El Congreso bloquea casi medio centenar de leyes del Senado, la mayoría del PP, y algunas acumulan más de 80 prórrogas

Cerca de medio centenar de proposiciones de ley que han recibido el visto bueno del Senado para ser tramitadas están bloqueadas en el Congreso de los Diputados, con prórrogas a los plazos de enmiendas infinitas. Algunas de ellas, las iniciativas más antiguas en tramitación, como la modificación de la ley del IVA, o la ley contra la okupación, acumulan hasta 84 moratorias del plazo de presentación de enmiendas. PSOE y Sumar se valen de su mayoría en la Mesa del Congreso para congelar indefinidamente las tramitaciones de proyectos mientras el PP denuncia el "bloqueo sistemático". También están pendientes de recibir luz verde de la Mesa proyectos de ley y propuestas de grupos y comunidades autónomas.

El boicot legislativo se ejerce, mayoritariamente, sobre propuestas del Partido Popular, aunque también existen iniciativas de los socios del Gobierno como Junts o ERC, fruto del compromiso arrancado para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, una de las proposiciones es para rebajar la presión fiscal a pymes y autónomos, presentada por el Grupo Plural (Junts, Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independiente y BNG), cuya medida central es liberar el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas a la mayoría de pequeñas y medianas empresas y trabajadores por cuenta propia, situando el límite de facturación en dos millones de euros. El texto se enmarca en las negociaciones de Junts con el Gobierno pero ya suma 24 aplazamientos.

Del total de 42 proposiciones de ley cuya toma en consideración ha sido aprobada en la Cámara Alta y continúa atascada en la última etapa de tramitación parlamentaria, 36 son propuestas legislativas del PP. Varias de ellas además son banderas políticas de los populares que se materializarán si llegan a la Moncloa, según aseguran fuentes del partido, "al menos los principios" aunque haya que modificar el contenido del texto. Son, por ejemplo, las que permitirían desalojar a un okupa en 24 horas —lleva dos años aparcada—, la jubilación anticipada sin penalización de miembros de las Fuerzas Armadas, policías nacionales, guardias civiles y Servicios de Vigilancia Aduanera; el endurecimiento del Código Penal para aumentar las penas contra el narcotráfico; o su ley del suelo.

Otras iniciativas son una forma de reaccionar y fiscalizar decisiones del Ejecutivo o de sus socios que han causado controversia. Por ejemplo, la que trata de reformar la ley de defensa nacional para incrementar el control parlamentario sobre envíos de contingentes militares al extranjero o la que modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la independencia de la institución e impedir que cargos políticos nombrados por el Gobierno asuman la Fiscalía General del Estado inmediatamente después, como ocurrió con el polémico nombramiento de Dolores Delgado. También, en el marco de los pactos del Gobierno con EH Bildu y Junts, los populares buscan modificar el régimen electoral general para prohibir que personas procesadas o condenadas por delitos graves como terrorismo o rebelión puedan ser candidatos a unas elecciones, así como endurecer los requisitos para la clasificación y progresión de grado penitenciario para condenados por terrorismo.

Prórroga tras prórroga para evitar el debate, según el PP

En materia fiscal, uno de los estandartes de los populares, sigue pendiente la tramitación para tratar de reducir al 10% el IVA de las peluquerías, así como bajar al 4% el de carnes, pescados y conservas o al 0% en alimentos básicos, recuperar la bonificación automática del 50% para empresas y trabajadores de Ceuta y Melilla o aliviar la carga tributaria de agricultores y ganaderos mediante la reforma de la fiscalidad del sector primario, un perfil de electores que con el escenario político actual aglutina miles de votos decisivos. De hecho, una de las intenciones del PP es que los diferentes partidos políticos se posicionen públicamente sobre las diferentes cuestiones, pero acusa a la Mesa del Congreso de hurtar el debate. "Ponen prórroga tras prórroga para evitar que se pueda discutir", insisten desde Génova, donde consideran que en el Gobierno tienen "miedo" a que ciertos textos salgan adelante, pues algunos se aprobaron en el Senado por unanimidad.

La alternativa que tienen es registrar directamente la iniciativa en el Congreso de los Diputados, para al menos forzar el debate en el hemiciclo, y eso han hecho, por ejemplo, con su ley del suelo o la de antiokupación. Mientras tanto, el PP trata de luchar contra esta paralización de las tramitaciones de las leyes: "Hemos presentado escritos contra la Mesa pero no han accedido al desbloqueo, por eso hemos dado un paso más", explican las mismas fuentes del partido. Ese paso ha sido presentar un conflicto de atribuciones entre ambas cámaras ante el Tribunal Constitucional por el "bloqueo sistemático de manera injustificada" de las iniciativas procedentes del bastión legislativo del PP, donde ostenta mayoría absoluta. Confían en que la resolución del conflicto obligue a la Mesa del Congreso a reactivar la tramitación de las iniciativas presentadas por los populares.