"La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad", escribió Francis Bacon hace más de cuatro siglos. Y hoy esa frase suena más actual que nunca. Vivimos un tiempo en el que la verdad parece haber perdido su lugar. Las fake news circulan sin freno, los bulos dominan el debate público y demasiadas veces la mentira se impone al hecho comprobable. La política, la economía y las redes sociales son escenarios donde el ruido sustituye a la razón y la manipulación se normaliza.

Por eso, reivindicar el derecho a la verdad es una exigencia democrática de nuestro tiempo. Pero ese derecho no se limita al ámbito político o mediático: también debe aplicarse a las relaciones laborales. Las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a saber cuánto tiempo de su vida entregan a su empresa, cuántas horas reales dedican a su trabajo y que todo ese tiempo se les retribuya y se cotice conforme a la ley.

El proyecto de Real Decreto de Registro de Jornada Laboral, que el Gobierno ha puesto en tramitación urgente y que parte del acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales, apunta precisamente a restaurar el derecho a la verdad en el mundo del trabajo. Un registro horario honesto, fiable, no manipulable e interoperable no es solo una cuestión técnica o burocrática: es una garantía de transparencia, confianza y limpieza en las relaciones laborales. Y, además, es una exigencia europea.

El TJUE ya se ha pronunciado sobre España, en mayo de 2019 y diciembre de 2024, dejando claro que los Estados deben implantar un registro horario objetivo y verificable. Sin él, es imposible garantizar los derechos básicos de las personas trabajadoras. No es una cuestión de voluntad política ni una ocurrencia sindical: es una obligación legal, una exigencia europea y una necesidad moral.

Los datos son elocuentes. En España se hacen más de 2,8 millones de horas extra no pagadas cada semana, y cerca de 420.000 personas no cobran ni una sola de ellas. Si esas horas se transformaran en empleo, crearían más de 180.000 puestos de trabajo. El fraude no es solo económico —más de 3.200 millones de euros al año en salarios, IRPF y cotizaciones hurtadas a la clase trabajadora—, es una grave injusticia social.

Ante esta situación, UGT presentó en enero de 2024 una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, denunciando el enorme volumen de horas extra no pagadas y recordando que la normativa española vulnera los convenios de la OIT y la Carta Social Europea, que exigen remunerarlas al menos con un 25% más que las ordinarias. La resolución se espera en breve, antes incluso de la aprobación del nuevo Real Decreto de registro de jornada.

Un registro horario moderno y digital es una herramienta de justicia y de eficiencia. Garantiza que el tiempo de vida dedicado al trabajo sea reconocido y retribuido, y que las empresas compitan en condiciones de igualdad y legalidad, sin basar su ventaja en el incumplimiento. Las empresas honestas deberían celebrarlo: el registro no castiga a quien cumple, sino que protege frente a la competencia desleal de quienes incumplen.

En una época de inteligencia artificial, digitalización y big data, no resulta creíble alegar dificultades técnicas. Si un tractor puede arar sin salirse del surco gracias al satélite, si la cobertura móvil supera el 98% del territorio nacional y si los bancos de pesca pueden localizarse en cualquier océano, no hay razón para que no exista una herramienta digital que impida el fraude en el control del tiempo de trabajo.

Y tampoco hay excusas en materia de protección de datos. Registrar la hora de entrada y salida no invade la intimidad, simplemente refleja el tiempo en que una persona está a disposición de su empleador trabajando. Transformar el viejo registro en papel -anacrónico e ineficaz- en un sistema digital no altera la información, solo la hace más fiable y accesible.

Si las horas extra no pagadas se transformaran en empleo, crearían más de 180.000 puestos de trabajo

En definitiva, el nuevo registro horario será una herramienta de verdad, de confianza y de justicia social. Su implantación no solo responde a Europa, sino al sentido común y a la ética del trabajo. Como sociedad, no podemos permitir que se siga robando tiempo y dinero a quienes sostienen la economía con su esfuerzo diario.

Estamos seguros de que 'Carlitos' Alcaraz registra cada hora que entrena. No deberíamos exigir menos rigor para quienes entrenan, cada día, el músculo más importante de un país: su trabajo.