El Gobierno obligará a las comunidades a que destinen al menos el 40% de los fondos del Plan Estatal a ampliar la oferta de vivienda

El Gobierno quiere dejar de ser la "caja pagadora" de las políticas impulsadas junto a las comunidades autónomas en materia de vivienda y pasar a tener una actitud "proactiva" en su diseño. Es por ello que el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que es la hoja de ruta sobre la que se vertebran esas iniciativas conjuntas, incluye como novedad una serie de requisitos para condicionar el acceso de los Gobiernos regionales a los fondos estatales. Entre esas cláusulas figura el blindaje permanente a las viviendas protegidas que se construyan con estos recursos, con el objetivo de que no puedan descalificarse y acabar en el mercado privado. Para impedir que ninguna comunidad pueda saltarse esta exigencia, el Gobierno obligará a que cada una de ellas destine al menos el 40% de los fondos que le correspondan a ampliar el parque público de vivienda.

El Plan Estatal aprobado este martes pretende poner a disposición de las comunidades unos 7.000 millones de euros hasta 2030. De este presupuesto total, el Ministerio de Vivienda lleva tiempo apuntado a que un 40% se dedicaría a incrementar la oferta de vivienda, un 30% a apoyar la rehabilitación de los edificios y existentes y el 30% restante a ayudas directas para los colectivos más afectados por la crisis habitacional, como, por ejemplo, los jóvenes. Según explican fuentes ministeriales, esa división global de los fondos se convertirá en una exigencia en el caso del primero de los ejes, obligando a que al menos el 40% de los fondos se destinen a ampliar el parque, ya sea mediante construcción o adquisición de vivienda ya existente. Las otras dos patas sí serán ajustables en caso de que se quiera orientar una proporción de fondos mayor a la primera.

De este modo, ninguna comunidad podrá centrar los fondos obtenidos a través del Plan Estatal únicamente en ayudas a la rehabilitación o a los jóvenes para tratar de esquivar el nuevo requisito introducido por el gobierno para blindar el parque público de vivienda: que la protección de las VPO sea permanente, de manera que solo se puedan transmitir en las mismas condiciones en las que se accedió a ellas en un primer momento y a personas que cumplan con el mismo perfil. Además, el Gobierno controlará los criterios de adjudicación de estos pisos, para evitar fraudes como el investigado en Alicante.

Desde el Ministerio de Vivienda niegan tener una estimación de cuántos pisos podrán ponerse en marcha al amparo del nuevo Plan Estatal, dado que apuntan a que todo dependerá de cómo configuren los fondos las comunidades. Y es que los encargados de gestionar estos recursos serán los Gobierno autonómicos. Cada comunidad tendrá que firmar un convenio con el ministerio para fijar unos objetivos y elegir a que líneas de actuación destinar los fondos que le correspondan dentro del catálogo de ayudas diseñado por el Ejecutivo central, pero siempre cumpliendo con que al menos el 40% vayan destinados a aumentar la oferta de vivienda asequible.

En este eje, el plan prevé ayudas de hasta 85.000 euros por piso para la construcción de viviendas públicas o viviendas de alquiler asequible en colaboración público-privada —se fija un tope de precio de unos 900 euros mensuales para una vivienda de 85 metros cuadrados con garaje y trastero—. Esta subvención se puede ampliar en hasta 8.500 euros adicionales si el inmueble se ubica en un lugar declarado como zona tensionada. De este modo, desde el Ministerio de Vivienda apuntan a que no se premia a las comunidades que hayan dado este paso con fondos extra, pero sí se les permite poner en marcha ayudas más cuantiosas.

Las subvenciones a la construcción no son la única vía prevista para aumentar el parque público de vivienda. El Plan Estatal también busca incrementar los inmuebles en manos de las comunidades mediante la compra de pisos a particulares. En este caso, la administración central financia hasta el 70% del coste —hasta el 85% en zonas tensionadas—, siempre y cuando el piso se destine a alquiler asequible con rentas máximas de 800 euros mensuales.

En todo caso, para poder acceder a los fondos del Plan Estatal otro de los requisitos es que las comunidades eleven también su participación y aporten el 40% de los 7.000 millones que se quieren movilizar —para agilizar, el Estado les adelanta la parte que les correspondería en el primer año, pero las comunidades tendrán que devolverla en los próximos cuatro ejercicios—. Esta exigencia ha sido criticada por las autonomías dirigidas por el PP. Sin embargo, desde el ministerio creen que es un esfuerzo "asumible" y coherente con que son quienes tienen las competencias en materia de vivienda, por lo que confían en que ningún gobierno autonómico renuncie a los fondos del Plan Estatal por intereses políticos.

Serán las propias comunidades quienes tengan que aprobar el reparto territorial de esos 7.000 millones de euros en una Conferencia Sectorial que desde el Ministerio de Vivienda calculan que será después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. El 28 de abril habrá una primera reunión técnica entre representantes estatales y autonómicos, pero será solo para fijar el orden del día de esa segunda cita en la que se aprobarán las cuantías concretas por comunidades. Ese acuerdo tendrá que pasar después por el Consejo de Ministros y ser otra vez ratificado en una nueva Conferencia Sectorial. A partir de ahí llegará el momento de elaborar los convenios bilaterales, que el Gobierno espera que vayan estando listos para empezar a implementar el Plan Estatal a partir de julio.

Pese a la confrontación en público, desde el departamento de Isabel Rodríguez esperan que las comunidades del PP no se opongan a la aprobación del reparto de fondos y que después cumplan con las exigencias incluidas por parte del Gobierno central. De no ser así, recuerdan que el Plan Estatal incluye una cláusula que permite "suspender total o parcialmente las transferencias de fondos" en caso de incumplimiento, aunque esperan poder solucionar cualquier fricción con "diálogo".