La ordinalidad de los ricos

El nuevo modelo de financiación autonómica presentado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene una virtud indiscutible: pone mucho más dinero sobre la mesa y beneficia en términos absolutos a casi todas las comunidades. Lo hace, eso sí, a costa de una Administración General del Estado que se descapitaliza. Ese aumento global de recursos, sin embargo, pretende ocultar una cesión que vuelve a colarse por la puerta de atrás: el principio de ordinalidad. Una palabra aparentemente técnica, pero que encierra una idea incompatible con una concepción solidaria de las políticas públicas.

Conviene aclararlo. La financiación autonómica no puede hacer que una comunidad "pierda posiciones" en el PIB per cápita. Eso es imposible por sus magnitudes. El PIB depende de la actividad económica, no del reparto posterior del dinero público. Pero el soberanismo catalán ha logrado instalar esa confusión para transformar una reivindicación en un agravio estructural de apariencia objetiva. Cuando se habla de ordinalidad se habla del reparto. "Si Cataluña es la tercera en aportar, debe ser también la tercera en recibir", sostiene Oriol Junqueras. Aunque suene razonable, es una pretensión regresiva que blinda las posiciones de partida. De entrada, porque no aportan los territorios, sino los ciudadanos. No paga "Cataluña" ni "Madrid" ni "Baleares". Pagan personas concretas, mediante impuestos progresivos, que tienen los mismos derechos, vivan donde vivan. Convertir la recaudación fiscal en un mérito territorial es una concesión al relato del agravio.

Pretender que quien más aporta no "pierda posiciones" equivale a aceptar la solidaridad solo mientras no incomode demasiado. Llevado a su lógica interna, el principio se desmonta solo. Si la ordinalidad es justa entre comunidades autónomas, también debería serlo dentro de cada una. Los barrios y las ciudades ricas podrían exigir recibir tanto como aportan. ¿Y por qué no los propios contribuyentes, cada uno de nosotros? En definitiva, la ordinalidad de los ricos es el fin de la redistribución.

A ello se añade que con el nuevo modelo la ordinalidad es asimétrica. Solo se aplica a Cataluña. No rige para Madrid ni para Baleares. La foto final es que, mientras País Vasco y Navarra conservan su cupo fiscal, tan opaco en su cálculo como insolidario en su resultado, Cataluña exhibirá ahora su propia singularidad. Cada nacionalismo con su excepción.

El principio de ordinalidad exigido por ERC, y entregado por el Gobierno de Pedro Sánchez, no tiene nada de progresista ni federal. El modelo podrá repartir más dinero porque el Estado pone más, pero la ordinalidad no corrige desigualdades. Y de todo ello no resulta una España mejor, sino una más cuarteada y egoísta.