Uso político de la recaudación

La buena marcha de la economía y la voracidad impositiva del Gobierno, cuyo gran ejemplo es su negativo a no deflactar los precios en el IRPF, lleva la recaudación a niveles récord. En concreto, las estimaciones apuntan a que los ingresos superaron los 300.000 millones en el pasado 2025, lo que supone un incremento de cerca de 26.000 millones respecto a 2024. Una recaudación extra que el Ejecutivo destinará en su mayor parte, cerca de 20.000 millones, a la reforma del sistema de financiación de las autonomías de régimen común, con el objetivo de incluir en ella la llamada financiación singular catalana. El Gobierno, por tanto, elude utilizar ese dinero para bajar el déficit y la deuda justo en un ejercicio en el que el crecimiento económico será más limitado, y en el que habrá que asumir un mayor gasto en partidas como defensa y pensiones, lo que tensará las cuentas públicas. Pese a ello, el Ejecutivo utilizará ese remanente para pagar más a las autonomías en pleno año electoral y para dejar contentos a los catalanes a las puertas de una reunión bilateral de Pedro Sánchez con la cúpula de ERC. Un encuentro en el que, evidentemente, los republicanos le exigirán la implementación del llamado concierto catalán, la gran condición que hizo posible la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Queda así patente el uso político que el Ejecutivo pretende hacer del exceso recaudatorio. Con todo, incrementar el pago a las autonomías no es algo negativo en sí mismo. Sí lo es que el Gobierno lo haga por la puerta de atrás, sin pasar por el Congreso y sin el consenso de todas las regiones. Ello pese a que Sánchez y la vicepresidenta María Jesús Montero prometieron justo lo contrario.