Moncloa no logra armar una mayoría y reconoce que el decreto del 'escudo social' está en peligro: "A día de hoy, no sale"

El Gobierno afronta a contrarreloj y con más dudas que certezas un nuevo intento de aprobar algunas medidas del decreto del 'escudo social', entre ellas, la prohibición de desahuciar a familias vulnerables. Moncloa accedió a dividir el decreto en dos para garantizar la convalidación de la subida de las pensiones e incluso recortó la protección contra los desahucios, pero las negociaciones con Junts no avanzan y desde el Ejecutivo reconocen que la moratoria antidesahucios está en riesgo. Tanto es así que fuentes de Moncloa admiten que "a día de hoy, no sale".

Esto representa un desafío importante para los socialistas, que siguen intentando equilibrar presiones a derecha e izquierda para impulsar su agenda legislativa y recomponer, al menos de manera puntual, la mayoría de investidura. Les quedan apenas 9 días para asegurar el apoyo o la abstención de Junts a esta medida, pero, según fuentes del Ejecutivo, no hay avances ni propuestas concretas para lograrlo. De hecho, alguna voz en el Gobierno cree que los de Carles Puigdemont no cederán fácilmente al entender que su posición no estaría tanto motivada por el contenido del decreto como por la estrategia de su discurso político.

Todo ello, pese a que Moncloa acabó cediendo a las demandas del PNV y a la presión de Junts, recortando la protección frente a los desahucios. Esto se traduce en que el decreto que deberá convalidarse el próximo martes, 27 de febrero, permite que los propietarios de una o dos viviendas puedan desahuciar a inquilinos que no puedan pagar, incluso si acreditan su situación de vulnerabilidad económica o social. Un recorte que Podemos llegó a calificar como un pacto "criminal" y expresó su "asco absoluto" por excluir a estos propietarios de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables. No obstante, días más tarde los morados confirmaron su voto a favor a pesar de no estar conformes con la "chapuza".

En Moncloa admiten que mantener el equilibrio en este momento es muy complicado, aunque recuerdan que el texto, además de la moratoria antidesahucios, también recoge otras medidas como el bono social energético, que ofrece descuentos en la factura de la luz a consumidores vulnerables; la prohibición de cortar el suministro de agua y electricidad; ayudas directas a los afectados por la DANA; y la exención de tributar el IRPF por las indemnizaciones por daños personales en incendios forestales. Además, también contempla la actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales.

A día de hoy, Junts no está dispuesto a negociar la medida, por lo que hay fuentes en el Ejecutivo que apuntan a que, en este momento, solo pueden confiar en que exista voluntad para sacar el decreto adelante. Cabe recordar que la situación en el Congreso ha cambiado desde la última votación del escudo social: un día después de que PP, Junts y Vox tumbaran el decreto ómnibus, el exministro de Transportes José Luis Ábalos renunció a su escaño. Al correr la lista, el PSOE recuperó un voto a favor, lo que a su vez resta a Junts la capacidad de bloquear iniciativas que requieran mayoría simple con solo abstenerse. En otras palabras, para tumbar este decreto, Junts tendría que endurecer su posición y votar en contra.