El cerco judicial se estrecha en torno a los pagos en efectivo del PSOE y los amaños de obra mientras se acerca el juicio a Ábalos

El caso Koldo avanza a dos velocidades. La investigación sobre los amaños en la compraventa de material sanitario, la que dio origen a la causa, se aproxima vertiginosamente a un juicio oral contra José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista con el que ambos hicieron negocio, Víctor de Aldama. La inminencia del juicio que se avecina en "apenas" unos meses ha llevado al Supremo a ordenar el ingreso del exministro y su exasesor a prisión, al apreciar un riesgo de fuga "extremo".

Paralelamente, el Supremo y la Audiencia Nacional dirigen investigaciones más incipientes sobre dos asuntos que amenazan con causar estragos en el PSOE y en la compañía Acciona: los amaños de obra pública liderados por Santos Cerdán y los pagos en metálico del Partido Socialista a Ábalos, García y Cerdán.

Estas son líneas de investigación más recientes que parten de un informe que entregó la UCO en el Tribunal Supremo el 5 de junio y otro que aportó el Instituto Armado el 3 de octubre. El primero desveló que la trama encabezada por Cerdán amañó, presuntamente, adjudicaciones de contratos millonarios de obra pública a Acciona y otras compañías a través de Adif y la Dirección General de Carreteras. El segundo mostró una serie de pagos en metálico "sin respaldo documental" que el PSOE realizó a Ábalos y Koldo García en concepto de compensación de gastos.

La investigación de esto último corre a cargo del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que este miércoles solicitó al PSOE que entregue en un plazo de 10 días el registro de todos los pagos en efectivo entre 2017 y 2024. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, por su parte, ha citado a declarar como imputados a tres exdirectivos de Acciona este 3 de diciembre.

Al margen de lo anterior, la Audiencia Nacional sigue investigando delitos relacionados con la trama de las mascarillas, y esta semana tomó declaración a Víctor de Aldama y Koldo García para indagar en las adjudicaciones de Canarias.

El rastro del dinero

El principal enigma del caso Koldo es la cuantía, el origen y la ubicación de las mordidas que cobraron Santos Cerdán, el exministro Ábalos y Koldo García a cambio de adjudicar presuntamente a dedo contratos millonarios para la construcción de obra pública. El pasado 30 de junio, tras enviar a Santos Cerdán a Soto del Real, el juez ya avanzó que el "botín" de la trama podría ser "superior a los cinco millones de euros".

Por el momento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que Santos Cerdán gestionó mordidas "dimanantes presuntamente de Acciona" que ascenderían a 620.000 euros. La UCO lo deduce de las conversaciones que ha intervenido del teléfono de Koldo García. Tras identificar los supuestos amaños en favor de Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Servinabar, la UCO solicitó con el aval del juez los datos de más de 500 bancarias relacionadas con estas compañías. La información aún debe ser analizada.

Por otro lado, en un informe patrimonial sobre José Luis Ábalos, la unidad policial señaló que el exministro habría realizado gastos por valor de 95.000 euros cuyo origen se desconoce, por lo que podrían ser fruto de mordidas por amaños públicos.

Este jueves el juez del Supremo Leopoldo Puente envió a prisión al exministro razonando que Ábalos "ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico", lo cual "permite inferir que pueda disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga". La información sobre Cerdán es más difusa, pese a que el magistrado Puente le atribuye una "posición funcional" clave en la trama. Su imputación llegó en junio, meses más tarde que la de José Luis Ábalos. El juez Puente aceptó a petición de la UCO requerir a distintas entidades bancarias la información sobre el patrimonio de Cerdán, pero el informe patrimonial aún está pendiente de redacción.

La vinculación con Acciona

Hay también mucha información que aclarar en cuanto a la relación de Acciona con la trama liderada por Cerdán, que la UCO destapó el 5 de junio. Un segundo informe de la Guardia Civil ayudó a esclarecer algunos asuntos este mes de noviembre. El Instituto Armado identificó a Cerdán como el "enlace" con la compañía, concretamente con su exdirector de Construcción Justo Vicente Pelegrini, con quien se reunió varias veces.

Cerdán se ve igualmente ligado a Acciona mediante la empresa Servinabar, que participa en un 45%. Servinabar, compañía del amigo de Cerdán Joseba Antxon Alonso, resultó beneficiaria de varios contratos públicos adjudicados por entidades dependientes del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. Accedió a dichas adjudicaciones de la mano de Acciona.

El 75,33% de los ingresos que obtuvo Servinabar entre 2015 y 2020 proviene de los contratos a los que accedió en UTE con Acciona. La cifra asciende a 6,7 millones de euros. Por otro lado, según ha desvelado la UCO, la empresa costeó gastos de Cerdán por valor de casi 100.000 euros. Son datos suficientes como para truncar la estrategia del exsecretario de organización del PSOE, que ha negado siempre su vinculación con Servinabar y Acciona. Pero aún quedan por realizar determinadas diligencias que concreten el papel de la multinacional en la trama.

El pasado 14 de noviembre, la Guardia Civil registró varias sedes de Acciona y se llevó documentación que aún debe analizar, un proceso que puede llevar meses. Sin embargo, esta misma semana el juez tomará declaración como investigados a tres exdirectivos de la compañía: Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel.

El papel del PSOE

Finalmente, sobrevuela como una amenaza la posible implicación del PSOE en una causa en la que están investigados dos exsecretarios de organización del partido. Las alarmas se encendieron a comienzos de octubre, cuando la UCO entregó al Supremo un informe sobre pagos del PSOE a Ábalos y Koldo García "en metálico" y "sin respaldo documental". En su análisis, la UCO cotejó las informaciones aportadas a la causa por el PSOE con determinados mensajes en los que Koldo García hablaba de recogidas de dinero. Tras recibir el informe, el magistrado Leopoldo Puente tomó declaración como testigos al exgerente del partido Mariano Moreno Pavón y a una trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez, que realizó algunas de las entregas de metálico.

El juez del Supremo dejó la investigación de estos hechos en manos de la Audiencia Nacional. Ismael Moreno, juez de este tribunal, acordó el 6 de noviembre abrir una pieza separada para investigar estos hechos. Esta semana, el magistrado reclamó al PSOE los datos sobre los pagos en efectivo realizados por la formación entre 2017 y 2024. El Partido Socialista contestó al requerimiento este viernes, preguntando si solo debía enviar los datos relativos a Ábalos, García y Cerdán, y descartando que se aporten los datos de todos los trabajadores del partido. "Tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de VOX y de Hazte Oír, nada menos", apuntó la formación en un escrito.