El juicio al fiscal general del Estado será uno de los más mediáticos que se recuerdan en España y se celebrará dentro de aproximadamente dos meses, según apuntan fuentes del Tribunal Supremo. Siete magistrados de la Sala de lo Penal conformarán el tribunal que enjuicie a Álvaro García Ortiz: el flamante presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta; su antecesor, Manuel Marchena; y los magistrados Antonio del Moral, Carmen Lamela, Juan Ramón Berdugo, Susana Polo y Ana Ferrer.

Será un tribunal de sensibilidad mayoritariamente conservadora, en el que participarán los cinco magistrados que decidieron abrir una causa penal al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Las fuentes consultadas estiman que el juicio comenzará en noviembre y se prologará durante unas semanas. La intención del alto tribunal es dejarlo visto para sentencia antes de despedir el 2025.

Esa sentencia, de la que será ponente Susana Polo, marcará el futuro de García Ortiz, que mantiene su intención de permanecer en el cargo también cuando se siente en el banquillo de los acusados. El pasado viernes, durante el acto de apertura del año judicial, el fiscal general lanzó el siguiente mensaje: "Si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y por supuesto, también en la verdad".

Fuentes de su entorno confirmaron entonces que la intención de Álvaro García Ortiz es permanecer en el cargo, dado que entiende que este es el camino para defender la Fiscalía General del Estado. A su modo de ver, resistir es la forma de demostrar que el jefe de la Fiscalía no está sometido a ningún poder. Pero todo dependerá de la sentencia que dicte la Sala de lo Penal.

Juicio en noviembre y sentencia a comienzos de 2026

Fuentes del Tribunal Supremo dibujan el siguiente calendario: el señalamiento del juicio se dará entre finales de noviembre y principios de diciembre. El juicio se alargará "aproximadamente" unas dos semanas, y quedará vista para sentencia antes de fin de año. La sentencia la redactará Susana Polo, la magistrada ponente del auto de estimación de la exposición razonada en la que el Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) planteó imputar al fiscal general. "Es una sentencia muy complicada, pero no creo que tarde más de un mes", apuntan las fuentes, y añaden que "sobre finales de enero o principios de febrero debería estar lista".

Durante las semanas que dure el juicio oral, el Tribunal Supremo tomará declaración a diversos testigos. Será la propia Sala de enjuiciamiento la que decida qué declaraciones se tomarán en el juicio, lo que previsiblemente incluirá a muchos de los testigos que declararon durante el proceso de instrucción que arrancó en octubre de 2024.

Ante el juez instructor Ángel Hurtado han comparecido los periodistas que publicaron la información presuntamente filtrada por Álvaro García Ortiz, así como los fiscales que intercambiaron mensajes entre sí para lograr que el fiscal general del Estado obtuviera los correos electrónicos vinculados a la pareja de Ayuso. La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, estuvo imputada en la causa, pero la Sala de lo Penal mandó al instructor archivar las actuaciones contra ella. Acudieron, en calidad de testigos, el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto y la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra. Han declarado igualmente los responsables de comunicación de la Fiscalía de Madrid y la Fiscalía General del Estado.

También el propio Alberto González Amador y el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Asimismo, han declarado Pilar Sánchez Acera y el exportavoz del PSOE madrileño, Juan Lobato, a quien Acera envió una imagen del correo electrónico antes de que esa imagen se filtrara por primera vez, con el objetivo de que la utilizara para atacar a Isabel Díaz Ayuso. En definitiva, la Sala Segunda del Supremo tendrá que oír a "muchos testigos" y esto hará que el juicio se alargue "un par de semanas".

La Sala Segunda del Supremo tendrá que oír a "muchos testigos" y esto hará que el juicio se alargue "un par de semanas"

Durante este tiempo, la mitad de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se encargará del juicio al fiscal general del Estado, mientras la mitad restante se dedica a dictar sentencias. Gracias a la reforma del artículo 701 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, modificado a comienzos de año, la defensa de Álvaro García Ortiz podrá solicitar a la Sala que su representado sea el último en declarar en el juicio, en vez de hacerlo el primero. Así lo recoge la actual redacción de esta norma: "Si a propuesta de su defensa el acusado solicitara declarar en último lugar, el presidente así lo acordará expresamente".

Los 'whatsapps' de García Ortiz, el punto ciego en el juicio

Si el juez Ángel Hurtado acordó procesar al fiscal general —con el respaldo de la Sala de Apelaciones— y ha dictado la apertura del juicio oral, es porque considera que ha reunido suficientes indicios que incriminan a García Ortiz, el único acusado. Así lo razonó el instructor en el auto de procesamiento y lo mismo hizo la Sala de lo Penal al responder al recurso de apelación de Álvaro García Ortiz. Hurtado volvió de nuevo a esos indicios este martes, cuando envió al banquillo al fiscal general. Sin embargo, hay un punto ciego en la causa, dado que García Ortiz eliminó los mensajes de WhatsApp y sus correos electrónicos cuando supo que lo habían imputado.

Hurtado siempre ha considerado prioritario obtener esos mensajes. Lo primero que ordenó tras asumir la causa fue el registro del despacho del fiscal general y el de la fiscal Pilar Rodríguez, por entonces imputada. El juez mandó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que volcase y analizase los mensajes de ambos. Gran parte de los indicios con los que cuenta el Supremo se hallaron en el teléfono de Pilar Rodríguez.

Sus 'whatsapps' revelaron lo que el Supremo ha convenido en tildar de "frenético intercambio de comunicaciones" entre García Ortiz y otros fiscales en la noche de la filtración. Aquel 13 de marzo de 2024, El Mundo publicó una noticia que afirmaba que la Fiscalía había ofrecido al novio de Ayuso, investigado por fraude fiscal, un pacto para eximirlo de una eventual condena. La noticia, fruto de una filtración de la Comunidad de Madrid, omitía parte de la historia: había sido el abogado de Alberto González Amador el que ofreció el acuerdo en primer lugar y reconoció la culpabilidad de su cliente.

Minutos después de publicarse aquella información, García Ortiz reclamó la cadena de correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto y el abogado del novio de Ayuso. Los obtuvo todos esa misma noche, incluido uno en el que el abogado admitía que su representado había cometido dos delitos de fraude. Ese mismo mail se filtró poco después.

Pese a no tener los mensajes que podrían delatar a García Ortiz, tanto el instructor como la Sala de lo Penal consideran que hay indicios suficientes para enjuiciarlo. En julio, la Sala apuntó que existen indicios de que la filtración fue fruto de una "actuación coordinada e impulsada" por el fiscal general. El tribunal cree que los contraindicios que juegan a favor del fiscal son "poco creíbles" y considera que "no puede pasarse por alto" que García Ortiz se deshizo de su rastro en WhatsApp y Google el día de su imputación. El tribunal da por sentado que "tuvo por finalidad ocultar la información ante una posible investigación".