El Gobierno reabre el curso político desbordado por Ceuta: ocho ministros comparecen y Sánchez regresa de vacaciones

A punto de cumplirse un mes de la entrada masiva de más de 72.000 migrantes en Ceuta desde Marruecos, la comparecencia de ocho ministros en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión de la crisis migratoria marcará el apresurado inicio del curso político tras el parón de verano. El Gobierno recuperará oficialmente la actividad el 25 de agosto, cuando está previsto el primer Consejo de Ministros tras el periodo estival, y ese mismo día comenzará en la Cámara Baja el carrusel de comparecencias de los miembros del Ejecutivo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la primera —la única que lo hará en solitario en una fecha— en comparecer el martes 25 de agosto ante la Comisión de Defensa, donde explicará la actuación de las Fuerzas Armadas y el dispositivo desplegado durante la crisis. El jueves 27 será el turno del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ante la Comisión de Seguridad Nacional, para abordar la coordinación general de la respuesta del Ejecutivo, y de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante la Comisión de Sanidad, donde dará cuenta de la situación sanitaria de Ceuta y de la presión asistencial provocada por la llegada masiva.

El viernes 28 se concentrarán tres comparecencias. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, acudirá a la comisión de su ramo para explicar la dimensión diplomática de la crisis, las relaciones con Marruecos y la gestión de los retornos. También comparecerá el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la Comisión de Interior, para informar sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la protección de la frontera, los refuerzos desplegados y la gestión posterior de los migrantes que permanecen en Ceuta. Ese mismo día, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicará ante la comisión correspondiente la respuesta asistencial y de acogida habilitada para quienes continúan en la ciudad.

La ronda se cerrará el lunes 31 de agosto con las comparecencias de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Rego dará cuenta de las medidas destinadas a atender y proteger a los menores no acompañados, incluido el traslado a la Península de unas 500 niñas migrantes. Redondo, por su parte, informará ante la Comisión de Igualdad sobre la actuación de su departamento ante la crisis y el aumento de las denuncias por agresiones sexuales en la ciudad autónoma.

El Gobierno pretende presentar las declaraciones en el Congreso como una muestra de transparencia y mando al frente de la crisis migratoria frente a las críticas de la oposición, que le reprochan falta de acción y celeridad ante la convulsa situación de la ciudad autónoma tres semanas después del cruce masivo. "Ocho ministros entre el 25 y el 31 de agosto dando explicaciones sobre su gestión. El Gobierno, con números. El PP en el Senado, con numeritos", aseguró el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y diputado socialista Rafael Simancas en varios mensajes publicados en X.

Sánchez, ausente tres semanas

Sin embargo, la batería de comparecencias en el Congreso contrasta con la ausencia de Pedro Sánchez: el presidente del Gobierno visitó Ceuta el pasado 31 de julio, un día después del cruce masivo a través del espigón del Tarajal. Allí realizó su única intervención pública sobre la crisis migratoria hasta la fecha.

Desde entonces, el jefe del Ejecutivo ha permanecido de vacaciones en la residencia de La Mareta, en Lanzarote, donde ha mantenido dos reuniones telemáticas de coordinación sobre Ceuta con miembros de su Ejecutivo, los días 7 y 17 de agosto. Tres semanas después del inicio de la crisis y a las puertas de que sus ministros rindan cuentas en el Parlamento, ninguna comparecencia ni mensaje público de Sánchez desde entonces. Su regreso de vacaciones se ha producido este domingo 23 de agosto.

La ausencia del presidente ha sido especialmente criticada por el PP y por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que reclama desde hace semanas un mayor protagonismo del Gobierno central y un mando único para coordinar la respuesta. Los populares consideran insuficientes las comparecencias de los ministros mientras Sánchez no dé explicaciones en el Congreso. El PP reclama que el presidente dé la cara para explicar personalmente qué ocurrió durante la entrada masiva, qué decisiones adoptó el Gobierno y cuál es la estrategia para recuperar el control de la situación en Ceuta.

También desde el PSOE ceutí se ha cuestionado que la actuación del Ejecutivo haya sido suficientemente rápida y contundente. Mientras tanto, la crisis continúa abierta en la ciudad autónoma sin que hayan trascendido nuevos anuncios de gran calado casi un mes después.

El PP eleva el tono contra el Gobierno

El miércoles 26 de agosto, la Diputación Permanente del Congreso se reunirá para abordar las solicitudes de comparecencia planteadas por la oposición. Entre ellas figura la petición para que sea el propio Sánchez quien dé explicaciones en el Pleno de la Cámara Baja. Sin embargo, la ofensiva del PP cobrará mayor fuerza en el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta. Los populares preparan, para el primer pleno de la Cámara Alta en septiembre, la reprobación de cinco ministros —Marlaska, Albares, Robles, Mónica García y Ana Redondo— por "no estar a la altura de las circunstancias" su gestión de la crisis en Ceuta.

El partido de Alberto Núñez Feijóo, además, ha recurrido ante el Tribunal Supremo el 'plantón' de Marlaska, Robles y Albares —que rechazaron comparecer en la Cámara Alta para dar explicaciones por la crisis migratoria y remitieron sus explicaciones al Congreso—, al considerar que el Gobierno no puede decidir ante qué Cámara rinde cuentas ni cuándo acepta o no someterse al control de una u otra Cámara parlamentaria.

La crisis de Ceuta ha situado la inmigración en el centro del discurso político del PP. Feijóo ha visitado la ciudad en dos ocasiones y ha endurecido progresivamente sus críticas al Ejecutivo: si en los primeros días habló de una "ocupación", en su segunda visita calificó lo sucedido como una "invasión ilegal" y reclamó la devolución de todos los migrantes que permanecen en la ciudad. El líder del PP también exige un mando único para gestionar la emergencia, un refuerzo permanente de la frontera y más medios humanos y tecnológicos, además de reformas legislativas para agilizar los procedimientos de devolución.

Feijóo ha planteado asimismo un plan de reactivación económica de 650 millones de euros para Ceuta y Melilla durante seis años y una mayor presencia de ambas ciudades en las instituciones europeas.

Ceuta continúa sumida en la crisis migratoria

Mientras el debate político se traslada a Madrid, la situación en Ceuta continúa siendo complicada. El Gobierno, además, ha ofrecido cifras contradictorias sobre el alcance de la entrada masiva: Marlaska habló inicialmente de 72.000 personas, mientras que Ángel Víctor Torres elevó posteriormente la cifra a 80.000. También existen discrepancias sobre cuántos migrantes permanecen actualmente en la ciudad. Interior sitúa la cifra en unos 5.000, mientras Vivas calcula que podrían ser entre 8.000 y 10.000, aunque admite que no existe un mecanismo que permita contabilizarlos con exactitud.

La presión sigue siendo especialmente visible en la playa de El Trampolín, donde se han instalado asentamientos improvisados. Más de un millar de migrantes han sido desalojados en varias ocasiones para permitir las labores de limpieza, aunque algunos han regresado posteriormente. Ante esta situación, el Gobierno y la Ciudad Autónoma han comenzado a habilitar recursos temporales con capacidad para unas 1.500 personas, mientras preparan nuevos espacios de acogida.

Otra de las incógnitas se centra en el destino de los migrantes que continúan en Ceuta, una decisión que también está en el ojo del huracán político. El Gobierno ha defendido que quienes entraron irregularmente deberán regresar a Marruecos conforme a los procedimientos legales, mientras el PP reclama acelerar los retornos y que estos afecten a todos los migrantes que participaron en el asalto, incluidos los menores. Bruselas también ha presionado al Ejecutivo al señalar que la expectativa de la UE es que los migrantes que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados, aunque en el caso de los menores recuerda que deben cumplirse las garantías comunitarias y atenderse siempre a su interés superior.

La cuestión de los menores es especialmente compleja: Interior ha identificado ya 2.168 menores desde el inicio de la entrada masiva y el Gobierno prepara el traslado a la Península de unas 500 niñas, una medida que choca con la estrategia del PP, que reclama también su devolución a Marruecos cuando la legislación lo permita. El destino de estas personas y los plazos para ejecutar los retornos se sitúan así entre las principales incógnitas que el Ejecutivo deberá abordar durante el nuevo curso político.

Además, la situación de los servicios públicos en la ciudad autónoma centra también gran parte del debate. Los sanitarios han denunciado el riesgo de un "colapso sin precedentes" ante la extraordinaria presión asistencial extraordinaria, mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado hablar de "colapso", aunque ha reconocido que algunas áreas están especialmente tensionadas y ha admitido un riesgo moderado de epidemia por las precarias condiciones de salubridad de los asentamientos.

El Colegio de Médicos de Ceuta ha discrepado de este diagnóstico y ha advertido de un "riesgo real de epidemia", mientras los enfermeros han llevado ante la Inspección de Trabajo sus denuncias por las condiciones laborales derivadas de la emergencia. También los jueces han reclamado refuerzos ante el aumento de la carga de trabajo, especialmente en asuntos relacionados con violencia sobre la mujer y delitos sexuales, mientras sindicatos policiales y vecinos alertan de la falta de medios y de la tensión en las calles.

El paréntesis estival termina con el retorno de la actividad política tras un verano marcado por la crisis de Ceuta, que sirve de prólogo a un otoño especialmente complicado para el Ejecutivo por el calendario político y judicial que se desarrollará en los próximos meses.