Moncloa aprobó ocho veces entre 2020 y 2023 la prórroga de alquileres que pide Sumar y que el PSOE ahora tacha de "inconstitucional"

El ala socialista del Gobierno lleva meses rechazando prorrogar durante tres años y al mismo precio los contratos de alquiler que venzan en 2026, como le reclama Sumar. Pero, desde hace unos días, el PSOE ha pasado de ignorar la propuesta a asegurar que no se la plantea porque le suscita "dudas jurídicas" sobre su constitucionalidad, en palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este miércoles. Lo cierto, no obstante, es que la aparición de esas supuestas dudas es muy reciente, puesto que el Ejecutivo aprobó hasta en ocho ocasiones esa misma medida, la prórroga de los contratos de alquiler, durante la pasada legislatura, tanto en tiempo de pandemia (y con el estado de alarma en vigor) como después. La última de estas prórrogas se extendió hasta junio de 2023, apenas un mes antes de las elecciones generales.

La primera vez que el Gobierno —integrado entonces por PSOE y Unidas Podemos— puso en marcha una extensión extraordinaria del periodo de vigencia de los contratos de alquiler fue en marzo de 2020, con ocasión del primer decreto de escudo social para hacer frente a la recién declarada pandemia de Covid-19. En un texto aprobado por el Consejo de Ministros el día 31 de aquel mes, el Ejecutivo aprobaba tanto esa prórroga como la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para "responder a la situación de vulnerabilidad en que incurran los arrendatarios de vivienda habitual como consecuencia de circunstancias sobrevenidas debidas a la crisis sanitaria".

El paquete de medidas que puso en marcha entonces la Moncloa establecía, en concreto, que todos aquellos inquilinos cuyo contrato de alquiler finalizara durante la vigencia del estado de alarma o hasta dos meses después de su finalización podían solicitar "una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses". Si el arrendatario pedía esta extensión del contrato a su casero, este estaba obligado a concedérsela sin modificar ni el precio ni las condiciones.

El primero de los periodos en los que el Gobierno decretó el estado de alarma para hacer frente a la pandemia finalizó el 21 de junio de 2020, con lo cual la prórroga de los contratos podía solicitarse hasta el 21 de agosto de ese año. No obstante, en julio la Moncloa aprobó un nuevo decreto de escudo social para hacer frente a la crisis sanitaria y económica que, entre muchas otras medidas, extendía este plazo hasta el 30 de septiembre, bajo las mismas condiciones: si el inquilino pedía la prórroga del contrato, el casero estaba obligado a concedérsela.

Este plazo se volvió a extender en cinco ocasiones más durante los siguientes meses. En la primera de ellas, el Gobierno decidió extender la protección a todos los contratos vencidos hasta el 30 de enero de 2021. La segunda vez, la prórroga se pudo solicitar para todos los contratos cuyo fin se produjera antes de la finalización del segundo estado de alarma decretado por la Covid, que terminó el 9 de mayo de 2021. En la tercera extensión de la medida, su vigencia se amplió hasta el 9 de agosto de ese año. La cuarta sirvió para dar cabida a todos los contratos de alquiler vencidos hasta el 31 de octubre de 2021.

Moncloa retiró la medida y la volvió a aprobar

La quinta y última de las extensiones, decretada en octubre por el Gobierno, sirvió como paraguas para todos los contratos que terminaran antes del 1 de marzo de 2022. A partir de dicha fecha, esa parte del escudo social decayó y los caseros pudieron, por primera vez en dos años, elevar los precios de sus alquileres una vez finalizaran los contratos de sus inquilinos. No obstante, los tres últimos decretos que extendían la posibilidad de prorrogar los contratos de alquiler se aprobaron una vez finalizados los dos estados de alarma, frente a lo que argumentan algunos sectores del PSOE, que sostienen que esta medida solo puede adoptarse cuando ese instrumento de excepcionalidad está vigente.

El estallido de la guerra de Ucrania tuvo lugar a finales de febrero de 2022, y pocas semanas después el Gobierno aprobó un nuevo decreto para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión rusa, que se tradujeron, entre otros efectos, en un rápido aumento de los precios de algunos productos. Inicialmente, entre las medidas aprobadas por la Moncloa (y posteriormente refrendadas por el Congreso) no se encontraba la posibilidad de que los inquilinos solicitaran a sus caseros una prórroga de sus contratos sin que estos tuvieran derecho a negarse. No obstante, a finales de año el Ejecutivo aprobó un nuevo decreto y reintrodujo esa medida para todos los contratos que finalizaran antes del 1 de julio de 2023.

Con toda esta sucesión de decretos, en la práctica la posibilidad de prorrogar al mismo precio el contrato de alquiler una vez este venciera estuvo vigente de manera continuada entre el 31 de marzo de 2020 y el 1 de marzo de 2022. Asimismo, la medida se reintrodujo el 28 de diciembre de ese año y se mantuvo en vigor hasta el 30 de junio de 2023. De todo ese periodo, que abarca más de tres años, solo durante algo más de nueve meses (entre marzo y diciembre de 2022) la iniciativa fue derogada. El último estado de alarma —y los poderes de excepcionalidad asociados al mismo— decayó el 9 de mayo de 2021.

La pugna en el Gobierno

En los últimos días, el choque interno en el seno del Gobierno en torno a la propuesta de Sumar se ha recrudecido, especialmente después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara el pasado lunes que aprobará un decreto con el objetivo de contener los precios de los alquileres cuya medida estrella es una deducción fiscal de hasta el 100% en el IRPF para los caseros que no eleven las cuotas a sus inquilinos al finalizar el contrato. La formación que lidera Yolanda Díaz, junto a todo el resto de los socios de izquierdas del Ejecutivo, ha rechazado de plano este enfoque y han exigido prorrogar durante tres años todos los contratos que venzan este año 2026.

El PSOE, que en los últimos meses había ignorado públicamente esta propuesta, se ha opuesto a ella expresamente durante esta semana argumentando que jurídicamente no se puede aplicar. Este mismo miércoles, la portavoz del Gobierno, la socialista Elma Saiz, aseguró que en este momento la Abogacía del Estado "no da la seguridad jurídica necesaria" para reactivar esa medida, y sostuvo que "es importante hacer caso" a dichos informes. Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró también este miércoles que, además de eso, las rebajas fiscales a propietarios suponen abordar de manera "más integral" el problema.