El precio de la 'prioridad nacional'

Mientras España supera los diez millones de nacidos en el extranjero y afronta una regularización de medio millón, Vox ha hecho de la 'prioridad nacional' —fórmula importada del nacionalismo francés de Le Pen— su bandera electoral. Y el PP, necesitado de sus votos para gobernar en Extremadura y Aragón, ha cedido en el terreno ideológico. Lo que nació como consigna de mitin se ha convertido en cláusula de investidura: un criterio de preferencia por origen en el acceso a vivienda protegida y ayudas públicas. Núñez Feijóo lo asume como precio de la gobernabilidad. Ese precio es excesivo.

La medida se envuelve en eufemismos ("arraigo real, duradero y verificable") y se presenta como puro sentido común: quien más tiempo lleve empadronado obtiene prioridad. La idea resulta intuitiva, pero el precedente es inquietante. Estos criterios han alimentado dinámicas populistas que no se detienen en su primera formulación.

Como historiador catalán, reconozco el mecanismo: todo nacionalismo necesita un "otro". En Cataluña lo vimos cuando el discurso identitario convirtió al español -al castellanohablante- en responsable de males propios. Hoy asoma en la España constitucional un nuevo "ellos": el inmigrante reciente, señalado como causa de la escasez de vivienda o la saturación de servicios. El esquema es el mismo, aunque cambie el acento.

El problema es de fondo. Jurídicamente, la medida tensiona el principio de igualdad ante la ley y la normativa europea. Éticamente, introduce una jerarquía de ciudadanos en función de su fecha de llegada. El arraigo no se acredita solo con empadronamientos: se construye con contribución, convivencia y respeto a las normas comunes. El Estado del bienestar se sostiene sobre la solidaridad contributiva y la universalidad de derechos, no sobre una versión actualizada del jus sanguinis.

Normalizar esta prioridad en vivienda allana el camino para extenderla a sanidad, educación o empleo público. Además, desplaza el foco: convierte al inmigrante en chivo expiatorio de problemas estructurales —falta de planificación, gestión insuficiente de los flujos migratorios y un déficit de vivienda agravado por la presión de la demanda— que requieren respuestas más complejas.

El error del PP es doble. Acepta el marco de Vox y subestima que, una vez asumida la discriminación como moneda de cambio, la exigencia tiende a crecer. La respuesta debería ser otra: control efectivo de fronteras, integración exigente y defensa firme de la igualdad ante la ley, sin negar las tensiones reales en servicios saturados y barrios bajo presión. Recuperar el norte liberal no es opcional para el PP. Es urgente. De lo contrario, sus contradicciones fortalecerán a quienes promueven una sociedad fragmentada y enfrentada.