Junts facilita la tramitación de dos leyes del PP y del PSOE tras la ruptura con Sánchez

El día después de la ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez, la vista estaba puesta en dos proposiciones de ley presentadas en el Congreso por el PP y el PSOE y en saber qué harían los de Carles Puigdemont. Pues bien, los posconvergentes han optado este martes por abstenerse en ambas votaciones y sus votos, además de los de otros grupos, han permitido que las dos iniciativas hayan podido empezar su tramitación en las Cortes.

Por un lado, la Cámara Baja ha aprobado, pese a la oposición del PSOE y Sumar, la toma en consideración de una proposición de ley del PP para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el fin de que el fiscal general no designe al responsable de protección de datos personales de la institución. La reforma ha superado esta primera votación gracias al apoyo del PP, Vox y UPN, más la abstención de Junts y Coalición Canaria.

En concreto, la proposición de ley busca restablecer un sistema de elección independiente por mayoría absoluta del Consejo Fiscal, en lugar de la designación directa actualmente atribuida al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que se implantó en la reciente Ley de Eficiencia de la Justicia. El texto del Grupo Popular, defendido por la dirigente del PP Cuca Gamarra, propone que el titular de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos sea elegido entre juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio profesional y conocimientos acreditados en materia de protección de datos. Su mandato sería de cinco años no renovable y su cese solo podría producirse por incapacidad o incumplimiento grave, apreciados por mayoría absoluta del Pleno del Consejo Fiscal.

El debate parlamentario ha coincidido con el inminente juicio a Álvaro García Ortiz, que se sentará en el banquillo el próximo 3 de noviembre acusado de un delito de revelación de secretos por presuntamente filtrar un correo electrónico con información confidencial sobre un supuesto fraude fiscal cometido por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Por otra parte, la tramitación de la proposición de ley del PSOE para endurecer las sanciones a los que aparquen en las plazas reservadas para personas con discapacidad también ha salido adelante gracias a la abstención de PP, Vox y Junts. La iniciativa propone que esta conducta se considera una infracción muy grave, en vez de grave como se concibe actualmente, lo que se traduciría en elevar la sanción de 200 a 500 euros. En la actualidad, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial impone sanciones de este tipo de infracciones con 200 euros, que pueden quedarse en 10 en caso de pronto pago.

El Congreso ha dado su visto bueno a empezar a tramitar la proposición de ley a pesar de que la mayoría de grupos parlamentarios se han mostrado bastante críticos con el planteamiento del PSOE al considerarlo "insuficiente" para solucionar el problema.

En concreto, la diputada de Junts Marta Madrenas i Mir ha calificado la iniciativa como "profundamente incompleta que no resolverá las ausencias estructurales inclusivas", y ha pedido que se diseñe una política integral de accesibilidad y movilidad inclusiva que el Gobierno "está evitando".