Junts tumba la ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción y propina a Díaz su segundo bofetón en dos semanas

Sumar no gana para disgustos —parlamentarios— en este inicio del nuevo curso político. Este martes, el Congreso rechazó comenzar la tramitaicón de su proposición de ley para la creación de una oficina anticorrupción, una de las propuestas estrella de los de Yolanda Díaz a raíz del estallido del caso Cerdán. Y lo hizo con el apoyo de PP y Vox, pero también de Junts, que utilizó su voto decisivo para asestar el segundo varapalo en dos semanas a la vicepresidenta Yolanda Díaz, apenas unos días después de haber derribado el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral.

Los independentistas catalanes confirmaron su voto en contra de la tramitación de la norma para crear una oficina anticorrupción unas horas antes de que se votara en el Congreso, contra su costumbre, y justificaron la decisión asegurando que la ley promovía la "recentralización" de competencias. Durante la sesión plenaria, el diputado Josep Pagès evitó posicionarse expresamente sobre la norma, pero espetó que "el Estado español no puede pretender dar lecciones" de lucha contra la corrupción cuando tiene en su seno instituciones como la Corona, el CNI o el Ministerio del Interior, todas ellas "estructuras opacas y sin control democrático".

"No se puede dar lecciones sobre integridad desde un régimen como el de 1978, que ha aprobado 227 indultos selectivos a condenados por corrupción desde 1996", espetó igualmente Pagès, que insistió en que la proposición de ley de Sumar no aborda "la corrupción de la Corona o el poder judicial". "No es de recibo la creación de un nuevo órgano que parece más una ocurrencia de última hora que el resultado de una voluntad real de encontrar soluciones al problema de la corrupción", aseguró el diputado de Junts, que recordó que Cataluña ya tiene su propia oficina antifraude y aseguró que a la comunidad no le interesa "duplicar estructuras" con una nueva estructura que pretende "controlar" a la catalana.

El voto en contra de Junts, junto a los de PP y Vox, impidió que la proposición de ley comenzara a tramitarse en el Congreso pese al apoyo a la misma de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, Coalición Canaria y BNG, es decir, el resto de la mayoría parlamentaria en la que se apoya el Gobierno. La derrota, no obstante, es especialmente dolorosa para Díaz, que la semana pasada ya mantuvo un intenso intercambio de reproches con la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, a quien la vicepresidenta acusó de defender intereses "reaccionarios" y de representar "los intereses de la patronal española" a raíz de su decisión de impedir que siguiera tramitándose la ley de reducción de jornada.

El entorno de Yolanda Díaz lleva días argumentando que su choque con los nacionalistas catalanes de derechas, lejos de debilitarla, refuerza su perfil dentro del electorado progresista. No obstante, la vicepresidenta decidió no pronunciarse este martes en relación al nuevo varapalo que ha recibido por parte de Junts, y el miércoles evitará acudir al Congreso porque pasará el día en la ciudad de Murcia para participar en la Cumbre Europea de la Economía Social con varios ministros de esa área de otros países de la UE.

PP y Vox acusan a Sumar de querer "blanquear" al PSOE

PP y Vox, las otras dos patas de la mayoría que tumbó este martes la proposición de ley, aprovecharon para cargar contra el Gobierno por los casos de corrupción que afectan, presuntamente, a varios exaltos cargos del PSOE. "Ustedes vienen a proponernos la creación de una oficina para prevenir la corrupción... ustedes, que forman parte de un Gobierno acosado por numerosos casos de corrupción, que tapan y niegan esa corrupción e intentan obstaculizar las investigaciones", ironizó la parlamentaria del PP Edurne Uriarte, que aseguró que el hecho de que Sumar haya presentado esa iniciativa "es un ejercicio de cinismo y de hipocresía".

En la misma línea, el diputado de Vox Alberto Rodríguez aseguró que el objetivo de Sumar con su iniciativa es "blanquear la corrupción" del Gobierno. "Si la creación de esta oficina prosperase, la corrupción no disminuiría en absoluto, la dedicarían [la oficina] a ocultar su propia corrupción y a señalar la también abundante corrupción del PP, también empeñado en controlar el poder judicial y las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de su interés partidista", espetó Rodríguez.