El Gobierno y las comunidades se reúnen para tratar el Plan Estatal de Vivienda entre críticas del PP por falta de diálogo

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y los consejeros de las comunidades autónomas se reúnen este jueves para abordar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un proyecto que el Gobierno sacó a audiencia pública hace dos semanas pero que ha despertado desde hace meses continuos choques con el PP. En los últimos días, las autonomías dirigidas por los de Alberto Núñez Feijóo han cerrado filas en su rechazo al que todavía es el borrador de la hoja de ruta de actuaciones conjuntas en materia de vivienda para los próximos cinco años, un documento que consideran que recoge "medidas fallidas". El planteamiento del Gobierno prevé triplicar hasta los 7.000 millones de euros la dotación del plan con el apoyo de las comunidades, algo que los populares ven como una "invasión" a las competencias autonómicas.

La cita de este jueves llega después de una primera reunión técnica celebrada hace una semana entre Gobierno y comunidades y de que el PP emitiera el lunes un comunicado mostrando su "rechazo" frontal al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, acusando al ministerio de haberlo elaborado "sin diálogo" y "despreciando" las aportaciones de las autonomías y a Sánchez de haber convertido la vivienda en una "herramienta de propaganda" y un "juguete" para un "presidente en apuros". Los de Feijóo reclaman la "desideologización" de un plan que consideran que contiene medidas de "nefastas consecuencias". Critican, en particular, la atención especial a las zonas tensionadas declaradas y la "generalización de subvenciones", bajo el argumento de que acarrearán más subidas de precios. "Quieren convertir a España en un país de inquilinos dependientes del Estado con ayudas públicas", reprochan.

El borrador propuesto por el ministerio recoge una docena de programas de ayudas encaminados a construir más vivienda asequible, rehabilitar el parque residencial, adelantar la edad de emancipación de los jóvenes, reducir la tasa de esfuerzo de las familias para el pago de la vivienda y revertir las zonas tensionadas. Entre otras medidas, incrementa hasta los 300 euros mensuales durante un máximo de cuatro años el Bono Alquiler Joven, incluye una nueva ayuda de 30.000 euros para impulsar el acceso de los menores de 35 años a viviendas de protección oficial en régimen de alquiler con opción a compra y otra de 15.000 euros para los jóvenes que compren una casa en un municipio de menos de 10.000 habitantes, además de subvenciones para promotores y ayudas al alquiler para inquilinos con bajos ingresos, víctimas de violencia de género, personas desahuciadas, sin hogar y otros colectivos vulnerables.

"Sorprende, o no, que la respuesta a un plan de 90 páginas dirigido a los Gobiernos de las comunidades autónomas sobre el principal problema de los españoles sea un comunicado de apenas dos páginas, con doce frases inconexas y con el membrete del PP", valoran sobre el documento difundido por los populares fuentes del Ministerio de Vivienda, que insisten en tener la "mano tendida" para alcanzar un acuerdo en torno al Plan Estatal y en estar abiertos a incorporar mejoras. Rodríguez negó este miércoles en una entrevista en Onda Cero que hayan hecho oídos sordos a las aportaciones de las comunidades y apeló a la responsabilidad de los dirigentes autonómicos. "Yo planteo el pacto no entre Gobierno y oposición, porque espero poco de este PP y de Feijóo, sino entre Gobiernos, que somos los responsables de estas políticas", apuntó.

Tres requisitos

Según el planteamiento del ministerio, el plan para los próximos cinco años prevé una inversión de 7.000 millones de euros —el 40% para ampliar el parque, un 30% para rehabilitación y otro 30% para ayudas—, de los cuales correspondería al Estado asumir el 60% y a las comunidades, el 40% restante. Junto a este compromiso a nivel de financiación, el Gobierno exige también como requisitos básicos a las comunidades para participar del plan que las viviendas protegidas que se construyan con estos recursos mantengan de forma permanente su protección oficial y colaboración para impulsar un sistema de datos público con el que dotar de mayor transparencia al mercado de la vivienda.

Estos tres condiciones fueron planteadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus homólogos autonómicos en la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona a principios de junio, una propuesta que no fue bien recibida por la mayoría de comunidades gobernadas por el PP, que ven una intromisión en sus competencias. Según el Ministerio de Vivienda, antes del verano se habían mostrado abiertas a aceptarlas Cataluña, Navarra, País Vasco, Asturias, Canarias, Galicia y Aragón, solo estas dos últimas en manos de los populares.

El comunicado difundido el lunes por los de Feijóo argumenta que la exigencia de que las comunidades aporten el 40% de la financiación del plan es contrario el principio de igualdad de los españoles y a la autonomía de los Gobiernos autonómicos. "La Administración central no puede ser quien decida en qué tienen que focalizar sus presupuestos y menos en cantidades tan altas", sostienen los populares, que acusan al Ejecutivo estatal de "pasar por encima de las comunidades, invadiendo sus competencias para imponer sus recetas de fracaso". "Están determinando de alguna manera cómo deben ser las políticas de vivienda, que son competencia de las comunidades autónomas, sin contar con las comunidades autónomas", criticó en esa línea este miércoles el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel García Martín, que adelantó que trasladará en el encuentro la oposición "total" de la región.

Pese a las críticas del PP, que gobierna en la mayoría de comunidades, la ministra de Vivienda dice seguir "confiando" en la posibilidad de alcanzar un acuerdo en la reunión de este jueves, en la que se abordará también la tramitación del Bono Alquiler Joven para 2025 y la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno prevé aprobar de forma definitiva el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la segunda quincena de diciembre, para que entre en vigor a principios del año que viene.