconocida competencia". Otro punto de fricción es el proceso de regularización extraordinario de jueces sustitutos que pretende acometer el Gobierno. En la actualidad existen 954 jueces sustitutos en España, si bien no todos están siempre en activo. El ministerio aún no ha acotado cuántos de ellos verán su situación regularizada.

Las críticas de las asociaciones judiciales a esta reforma han sido tildadas por el ministerio de Justicia como "bulos". Esto ha provocado que las asociaciones se unan para firmar un segundo escrito en el que señalan que "recurrir a la etiqueta de los bulos es una forma burda de deslegitimar la discrepancia den democracia". "Solicitamos que se nos mantenga al margen de calificaciones o etiquetas como bulo, fango o similares", reclamaron las asociaciones en el escrito.

Una posible huelga de jueces y fiscales

Al margen de esta particular batalla entre las asociaciones y el ministerio de Félix Bolaños, se gesta una amenaza de huelga de la mano de un movimiento espontáneo llamado Unión de Fiscales y Jueces (UFJ). Según un comunicado difundido por este movimiento el jueves, 1.664 personas se han unido a la casa y esto ha llevado al la UFJ a anunciar que el 12 de junio se oficializará la constitución de un comité de huelga.

Todo empezó con un manifiesto difundido el 28 de mayo, en el que este movimiento denunció varios aspectos de las reformas planteadas por el Ejecutivo. Señalaron, por ejemplo, que "a través del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), el Gobierno controlará la preparación de la oposición, hasta ahora a cargo exclusivo de profesionales independientes".

Fuentes de Justicia lo desmienten: con la aprobación de la norma, el CEJ tan solo ofrecerá sus instalaciones a los preparadores, que a menudo tienen que desempañar su labor en sus domicilios particulares, a veces cobrando en efectivo.

Otro reproche de la UFJ es que en la oposición se eliminará una prueba oral "trabajando con ello los niveles de exigencia". Su manifiesto advierte también de la introducción de un dictamen escrito que, según alerta, "será de evaluación subjetiva". Frente a esto, el ministerio defiende que la oposición se endurecerá y adaptará a las habilidades que requiere la justicia del Siglo XXI. "Se valorará, además de la capacidad memorística, la expresión escrita y el razonamiento jurídico", mantienen.

En todo caso, el Gobierno niega que la reforma vaya a devaluar la formación de jueces y fiscales y descarta que la norma vaya a facilitar el control político de la justicia.

Pero esta unión de jueces y fiscales mantiene su llamamiento a una huelga que sirva para presionar al Ejecutivo y que este dé marcha atrás a las reformas planteadas. La huelga es, según denuncian, "la última defensa legítima" a su alcance.