Sumar presiona para que el Gobierno pueda aprobar este año la prestación universal por crianza

Nuevo año, viejos propósitos. El ala de Sumar del Gobierno rescatará este 2026 algunas de sus demandas, entre ellas la renta universal por crianza. Una medida que defienden para erradicar la pobreza infantil en España, pero que, sin embargo, todavía no han conseguido sacar adelante. Ni en esta legislatura, ni en la pasada. El Ministerio de Derechos Sociales volverá a intentarlo este año, y está estudiando distintas fórmulas para ello. La principal es incluirla en los Presupuestos Generales del Estado, aunque, por ahora, Hacienda —que es quien tiene que dar el visto bueno— no parece estar muy por la labor de incluir esta política en unas cuentas que ni siquiera se han presentado y que, vista la aritmética parlamentaria, no tienen muchos visos de prosperar.

La medida plantea conceder una ayuda económica de 200 euros al mes por hijo menor de edad, a todas las familias, sin discriminar por renta. El objetivo es reducir la elevada tasa de pobreza infantil que, con un 29,2%, mantiene a España como el país con peores datos de toda la Unión Europea (UE). Se trata de una prestación que se intentó implantar ya con el anterior Gobierno, por parte de la exministra de Derechos Sociales Ione Belarra y a la que se comprometió también su sucesor, Pablo Bustinduy, y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, nada más recibir las carteras. Es, además, uno de los puntos recogidos en el acuerdo de Gobierno firmado en octubre de 2023 por PSOE y Sumar. Pero la legislatura hace meses que superó su ecuador y no hay siquiera una propuesta definida sobre la mesa.

Fuentes del departamento de Bustinduy no dan nada por perdido. Aseguran a 20minutos que su objetivo principal, ahora, es conseguir que se incluya esta ayuda en los presupuestos, pero que, si no lo consiguen —bien porque no se alcance un acuerdo o porque finalmente se prorroguen de nuevo— tienen estudiadas otras vías para hacerlo. "La ministra de Hacienda dijo algo sensato que es primero quería estudiar todas las ayudas que hay a la maternidad y a partir de ahí ver. Evidentemente, es una propuesta de nuestra parte, no de la suya y es normal que tenga que estudiar y que pueda poner reticencias. Nuestro trabajo es convencer a los socios", subrayan.

En el ministerio de María Jesús Montero, no obstante, prefieren no pronunciarse sobre la medida, en línea con la postura de prudencia que ha mantenido la titular de Hacienda hasta ahora. A finales de año ya dijo que, en cualquier caso, lo que habría que hacer es "una refundación" de todos los complementos a la infancia (como el del IMV o la deducción por maternidad), en lugar de crear unos nuevos. "Si no, permanentemente estamos duplicando instrumentos o los estamos poniendo solapadamente unos encima de otros", opinó Montero en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en noviembre.

Distintas formas de hacerlo

En Derechos Sociales, no obstante, insisten en su propuesta y defienden que es algo que ya tienen la mayoría de países de la UE. Una de las fórmulas que están estudiando es hacer que se haga mediante ingreso directo de 200 euros al mes y no a través de una deducción en la declaración de la renta, que siempre acaba dejando fuera a muchas familias vulnerables que se pierden con tanta burocracia. Aunque sí que se plantean un pago progresivo de impuestos mediante una reforma fiscal. Es decir, que cuando las familias con más recursos incluyan esta prestación en su declaración de ingresos, la parte de impuestos que tendrán que pagar será mayor cuanto mayor sea su renta.

Además, aunque inicialmente lo que plantean es que esa ayuda sea hasta que el niño cumpla los 18 años, tampoco descartan la posibilidad de que pueda concederse, por ejemplo, de una cantidad de 100 euros para los menores de 6 años o de 200 euros a partir de los 8 o incluso que los pagos vayan aumentando progresivamente hasta la mayoría de edad. Sobre las dificultades de incluir la prestación en unos presupuestos que todavía no se han presentado y que llevan prorrogándose tres años, el ministerio de Bustinduy dice contemplar otras vías para aprobar esta ayuda. "No sería un problema", confían.

Recuerdan, en ese sentido, que se puede incluir por la vía del real decreto —como ya se ha hecho con otras medidas como el aumento del gasto militar— justificando la necesidad de paliar con las altísimas tasas de pobreza infantil. "Barajamos todos los escenarios posibles y trabajamos en ellos para conseguir el objetivo previsto", zanjan. Según apunto la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, una implantación gradual de la renta de 200 euros por hijo a cargo supondría, al año, entre 11.000 y 15.000 millones de euros a las arcas del Estado, frente a los 65.000 millones de coste que se calcula que acarrea la pobreza infantil.

La prestación universal por crianza es una demanda histórica de las entidades de infancia, que a finales de año recriminaron al Ejecutivo que no la hubiesen aprobado todavía pese a los múltiples anuncios y promesas de que lo iba a hacer. Según un informe de Unicef, una ayuda de 200 euros reduciría la pobreza relativa 7,1 puntos, mientras que la pobreza severa caería 6,1 puntos. En otras palabras: más de medio millón de niños podría salir de la pobreza en España, según los cálculos de la organización.

Incluso si esa ayuda económica fuera menor, de 100 euros, el impacto sería importante: podría reducir en 3,6 puntos porcentuales la pobreza infantil y habría unos 270.000 menores menos en situación de vulnerabilidad.