Regularizar para dejar de fingir

La regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez merece una valoración positiva. No porque sea una medida excepcional, sino porque reconoce una realidad que España lleva años administrando de forma incoherente: cientos de miles de personas viven y trabajan en la irregularidad administrativa mientras son imprescindibles para sectores clave de la economía.

Agricultura, hostelería, cuidados, construcción y servicios no funcionarían sin mano de obra extranjera. Mantener a una parte sustancial de esos trabajadores en la economía sumergida es el resultado de una política migratoria que no sirve. Si durante años decenas de miles de personas han entrado en España aparentemente como turistas para luego acabar trabajando y residiendo sin papeles, aunque disfrutando de sanidad y servicios sociales gratuitos, la conclusión es evidente: las leyes de extranjería no se aplican. Cuando una ley se incumple de forma sistemática, se convierte en una ficción normativa. La regularización periódica no corrige ese fallo; simplemente lo hace visible.

No es razonable sostener una situación en la que el Estado tolera la irregularidad mientras proclama el control. Esta incoherencia genera perjuicios múltiples: fomenta la precariedad y la competencia desleal en lo económico; dificulta la integración en lo social, y erosiona la credibilidad de las instituciones.

La inmigración no puede abordarse como un problema. Es un hecho inevitable en las sociedades envejecidas y abiertas: aporta crecimiento, rejuvenece la población activa y amplía la base fiscal. Negar estos beneficios es tan improductivo como ignorar que, en determinados contextos, puede generar miedos y tensiones reales.

Esas tensiones existen y conviene reconocerlas sin alarmismo ni negación: se producen en barrios concretos, en servicios públicos bajo presión, o entre grupos que compiten por empleos poco cualificados, vivienda asequible o determinadas ayudas. Negar esos conflictos no los resuelve, los desplaza hacia discursos situados en los extremos, buenistas o xenófobos.

La regularización que ahora se propone no debería ser un gesto aislado, sino el punto de partida para una política coherente. Si la economía necesita inmigración, deben existir vías legales, ágiles y realistas de entrada y residencia. Si hay normas, deben cumplirse de forma efectiva. Y si no funcionan, deben reformarse. Lo contrario es perpetuar un desorden que perjudica tanto a los inmigrantes como al conjunto de la sociedad. Regularizar no es premiar la irregularidad, sino reconocer un fracaso previo. La alternativa, seguir tolerando de facto lo que se corrige de manera excepcional, no es ni progresista ni eficaz.