El juez sopesa imputar a dos trabajadoras del PSOE en el caso Leire Díez

El juez que investiga las supuestas cloacas del PSOE sopesa imputar próximamente a dos trabajadoras de la formación, cuyos teléfonos volcó la UCO el pasado 27 de mayo, según confirman fuentes jurídicas a 20minutos. Se trata de dos administrativas de Ferraz que, de acuerdo con las pesquisas, colaboraron en asuntos logísticos vinculados a la supuesta operación que financió el PSOE para intentar "desestabilizar" causas judiciales sensibles para el partido, el Gobierno o el entorno familiar de Pedro Sánchez.

Así lo expuso la UCO en uno de sus informes, en el que se definían como "cobertura logística" gestiones como la compra de billetes de tren o avión para que la supuesta fontanera Leire Díez se trasladara a Madrid para mantener reuniones vinculadas a la presunta trama. Las administrativas, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, aparecen en los informes de la Guardia Civil porque se ocuparon de comprar viajes por indicación de el entonces secretario de organización Santos Cerdán para miembros de la trama ajenos a la plantilla del PSOE, y esos viajes los financió el partido. Además, Leire Díez se dirigía a estas empleadas para solicitar plazas de aparcamiento en la sede de Ferraz.

La investigación judicial que dirige Santiago Pedraz descubrió estas gestiones principalmente gracias a los mensajes hallados tras el volcado de los dispositivos de Leire Díez. Los móviles y agendas de la supuesta fontanera constituyen una de las fuentes de pruebas fundamentales en la causa. Gracias a ellos, el juez reunió indicios suficientes como para imputar el 26 de mayo a Santos Cerdán y otros presuntos implicados y ordenar que se registrara al día siguiente la sede del PSOE.

Lo hizo a través de un auto en el que ordenaba a la UCO requerir al PSOE que permitiera el volcado de determinados correos electrónicos corporativos de miembros del partido, entre ellos los de estas dos empleadas. No obstante, la unidad policial decidió de motu proprio presentarse en los domicilios de ambas trabajadoras en la mañana del 27 de mayo para volcar, además del correo corporativo, el teléfono personal de cada una de ellas. El propio atestado de la UCO señala que los volcados se llevaron a cabo "por haberlo así considerado los instructores policiales".

Tal y como consta en ese escrito, la UCO explicó el 27 de mayo a Rodríguez y San Pedro de que estaban investigadas por un delito de organización criminal, y les informó de los derechos que les asistían en calidad de imputadas.

Sin embargo, el juez Santiago Pedraz aún no ha imputado formalmente a las empleadas, una decisión que está sopesando estos días, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Las empleadas denuncian una vulneración de su intimidad

Tras la jornada en la que la UCO entró a Ferraz, Rodríguez y San Pedro se personaron en la causa que dirige Pedraz y solicitaron al juez que anulara el volcado de sus teléfonos. El instructor rechazó hacerlo, de modo que este lunes su abogado presentó un escrito reclamando la nulidad a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El escrito, al que accedió 20minutos, subraya que la UCO ha vulnerado una larga lista de derechos fundamentales: a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y al derecho a conocer la acusación y la defensa.

Al abogado de las trabajadoras de Ferraz no le consta que la UCO informara del volcado al juez en las 24 horas sucesivas ni que el magistrado validase en las siguientes 72 horas "tan invasiva y carente de cobertura legal actuación policial". El escrito del letrado apunta que los hechos descritos "forman parte de una persistente y prolongada acción en el tiempo". Acusa a la UCO de acumular "información extraordinariamente sensible" de "centenares de personas", datos obtenidos "de las entrañas de sus teléfonos móviles".

De acuerdo con el recurso, la UCO usa esa información para "construir relatos incriminatorios" adornados con "preocupantes sesgos aparentemente delictivos, que trasladados a la opinión pública tienen un efecto devastador".

El abogado mantiene que la ley de Enjuiciamiento Criminal exige que la incautación de un teléfono móvil venga motivada "expresamente" por una resolución judicial. "La simple incautación del dispositivo durante el registro no legitima el acceso a su contenido, salvo autorización ulterior del juez competente", cita el abogado. Después advierte de que, pasado más de un mes desde el registro, una resolución judicial que se dictara ahora no podría "convalidar la nulidad originaria al haberse producido el acceso [a los móviles] sin autorización y sin las debidas garantías".

Por otro lado, el recurso del letrado señala que es incongruente que dentro de la causa se considere que sus representadas han cometido un delito, pues son "dos administrativas del PSOE que hacen gestiones burocráticas" como comprar billetes para terceros en agencias de viajes o avisar "a la garita de seguridad si un visitante citado por un dirigente viene en coche".